
El exsecretario de Seguridad Pública y el exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez —detenido en Estados Unidos— y Enrique Díaz Vega, respectivamente, deben ser extraditados para responder ante la justicia mexicana en caso de que existan delitos que perseguir en el país, señaló la senadora morenista Imelda Castro Castro.
En entrevista este sábado, previo a su asamblea informativa en Guasave, la legisladora sostuvo que, independientemente de las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses, México cuenta con instituciones y leyes para investigar a sus propios funcionarios.
“Creo que si ellos tomaron esa decisión personal (de entregarse a las autoridades estadounidenses), lo que le corresponde a las autoridades mexicanas es pedir la extradición porque ellos deben de ser juzgados en México”, sostuvo.

Gerardo Merida Sánchez y Rubén Rocha Moya. Foto: Cuartoscuro
Castro Castro cuestionó que exservidores públicos mexicanos opten por entregarse a la justicia de Estados Unidos y no enfrenten primero a las autoridades nacionales.
“Independientemente que los acuse Estados Unidos, nosotros tenemos instituciones, nosotros tenemos leyes, nosotros tenemos autoridades, es lamentable que habiendo sido servidores públicos mexicanos, ¿por qué no confían en las autoridades mexicanas, en las leyes mexicanas?”, manifestó.
La senadora añadió que el hecho de que Gerardo Mérida se haya entregado y se declarara no culpable en la audiencia inicial ante la Corte Federal de Nueva York celebrada la tarde de este viernes, podría indicar que busca colaborar con las autoridades estadounidenses para obtener beneficios procesales.
“En los dos casos se ha dicho que se entregan, pero que se declaran no culpables y entonces cuando ellos se entregan y se declaran no culpables, ¿qué quieren decir? ¿Que van a culpar a otros y que ellos van a tratar de salvar el pellejo con una justicia extranjera?”, cuestionó.
La legisladora indicó que corresponde al Gobierno de México determinar si el exfuncionario tiene delitos pendientes en territorio nacional y, en su caso, iniciar el procedimiento de extradición.

Enrique Alfonso Díaz Vega. Foto: Congreso de Sinaloa.
“El gobierno mexicano tiene que hacerlo su obligación, hacerlo porque se tiene que ver si ellos tienen aquí delitos que pagar. Porque desde la justicia mexicana hasta ahorita no ha habido acusaciones, vienen de allá de afuera. Entonces, la justicia mexicana tiene que procesarlos en su caso, pues tiene que pedir la extradición”, indicó.
Sobre versiones que señalan la presunta detención del senador Enrique Inzunza Cázarez, Castro Castro señaló que no existe información oficial que lo confirme.
“No, no tenemos información, así como tú lo comentas, pues no tenemos ninguna fuente oficial que así lo reconozcan”.
Asimismo, informó que envió mensajes al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, para expresarle su deseo de que las acusaciones en su contra se aclaren.
“Es un compañero, es un ser humano, fue nuestro gobernador, o es nuestro gobernador con licencia todavía. Entonces creo que siempre hay que separar la parte humana de la política y de las acusaciones”.
Gerardo Mérida Sánchez, de 66 años, está registrado en la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos y fue trasladado a una prisión federal en Brooklyn, luego de entregarse a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo tras cruzar por la garita de Nogales.
El exsecretario se declaró no culpable de los cargos por presuntamente haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de no interferir en sus operaciones mientras estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
Este viernes, varios medios reportaron que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya, también se entregó a las autoridades estadounidenses, dos semanas después de ser señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el mismo expediente que involucra a Rocha Moya, Gerardo Mérida, Enrique Inzunza, el alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el lugar de su entrega ni sobre su situación jurídica en ese país.
Con información de: Animal político.