
La organización Defensorxs entrega a FGR los nombres de funcionarios con presuntos vínculos con el crimen organizado; señalan a exfuncionarios, alcaldes y legisladores de varios partidos
Ciudad de México 08/05/26 (Más).- La organización Defensorxs presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra 55 políticos de Morena y otros partidos, a quienes señalan de presuntos vínculos con el crimen organizado y de haberse beneficiado de la llamada narcoelección en Sinaloa durante el proceso electoral de 2021.
Entre los señalados se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado de mantener presuntos nexos con grupos delictivos que operan en la entidad.
Según detalló Miguel Meza, director de Defensorxs, la organización ha documentado desde hace años presuntas relaciones entre funcionarios y organizaciones criminales, sin que las autoridades mexicanas hayan actuado.
En su pronunciamiento público, Meza señaló: “No es posible que dependamos de la presión de otro país para que estos narcopolíticos se enfrenten a la justicia. Y porque creemos que nuestro país debe enjuiciar a todos los narcopolíticos, no sólo a los que ahora tienen en el banquillo en Estados Unidos, es que venimos a denunciar a 55 narcopolíticos de Morena y de otros partidos que están relacionados con la narcoelección que se llevó a cabo en Sinaloa”.
Los denunciantes afirmaron que la presunta intervención del crimen organizado favoreció no sólo la elección a la gubernatura, sino también candidaturas municipales y diputaciones locales, calificando a Morena como un narcopartido en la entidad.
Además, incluyeron a exfuncionarios como Ricardo “Pity” Velarde y al exgobernador priista Quirino Ordaz, por presuntas acciones vinculadas a la narcoelección y operativos delictivos durante el proceso electoral de 2021.
La denuncia también incluye a 17 alcaldes, 23 diputados locales y cinco federales de Morena, quienes presuntamente se beneficiaron de la operación electoral de Los Chapitos, así como críticas al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por posibles nexos internos con el crimen organizado.

Según Defensorxs, buscan ser reconocidos como víctimas del narcoestado en Sinaloa para participar activamente en la investigación y evitar que las autoridades protejan a los señalados.
El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones contra once funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos Rubén Rocha Moya, por presunta conspiración con el Cártel de Sinaloa para importar drogas a cambio de protección política y sobornos.
El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla en Nueva York.
El expediente judicial estadounidense detalla pruebas como fotografías de narconóminas, decomisos de drogas, armas y documentos de comunicaciones telefónicas, además de evidencia aportada por una fuente confidencial de la DEA.
Entre las presuntas pruebas, se incluyen sobornos mensuales a funcionarios, incautaciones de fentanilo, heroína y cocaína, y registros de coordinación de secuestros de rivales políticos durante las elecciones de 2021.
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República, ha señalado que la acusación estadounidense carece de elementos probatorios suficientes.
La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que, si no se presentan pruebas sólidas, el proceso podría tener un trasfondo político. No obstante, la FGR anunció que iniciará su propia investigación para evaluar la viabilidad de la extradición de Rocha Moya y otros funcionarios.
Defensorxs adelantó que esta denuncia será la primera de varias que presentarán contra actores políticos vinculados con el crimen organizado, en un esfuerzo por que se reconozca y sancione la presunta relación entre autoridades y grupos delictivos en Sinaloa, así como para garantizar la transparencia en las investigaciones sobre la narcoelección de 2021.
Con información de: Massinformación.