La diputada Noemí Berenice Luna Ayala (PAN) propuso adicionar los artículos 10 Ter y 83 Bis de la Ley General de Salud, para que las investigaciones por presunta negligencia médica se realicen con precisión técnica y justicia de contexto.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Salud, plantea que la Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades competentes, promoverá la capacitación permanente de los agentes del Ministerio Público y personal judicial en materia de Derecho Sanitario, Bioética y Gestión de Riesgos Institucionales, a fin de asegurar que la valoración de la responsabilidad profesional se realice bajo criterios técnicos y de realidad operativa.
Precisa que en la determinación de la responsabilidad penal o profesional de quienes ejerzan las actividades médicas, se considerará como prueba la insuficiencia comprobable de recursos humanos o materiales en la unidad médica donde se haya realizado el acto, siempre que el profesional haya actuado con los medios disponibles a su alcance.
En su exposición de motivos, señala que la criminalización del acto médico ha fomentado el fenómeno de la “medicina defensiva”, donde el personal prioriza el blindaje legal del expediente sobre la eficiencia clínica, solicitando estudios excesivos o evitando procedimientos de alto riesgo por miedo a represalias penales.
Dicha práctica no solo encarece significativamente el costo del sistema de salud y satura los servicios, sino que deshumaniza la relación médico-paciente al convertir el cubículo de urgencias en un escenario de potencial litigio.
La diputada Luna Ayala asegura que una reforma que proteja al profesional ante fallas estructurales no es un privilegio gremial, sino una medida de eficiencia pública para garantizar una atención centrada en el paciente y no en el temor al Ministerio Público.
Expone que su iniciativa busca actualizar la citada ley para asegurar que las investigaciones por presunta negligencia se realicen con precisión técnica y justicia de contexto.
Además, al obligar a jueces y fiscales a valorar la disponibilidad real de insumos y la carga laboral mediante peritajes integrales, se transita hacia un modelo de responsabilidad compartida donde la verdad procesal se sustenta en la realidad material del hospital.
El objetivo es devolver la seguridad jurídica a quienes dedican su vida a salvar la de los demás, al asegurar que el peso de las carencias institucionales deje de ser una sentencia penal para el gremio médico.
Refiere que actualmente los procesos no contemplan mecanismos claros para diferenciar entre una negligencia técnica individual y un resultado adverso provocado por el desabasto de insumos, equipo defectuoso o saturación de servicios, lo que traslada injustamente la carga de las fallas del Estado hacia el personal de salud de primer contacto.
Dicha ausencia vulnera la seguridad jurídica de los profesionales y contraviene el principio de derecho que establece que nadie está obligado a lo imposible, convirtiendo carencias institucionales en sentencias penales injustas.
“La importancia de esta iniciativa radica en la transición de un modelo de justicia punitivo hacia uno de “justicia de contexto”, que reconoce la brecha crítica entre los estándares teóricos de la medicina y la realidad material de las instituciones públicas”, subraya.
Hace notar que la propuesta devuelve al personal de salud la seguridad jurídica necesaria para tomar decisiones clínicas basadas en el bienestar del paciente y no en el temor al litigio.
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