Doble vara del centro del país
Hay un proverbio popular que dice que el cinismo es la virtud de los que no tienen ninguna. Pocas frases describen mejor la reacción del gobierno federal ante los sucesos ocurridos en la sierra de Chihuahua, cuando un convoy de la Agencia Estatal de Investigación regresaba de desmantelar uno de los laboratorios de metanfetamina más grandes registrados en el país, en la sierra, cuando una de las camionetas derrapó, cayó por un barranco y explotó, matando a cuatro personas: el director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, su escolta y dos funcionarios vinculados a la Embajada de Estados Unidos.
La tragedia fue real y el duelo, legítimo. Pero la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum no fue de solidaridad con quienes combatían el narcotráfico en las montañas de Chihuahua. Fue de fiscalización. "No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de EE.UU. en México", declaró la mandataria, exigiendo información al gobierno estatal y advirtiendo sobre posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional. El gobierno federal, que durante meses miró hacia otro lado mientras Sinaloa ardía, de pronto se volvió un celoso guardián de la soberanía y el marco constitucional. El timing resulta, cuando menos, revelador.
Porque conviene recordar lo que ocurrió en julio de 2024. Sheinbaum asumió el cargo en octubre de 2024, cuando Sinaloa estaba entrando en una nueva espiral de violencia tras el secuestro del líder del cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, y su facción entró en guerra con la liderada por los hijos de Guzmán. Aquella operación, que sacudió al cártel más poderoso del país y encendió una guerra fratricida con centenares de muertos, ocurrió sin que el gobierno mexicano moviera un dedo, ni antes ni después.
La pregunta que nadie en Palacio quiere responder es incómoda pero necesaria: ¿por qué cuando Sinaloa se desangraba el gobierno federal no investigó nada, no cuestionó nada, no exigió nada, y en cambio cuando Chihuahua actúa, opera y destruye narcolaboratorios, la respuesta inmediata es una investigación sobre su legalidad? Una de las probables razones de que agentes estadounidenses estén actuando al margen del gobierno federal es la creciente exasperación con la Presidencia por su inacción en iniciar investigaciones sobre políticos presuntamente relacionados con el crimen organizado. Dicho de otra manera: la omisión federal empujó a los estados a actuar por su cuenta. Y ahora se les reprocha por haberlo hecho.
Lo que está en juego aquí es algo más profundo: la evidencia de que el combate real al crimen organizado en México avanza en los estados que se atreven a actuar, precisamente porque el gobierno federal ha normalizado la parálisis. Chihuahua enterró a su director de la AEI y a su escolta combatiendo en la sierra. El gobierno federal los investiga desde un escritorio en Palacio Nacional. Que cada quien saque sus conclusiones. Al tiempo.
Tips al momento
Ley impide al Senado citar a Maru
En redes sociales comenzó a difundirse un posicionamiento que cuestiona la facultad del Senado para citar a gobernadores o fiscales estatales en relación con operativos de seguridad encabezados por fuerzas federales.
El documento plantea que, al tratarse de acciones coordinadas con instancias como el Ejército y la Guardia Nacional, la responsabilidad recae en autoridades federales, por lo que los requerimientos de información deberían dirigirse a ese nivel de gobierno.
POSICIONAMIENTO EN CONTRA DE LA CITACIÓN DE UN GOBERNADOR O FISCAL ESTATAL POR OPERATIVOS FEDERALES COORDINADOS I. Fundamentación constitucional El artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos delimita las facultades exclusivas del Senado, entre las cuales no se encuentra la de citar o requerir comparecencia de autoridades estatales. Por su parte, el artículo 93 establece que las Cámaras del Congreso pueden convocar únicamente a Secretarios de Estado, directores de entidades paraestatales y titulares de órganos autónomos federales, para rendir informes o responder preguntas bajo protesta de decir verdad. En consecuencia, el control político del Congreso de la Unión se ejerce exclusivamente sobre autoridades federales, no sobre gobiernos estatales ni sus fiscales. II. Improcedencia de la citación en operativos coordinados Cuando los hechos que se pretenden esclarecer derivan de operativos coordinados con el Ejército y la Guardia Nacional, la conducción y responsabilidad son federales. Las fuerzas armadas y la Guardia Nacional dependen del Ejecutivo Federal, y su actuación se rige por la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los convenios de coordinación previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El narcotráfico es un delito de competencia federal, tipificado en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal, y perseguido por la Fiscalía General de la República (FGR). Por tanto, los operativos en esta materia no son de competencia estatal, aunque puedan existir apoyos o coordinación local. Por tanto, cualquier requerimiento de información debe dirigirse a: Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Fiscalía General de la República (FGR) Comandancia de la Guardia Nacional Estas instituciones sí están sujetas al control político del Senado, conforme al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Protección del pacto federal Citar a un Gobernador o a un Fiscal estatal para responder por acciones federales invade la esfera competencial de las entidades federativas y vulnera el principio de soberanía local. El pacto federal exige respeto a las competencias diferenciadas: La Federación conduce la política de seguridad nacional. Los estados colaboran, pero no dirigen ni controlan las operaciones federales. IV. Argumento institucional La citación de autoridades estatales por hechos derivados de operativos federales carece de sustento constitucional y contraviene el pacto federal. El artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Congreso para requerir información únicamente a titulares de dependencias y entidades del gobierno federal. En consecuencia, cualquier comparecencia debe recaer en los mandos federales responsables del operativo, no en autoridades locales ajenas a la cadena de mando. V. Conclusión El Senado de la República debe ejercer su función de control político dentro del marco constitucional. En materia de seguridad y narcotráfico, los operativos coordinados con el Ejército y la Guardia Nacional son de naturaleza federal; por tanto, cualquier requerimiento de información debe dirigirse a las autoridades federales competentes. Citar a un Gobernador o Fiscal estatal sería improcedente y atentaría contra el equilibrio del pacto federal.
Reaparece esposa de Duarte en centro de detención migratoria en EU
El pasado 16 de abril, se diera a conocer que el ICE liberó a Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte, pero seguiría su proceso migratorio en libertad.
Hoy la esposa del ex gobernador, César Duarte aparece en Centro de Detención en El Paso, según lo confirma U.S. Immigration and Customs Enforcement
Bertha Gómez fue detenida en la residencia ubicada en El Paso, Texas el pasado 25 de marzo de 2026.
En Chihuahua no hubo como enlazar a Maru con la llamada de Sheinbaum
Con todo y la tecnología que existe, en Chihuahua no hubo manera de cómo enlazar la llamada de la presidenta Claudia Sheinbaum con la gobernadora Maru Campos.
Esto luego que la presidenta reveló que intentó comunicarse con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, tras el fallecimiento de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia en territorio mexicano; sin embargo, no obtuvo respuesta.
Supuestamente, en la llamada que hizo Sheinbaum le dijeron que no se encontraba Maru.
Esto pone a preguntar en nivel de tecnología, ¿a caso no pudieron enlazarla?
Maru sostendrá este jueves una reunión presencial con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Aventajan panistas con tapizado de espectaculares a Morena
Los adelantados panistas al 2027 han tapizado el Estado con miles de espectaculares promocionando su imagen a costa de supuestas entrevistas o acciones propias de sus cargos, con temas del agua, seguridad, entre otros.
Mientras que a los de Morena la presidenta Claudia Sheinbaum los paró en seco con la promoción anticipada y descarada, los panistas han aprovechado estas circunstancias para darse vuelo con la contratación de espectaculares.
Los panistas adelantados niegan que esos espectaculares sean pagados por ellos mismos, o que sean con cargo al dinero de los chihuahuenses, y como excusa las adjudican a terceros.
Los espectaculares de panistas que han saturado el Estado son de Bonilla, Santiago De la Peña, César Jáuregui, Olson, Alan Falomir, Gil Loya, Valenciano, entre otros.
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El documento plantea que, al tratarse de acciones coordinadas con instancias como el Ejército y la Guardia Nacional, la responsabilidad recae en autoridades federales, por lo que los requerimientos de información deberían dirigirse a ese nivel de gobierno.
POSICIONAMIENTO EN CONTRA DE LA CITACIÓN DE UN GOBERNADOR O FISCAL ESTATAL POR OPERATIVOS FEDERALES COORDINADOS I. Fundamentación constitucional El artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos delimita las facultades exclusivas del Senado, entre las cuales no se encuentra la de citar o requerir comparecencia de autoridades estatales. Por su parte, el artículo 93 establece que las Cámaras del Congreso pueden convocar únicamente a Secretarios de Estado, directores de entidades paraestatales y titulares de órganos autónomos federales, para rendir informes o responder preguntas bajo protesta de decir verdad. En consecuencia, el control político del Congreso de la Unión se ejerce exclusivamente sobre autoridades federales, no sobre gobiernos estatales ni sus fiscales. II. Improcedencia de la citación en operativos coordinados Cuando los hechos que se pretenden esclarecer derivan de operativos coordinados con el Ejército y la Guardia Nacional, la conducción y responsabilidad son federales. Las fuerzas armadas y la Guardia Nacional dependen del Ejecutivo Federal, y su actuación se rige por la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los convenios de coordinación previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El narcotráfico es un delito de competencia federal, tipificado en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal, y perseguido por la Fiscalía General de la República (FGR). Por tanto, los operativos en esta materia no son de competencia estatal, aunque puedan existir apoyos o coordinación local. Por tanto, cualquier requerimiento de información debe dirigirse a: Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Fiscalía General de la República (FGR) Comandancia de la Guardia Nacional Estas instituciones sí están sujetas al control político del Senado, conforme al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Protección del pacto federal Citar a un Gobernador o a un Fiscal estatal para responder por acciones federales invade la esfera competencial de las entidades federativas y vulnera el principio de soberanía local. El pacto federal exige respeto a las competencias diferenciadas: La Federación conduce la política de seguridad nacional. Los estados colaboran, pero no dirigen ni controlan las operaciones federales. IV. Argumento institucional La citación de autoridades estatales por hechos derivados de operativos federales carece de sustento constitucional y contraviene el pacto federal. El artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Congreso para requerir información únicamente a titulares de dependencias y entidades del gobierno federal. En consecuencia, cualquier comparecencia debe recaer en los mandos federales responsables del operativo, no en autoridades locales ajenas a la cadena de mando. V. Conclusión El Senado de la República debe ejercer su función de control político dentro del marco constitucional. En materia de seguridad y narcotráfico, los operativos coordinados con el Ejército y la Guardia Nacional son de naturaleza federal; por tanto, cualquier requerimiento de información debe dirigirse a las autoridades federales competentes. Citar a un Gobernador o Fiscal estatal sería improcedente y atentaría contra el equilibrio del pacto federal.
Reaparece esposa de Duarte en centro de detención migratoria en EU
El pasado 16 de abril, se diera a conocer que el ICE liberó a Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte, pero seguiría su proceso migratorio en libertad.
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En Chihuahua no hubo como enlazar a Maru con la llamada de Sheinbaum
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Supuestamente, en la llamada que hizo Sheinbaum le dijeron que no se encontraba Maru.
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Maru sostendrá este jueves una reunión presencial con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
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Mientras que a los de Morena la presidenta Claudia Sheinbaum los paró en seco con la promoción anticipada y descarada, los panistas han aprovechado estas circunstancias para darse vuelo con la contratación de espectaculares.
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Los espectaculares de panistas que han saturado el Estado son de Bonilla, Santiago De la Peña, César Jáuregui, Olson, Alan Falomir, Gil Loya, Valenciano, entre otros.
