Periodista víctima de desprestigio en redes sociales por denunciar corrupción en Sinaloa: ARTICLE 19
El 28 de mayo y el 1 de junio del año en curso, América Armenta, reportera independiente en Sinaloa de diversos medios, fue víctima de una campaña de estigmatización y desprestigio, a través de la página anónima de Facebook del medio “Punto Rojo”. La página realizó en dos ocasiones una publicación en donde la vinculan a ella y otro periodista, con grupos del crimen organizado. Además, fue víctima de hostigamiento administrativo por parte de la Vicefiscalía Especializada en Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, al negarse en reiteradas ocasiones a recibir la denuncia bajo el argumento de que los hechos no estaban relacionados con su labor periodística.
Según el testimonio de América Armenta a esta organización, el 28 de mayo un amigo la alertó sobre la primera publicación realizada desde la página en Facebook “Punto Rojo”, en donde la vinculan con el Cártel de Guasave y del Cártel de los Beltrán Leyva, al señalarla de usar la libertad de expresión “como escudo para difundir narrativas favorables a determinados grupos criminales”. Días más tarde, el 1 junio, la página realizó una segunda publicación en el mismo sentido, señalandoles de ser halcones y exigiendo su criminalización “la ley debe actuar ante quienes ponen en riesgo la seguridad de todos”.
Es importante considerar que las investigaciones de la periodista se centran en temas de corrupción, seguridad y justicia, específicamente en el municipio de Culiacán. De manera reciente ha alertado sobre la ola de violencia que se vive en el estado.
Aunado a estas agresiones digitales, el 1 de junio, Armenta fue víctima de un hostigamiento administrativo por parte de la Vicefiscalía Especializada en Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, al denunciar los hechos. Las personas funcionarias públicas se negaban a aceptar la denuncia bajo el argumento de que no les correspondía atenderlo porque la “estaban confundiendo con otra persona” y por ende no tiene relación con su labor periodística.
Después de haber permanecido cerca de tres horas en las oficinas, aceptaron finalmente tomar la denuncia; sin embargo, la periodista señala que no dejaron de comentarle que le estaban haciendo un favor.
ARTICLE 19 México y Centroamérica recuerda que:
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cualquier forma de agresión en contra de la prensa es un atentado directo contra el derecho a la libertad de expresión, así como contra el derecho de la ciudadanía en general a estar informada a través de medios diversos y plurales.
Asimismo, el principio nueve de la Declaración de principios sobre libertad de expresión establece que es obligación de los Estados “prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
El informe anual 2026 de ARTICLE 19 México y Centroamérica en 2025, señala que el ambiente hostil se posicionó en el primer lugar de las tendencias más violentas en contra de la prensa. Y, en el caso particular de Sinaloa, se colocó como uno de los estados con porcentaje más alto de violencia letal:
Indicadores de Censura 2025 en Sinaloa. ARTICLE 19.
En vista de lo anterior, ARTICLE 19 exige:
A la Vicefiscalía Especializada en Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa que realice una investigación diligente, exhaustiva, imparcial y transparente, en estricto apego al apego al Protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión.
A la misma Vicefiscalía, en acorde con los más altos estándares internacionales en materia del derecho a la libertad de expresión, capacitar de manera sistemática a las personas funcionarias públicas que hacen parte de dicha institución.
Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas considerar la campaña de desprestigio en contra de América Armenta, así como el contexto de violencia sistemática que se vive en Sinaloa, como un factor de riesgo para el ejercicio libre de su labor periodística.
A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión a llevar a cabo una investigación diligente acorde al Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión y aplicar las sanciones correspondientes en el caso de la periodista.
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