Monte de Piedad: fraudes, arbitraje y choque con sindicato marcan la semana del conflicto

El conflicto en el Nacional Monte de Piedad sumó una semana más de tensión con tres frentes abiertos: alertas por fraude a usuarios, un intento de destrabar la huelga por la vía institucional y el endurecimiento de posturas entre la administración y el sindicato.

A casi seis meses del paro laboral que mantiene cerradas sus sucursales, la institución no solo enfrenta un litigio complejo, sino también un entorno de incertidumbre que ya impacta directamente a sus clientes. 

Alertan por fraudes en medio de la huelga

En plena paralización de operaciones, el Monte de Piedad indicó que detectó intentos de fraude dirigidos a usuarios que buscan regularizar sus empeños o recuperar sus bienes.

El modus operandi, según la institución, consiste en ofrecer supuestos descuentos, promociones o liquidaciones anticipadas a cambio de depósitos en cuentas distintas a las establecidas en los contratos. Si alguien pide transferencias fuera de los canales oficiales, “es fraude”.

También alertó sobre correos electrónicos provenientes de dominios como Gmail, Outlook o iCloud que solicitan datos personales o bancarios, los cuales, subrayó, no forman parte de su comunicación institucional.

Para evitar caer en estafas, recomendó realizar pagos únicamente a través de medios oficiales como su plataforma digital, aplicación móvil, depósitos en Citibanamex, tiendas Oxxo o transferencias vía SPEI, siempre a la cuenta indicada en el contrato.

La huelga se empantana y escala a arbitraje

En paralelo, la institución dio un paso más para intentar poner fin al conflicto laboral: solicitó el arbitraje de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

El objetivo es obtener un dictamen obligatorio que destrabe la huelga, luego de que la dirigencia sindical rechazara las propuestas presentadas en las mesas de diálogo.

El punto más álgido del conflicto gira en torno al control de las plazas vacantes. Mientras la administración propone un sistema automatizado y alineado a la ley, el sindicato busca mantener injerencia en los procesos de asignación y ascensos.

Como parte de su última oferta, el Monte de Piedad planteó un aumento salarial de 5.3%, reposición parcial de plazas, un bono por levantamiento de huelga y el mantenimiento de prestaciones sindicales. 

Sindicato acusa opacidad y deterioro laboral

Del otro lado, el sindicato endureció su discurso. Señala que el conflicto no se limita a lo salarial, sino que implica la defensa del contrato colectivo y condiciones laborales que, aseguran, se han deteriorado en los últimos años.

Entre sus reclamos destacan presuntos actos de opacidad financiera, eliminación de categorías laborales, cierre de sucursales y falta de oportunidades de crecimiento para los trabajadores.

También cuestionan la distribución de los recursos de la institución y exigen mayor transparencia en el manejo de activos, particularmente en la venta de bienes empeñados. Un conflicto sin salida inmediata

El escenario jurídico tampoco ofrece una solución clara. Aunque una resolución judicial declaró inexistente la huelga en febrero, el fallo está en revisión y será un Tribunal Colegiado (e incluso la Suprema Corte) quien defina el rumbo del conflicto.

Mientras tanto, el paro iniciado el 1 de octubre mantiene fuera de operación más de 300 sucursales en el país, afectando a millones de usuarios que recurren al empeño como una vía de liquidez inmediata. 

Usuarios, en medio de la incertidumbre

En este contexto, los clientes del Monte de Piedad quedan en una posición vulnerable, es decir, sin acceso a servicios presenciales, con procesos detenidos y ahora también expuestos a intentos de fraude.

La institución insiste en que cualquier gestión debe realizarse exclusivamente por canales oficiales y recomienda verificar siempre la información antes de realizar pagos o compartir datos personales.

El conflicto, lejos de resolverse, entra en una fase más compleja donde se mezclan litigios, presiones laborales y riesgos para los usuarios, en una de las instituciones más tradicionales del país.

Con información de: El economista.