
Para José, Fernando, Luis y Encarnación, la jubilación en Petróleos Mexicanos (Pemex) no fue una concesión gratuita, sino el cierre de trayectorias que superan los 30 años de servicio, iniciadas desde los puestos más básicos de la industria. Hoy, con edades que oscilan entre los 66 y 79 años, estos exgerentes y especialistas enfrentan una reforma constitucional que busca recortar sus percepciones bajo el estigma de las “pensiones doradas“, una medida que consideran violatoria a sus derechos adquiridos.
Mientras el gobierno federal defiende el tope salarial como un acto de justicia social que permitirá la recuperación de 5 mil millones de pesos para programas del Bienestar, estos cuatro testimonios coinciden en que sus ingresos actuales son el resultado de décadas de especialización, riesgos laborales y aportaciones que ayudaron a consolidar a Pemex.
Ante la inminente publicación del decreto que modifica el artículo 127 constitucional —tras la aprobación de la reforma por parte de 20 congresos locales— los afectados advierten que no se trata solo de un ajuste económico, sino de un precedente peligroso de retroactividad que ignora el esfuerzo de quienes, aseguran, “dejaron la camiseta en el camino”, por lo que ya evalúan la ruta legal que emprenderán en contra de la reforma.
En tanto, su percepción y la de otros miles de trabajadores de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) será recortada, pues el nuevo texto del artículo 127 establece que las jubilaciones de servidores públicos no deberán exceder de la mitad de la remuneración de la titular del Ejecutivo Federal, es decir, aproximadamente 70 mil pesos.
José entró a trabajar a Pemex en 1982. Recuerda que inició en los puestos más bajos y fue ascendiendo, hasta que llegó a ser comisionado, puesto con el que se jubiló en 2015 con un salario de alto funcionario que ahora se verá limitado por la reforma al artículo 127 constitucional.
“Trabajé todos estos años, llegué a este nivel y generé nuevas expectativas, solicité un préstamo que tengo que liquidar y mantengo a mis padres, pero ahora nos van a afectar muchísimo. Veo con tristeza que el gobierno federal y el Congreso no respetan los derechos adquiridos”, expresa el exfuncionario.
Sobre las críticas de sus altos salarios, el extrabajador refiere que Pemex, “si lo comparamos con las empresas extranjeras con las que competía, paga menos a sus trabajadores”. Además, afirma que se establecieron estos montos salariales “por la profesionalidad y el alto riesgo” que implican algunos de los puestos.
“Se están violentando los derechos adquiridos. Yo no soy privilegiado ni tengo una pensión dorada. Fue algo que me gané con mi esfuerzo, con años de trabajo, y, ahora, terminando el juego se cambian las reglas… yo iba ganando y ahora ya perdí”, reclama, pues aunque “el gobierno tiene toda la facultad de legislar sobre las pensiones, no puede hacerlo de manera retroactiva, porque autorizaron ciertas condiciones salariales y no se vale que ahorita, cuando ya somos viejos y estamos enfermos, vengan a decir que nos van a dar mucho menos”.
Fernando, de 79 años, comenzó como becario del Instituto Mexicano del Petróleo en 1968 y conforme avanzó en su profesionalización participó en la puesta en operación de más de 20 plantas de proceso de Pemex. Después de tres décadas de servicio se jubiló como gerente de un complejo procesador de gas, aunque ahora verá disminuido su ingreso porque se considera como “pensión dorada”.
“El problema en mi caso es que tengo un modo de vida alrededor de esas percepciones, una parte muy importante la dedicamos a la salud de mi esposa y la mía, porque Pemex ya carece de un servicio médico de calidad… y ahora veré la pérdida de dos terceras partes de mi ingreso. ¿Cómo le vamos a hacer?”, se pregunta.
Luis, de 67 años, dice sentirse “muy agraviado” por la aprobación del recorte a las pensiones. Entró a Pemex en 1975, cuando era menor de edad, y actualmente representa a una alianza de jubilados petroleros y exfuncionarios de CFE, de los cuales, “puedo asegurar que el 99.9% son gente que dejó la camiseta en el camino y ahora estamos preocupados ante esta inseguridad jurídica”.
Actualmente, la reforma está pendiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero en cuanto esto ocurra se implementará retroactivamente, lo que Luis ve como una “situación que inminentemente nos va a afectar, por lo que se tendrán que seguir los caminos jurídicos necesarios”.
“No dudamos que a lo largo de la historia llegó gente oportunista, pues que los investiguen, ¿no? Que los metan a la cárcel, pero no generalicen porque se están llevando a personas gracias a quienes hoy México tiene riqueza, no sólo por el petróleo, sino por todo el sector energético”, apunta el representante de los extrabajadores, quien calcula que más de 30 mil jubilados se verán afectados por la reforma.
Algunos como Encarnación, quien trabajó 37 años para la petrolera, cuenta con orgullo que le tocó trabajar como camillero, chofer de ambulancia, albañil y médico en un barco explorador de pozos petroleros en el Mar de Cortés, además de que fundó la especialidad de medicina en el trabajo en Pemex, por lo que considera lamentable el trato que les dan a los jubilados.
El hombre de 66 años reconoce que fueron escuchados por legisladores acerca de sus preocupaciones, sin que eso implicara un cambio en la consigna con la que votaron los legisladores.
En marzo pasado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó las bases de datos de jubilados y pensionados de siete dependencias, donde aparecen montos que superan el sueldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Secretaría presentó datos de Luz y Fuerza del Centro, Pemex, CFE, Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), e indicó en un comunicado que “se identificaron pensiones exorbitantes que superan el sueldo de la presidenta de la República e incluso con percepción de más de un millón de pesos mensuales”.

Respecto a esta acción por parte de las autoridades, Encarnación remarca que cuando son funcionarios tienen la obligación de hacer sus declaraciones patrimoniales, “y así lo hice hasta que me jubilé, y en esa conclusión me preguntaron si no tenía inconveniente en que mis datos fueran públicos, y yo les pedí encarecidamente que no, en virtud de que yo tenía previsto regresar a Ciudad Madero, Tamaulipas”.
“Usted seguramente recordará que así como ahora se encuentran estados como Guerrero, Michoacán y Sinaloa, hubo un momento aquí en Tamaulipas parecido, por eso pedí que me aguantaran en cuanto a exponer que yo estaba jubilado, porque uno recibe el finiquito y con tanta delincuencia me ponía en riesgo y a mi familia”, explica. Sin embargo, con los datos que se publicaron por parte de la Secretaría Anticorrupción, quedaron expuestos sus ingresos.
El jubilado califica estas acciones como “gravísimas”, por lo que afirma que continuará organizándose junto con sus compañeros para mantener las exigencias de que se respeten los montos de sus pensiones y para que se investigue la exposición de sus datos personales, pues “tienen derecho a conocerlos, pero no a divulgarlos”.
José coincide con este reclamo y agrega que el hecho de que se difundiera su información ha generado estrés entre los adultos mayores mencionados, por lo que “esto nos pone a todos en riesgo, en un país donde lejos de criticar las pensiones altas deberían informarse por qué son así, y se debería tratar de incrementar las de otros sectores. El gobierno tendría que ser el promotor de la progresividad”.
“Nosotros no somos revoltosos que están defendiendo una pensión privilegiada. No. Nosotros estamos defendiendo el derecho. Yo no establecí mi salario, y es injusto que con estas nuevas condiciones vengan a quitar el patrimonio que trabajamos”, sostiene y aclara: “no tenemos afán de golpear”.
Con información de Animal Político.