
El caso Rocha Moya coloca a la Presidenta frente a una decisión incómoda: cualquiera de sus salidas tiene costo. No se trata únicamente de si el gobernador de Sinaloa es culpable o inocente; eso deberá determinarlo una autoridad competente. El problema político es qué hará el Gobierno Federal cuando uno de los suyos aparece señalado en un expediente de esta gravedad.
La primera ruta es permitir que el procedimiento avance: que se tramite una eventual solicitud de detención provisional o extradición, que un juez revise los requisitos, que la defensa haga valer sus derechos y que la Secretaría de Relaciones Exteriores resuelva. Jurídicamente sería la salida más institucional. Pero políticamente mancha a Morena, porque implicaría aceptar que un gobernador de su movimiento puede enfrentar un proceso internacional por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La segunda ruta es protegerlo. Decir que no hay pruebas, que se viola la soberanía o que se está afectando el debido proceso. Esa salida evita el golpe inmediato, pero mancha todavía más al Gobierno Federal, porque proyecta la idea de que la justicia solo avanza cuando el acusado es adversario, no cuando pertenece al partido en el poder.
La tercera ruta es procesarlo en México. En apariencia suena institucional, pero también puede convertirse en una maniobra para ganar tiempo, controlar el caso o bloquear la cooperación internacional. Investigar en México puede ser válido, siempre que no sea una simulación para impedir que avance el procedimiento.
Ahí está la trampa para la Presidenta: si deja avanzar el caso, golpea a Morena; si lo protege, golpea al Estado; si lo procesa sin resultados reales, golpea la credibilidad de la Fiscalía.
El doble estándar es evidente. Cuando los testigos protegidos declararon contra García Luna, Morena aceptó su valor político y judicial. Pero cuando los señalamientos apuntan a un gobernador propio, ahora exige pruebas plenas, contundentes e irrefutables desde la primera etapa. La justicia no puede cambiar de estándar según el partido del acusado.
La extradición no es una condena anticipada. México no tendría que declarar culpable a Rocha Moya; solo tendría que revisar si se cumplen los requisitos del tratado. Por eso, la narrativa de Morena es tramposa: nadie pide una entrega automática. Lo que se exige es que no haya protección automática.
Además, Rocha Moya ya había dejado una frase políticamente grave. Cuando le preguntaron si se sentaría con El Mayo Zambada o con los hijos de El Chapo, no respondió con un “no” categórico. Dijo: “habría que verlo”. Esa declaración no prueba un delito, pero sí revela una concepción preocupante del poder: la idea de que gobernar puede implicar entenderse con quienes el Estado debería combatir.
La Presidenta no tiene una salida limpia. Pero sí tiene una salida institucional: dejar que el procedimiento avance. Que se tramite. Que lo revise un juez. Que la defensa se defienda. Que la SRE resuelva.
No se pide condena anticipada. Se exige que no haya protección anticipada.
La pregunta ya no es solo qué hizo Rocha Moya. La pregunta es qué hará la Presidenta con Rocha Moya.