Transparencia en México: entre la fragmentación y la judicialización del derecho a saber

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El pasado lunes, Artículo 19 dio a conocer un documento sumamente valioso titulado “Rediseño y judicialización del derecho de acceso a la información pública en México: un antes y un después de la reforma en materia de transparencia de 2025”. Se trata de un análisis profundo sobre los efectos que ha tenido el nuevo modelo de transparencia, y sobre los riesgos que enfrenta actualmente el derecho de la ciudadanía a conocer los asuntos públicos.

Uno de los puntos más preocupantes que aborda el informe es el aumento de causales para reservar información pública. El nuevo esquema pasó de 13 a 17 causales, ampliando así los candados legales que pueden utilizar los sujetos obligados para negar información que debería estar disponible para toda la ciudadanía.

Esto facilita que dichas reservas se justifiquen con mayor facilidad, normalizando la opacidad como una práctica institucional.

No se trata de un riesgo hipotético. Ya hemos visto casos concretos, como el de la Cámara de Diputados y su Comité de Transparencia, donde se reservó información pública relacionada con procesos de selección que debían ser completamente abiertos. También hemos observado un incremento en las reservas bajo argumentos de “seguridad nacional”, aun cuando en muchos casos no existe una verdadera justificación para ello. Incluso las llamadas pruebas de daño simplemente no aparecen o se presentan de manera deficiente.

Desde el debate de esta reforma advertimos sobre el peligro de incorporar nuevas causales ambiguas. Una de ellas es el concepto de “paz social”. ¿Qué significa exactamente alterar la paz social? El problema de términos tan abiertos es que permiten prácticamente cualquier interpretación por parte de las autoridades. En esa categoría puede encuadrarse casi cualquier argumento que los sujetos obligados decidan utilizar para negar información.

Otro aspecto central que señala el informe es la judicialización de la transparencia. Durante años insistimos en que la desaparición de un órgano autónomo terminaría trasladando la defensa del derecho de acceso a la información a los tribunales. Lo que antes era un recurso de revisión accesible para cualquier ciudadano, ahora en la práctica se convirtió en un juicio de amparo.

También en el informe, Artículo 19 destacó que el traspaso de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) representó un riesgo para la integridad y conservación de más de 15 mil millones de registros y archivos públicos.

En este espacio también hemos hablado de otro problema derivado de esta reforma: la fragmentación del derecho de acceso a la información en el país. Mientras algunas entidades desmantelaron de manera inmediata sus órganos garantes autónomos, otras ni siquiera han cumplido con lo que establece la propia Ley General de Transparencia respecto de la creación de organismos descentralizados especializados. En cambio, optaron por trasladar estas funciones a las contralorías estatales o a las secretarías de la función pública, dependiendo de la denominación que reciben en cada entidad. 

El problema es que esos nuevos entes no han logrado funcionar de manera efectiva (en los casos en que ya existen). Otro punto de incumplimiento que hemos señalado es que la nueva Ley General de Transparencia establece que cada estado debe contar con un Subsistema de Transparencia coordinado con el nuevo Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública.

Hasta ahora, sólo 16 estados lo tienen instalado: Baja California Sur, Sonora, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Colima, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Este panorama evidencia una profunda fragmentación del derecho a saber en México, acompañada de incumplimientos estatales en diversas obligaciones previstas por la ley.

La autonomía no era un capricho burocrático; era precisamente la condición mínima para garantizar imparcialidad en la resolución de controversias y en la defensa del derecho a saber.

Por ello, considero acertado que el informe hable de la “judicialización de la transparencia”, porque justamente eso fue lo que ocurrió con este derecho. Lo que antes era un mecanismo relativamente sencillo y accesible para exigir rendición de cuentas, hoy se convirtió en un proceso complejo, costoso y profundamente desigual para la ciudadanía.

Con información de Proceso.