Fiscalía de Perú archiva la denuncia contra Dina Boluarte por duplicarse el sueldo como presidenta

EFE.- La Fiscalía de Perú archivó la denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) y varios de sus entonces ministros por el caso del incremento del sueldo presidencial, que el Ejecutivo decidió duplicar en julio de 2025.

El Fiscal de la Nación (fiscal general), Tomás Gálvez, informó este lunes en la emisora de radio RPP que "no había mérito" para formular la denuncia constitucional contra la exmandataria ni contra sus exministros de Estado y añadió que se ordenó "el archivo de todo lo accionado" y la "anulación de la anotación o registro informático generado" con el caso.

El 4 de julio de 2025, a través de un decreto supremo, el gobierno de Boluarte aprobó el incremento del 122% del cargo de presidente, que pasó de 15 mil soles (77 mil 873 pesos mexicanos) a 35 mil 568 (171 mil 334 pesos mexicanos).

Un hecho que además de generar críticas, provocó que el partido izquierdista Voces del Pueblo interpusiera una denuncia penal contra la expresidenta y su gabinete ministerial por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La formación política argumentó que el Ejecutivo de Boluarte infringió una ley que establece que la remuneración del presidente del país no debe exceder las 10 Unidades Remunerativas del Sector Público (URSP), es decir, 26 mil soles (129 mil 797 pesos).

Pero este lunes, Gálvez indicó que "no se ha acreditado un interés ilícito" en este hecho ni se encontraron evidencias para declarar a Bolaurte y sus exministros "como presuntos coautores" de dichos delitos, porque resulta "jurídicamente imposible subsumir los hechos" en la tipificación del referido ilícito penal.

Además, tras entrevistas a testigos y miembros del Ejecutivo, el Ministerio Público confirmó que "la aprobación de las diversas etapas para la compensación económica presidencial se ajusta estrictamente a los marcos normativos vigentes, descartando cualquier tipo de irregularidad".

También detalló que la iniciativa de aumentar el sueldo presidencial iniciada en marzo de 2024, y no en febrero de 2025, como alegaban los denunciantes, con lo cual se "desvirtúa la presunta celeridad o preferencia" de dicho procedimiento administrativo "y le resta credibilidad al hecho denunciado".

Con información de Latinus. 

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Señalan irregularidades en investigación de la muerte de agentes estadounidenses

Trascendió que tras el trágico suceso del pasado domingo en donde dos agentes estadounidenses fallecieron, pobladores de Polanco señalaron que las periciales de dicho accidente no se llevaron a cabo y qué únicamente subieron los cuerpos rápidamente por la pendiente del barranco antes que llegaran las demás autoridades. 

Esto dejó aún más cuestionamientos, pues el director y los agentes, a quien ya señalaron medios estadounidenses como personal de la CIA, viajaban en una unidad NO blindada y en una zona de alto riesgo después de un importante operativo en el que se desmanteló uno de los más grandes laboratorios de drogas sintéticas incluso a nivel nacional, afectando claramente los intereses de grupos criminales con presencia fuerte en dicha zona. 

Por si fuera poco, se señala a el director Oseguera Cervantes como un testigo protegido y se reitera que los elementos no eran capacitadores, sino que colaboraban con las autoridades chihuahuenses en operativos de Ojinaga y otras zonas, en donde incluso portaban armas de la FGE. 

La camioneta Ford F-150 estalló debido a que llevaban bidones con gasolina, por lo que los cuerpos quedaron parcialmente calcinados, además se comentó que luego de esto se comenzó a buscar exhaustivamente equipo de los norteamericanos, sin precisar de qué se trataba.


Las contradicciones y el conflicto diplomático por los agentes de EU

A través de la columna Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio, se señala que el fatal accidente carretero en donde murieron dos agentes estatales y dos de la embajada de Estados Unidos en Chihuahua, ha escalado hasta convertirse en un potencial conflicto diplomático y una crisis de seguridad nacional.

El accidente ocurrido en  la zona que conecta los municipios de Guachochi y Morelos, dejó al descubierto la operación de agentes estadounidenses en territorio mexicano sin el conocimiento del Gobierno Federal.

El Fiscal César Jáuregui sostuvo que los fallecidos eran instructores que capacitaban a las fuerzas estatales en el uso de drones y tácticas de vigilancia, sin embargo, la capacitación en tecnología de drones no recae en la DEA, sino en el Ejército o la CIA.

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