
Ante todo, doy gracias a Dios Uno y Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo; asimismo, agradezco a los lectores que cada lunes y viernes acompañan estas líneas. Debo también pedir disculpas por no haber publicado el pasado viernes 12 de junio, pues motivos de salud me lo impidieron.
Ayer, 14 de junio, se cumplieron cien años de la promulgación de la llamada Ley Calles, instrumento jurídico que buscó someter la vida religiosa al control del Estado y que abrió una de las heridas más profundas de la historia nacional. Aquella legislación no nació para garantizar libertades, sino para restringirlas; su aplicación provocó cierres de templos, limitaciones al ministerio sacerdotal y una persecución que desembocó en la Guerra Cristera.
Muchos creen que aquel conflicto terminó con los acuerdos de 1929, empero, los efectos espirituales de aquella ofensiva permanecen. El fruto más amargo no fue únicamente la sangre derramada por mártires y confesores de la fe, sino el miedo que lentamente penetró en el alma nacional; antes de aquellas persecuciones, el católico mexicano manifestaba públicamente sus convicciones con mayor naturalidad. Hoy, no pocos ocultan su fe en el trabajo, en la universidad, en la política o incluso dentro de sus propias familias.
La descristianización moderna no siempre llega con fusiles ni decretos, a veces se presenta bajo la apariencia de tolerancia, neutralidad o progreso. El resultado, sin embargo, es semejante: una sociedad que considera la religión asunto privado y que mira con sospecha a quien proclama la soberanía de Cristo Rey sobre la vida personal y social.
Conviene recordar que la Iglesia ha condenado reiteradamente las doctrinas que buscan excluir a Dios del orden público o reducir la religión a una práctica puramente doméstica. Los errores del liberalismo, del socialismo y del comunismo han sido objeto de severas advertencias doctrinales a lo largo de los siglos; no porque la Iglesia rechace la libertad auténtica, sino porque reconoce que ninguna nación puede conservar su salud moral cuando se aparta de la ley natural y de la ley Divina.
Por ello, el católico de nuestro tiempo no debe responder con resentimiento, sino con firmeza; es menester alzar la voz cuando cualquier autoridad pretenda vulnerar la libertad religiosa, pero también examinar nuestras propias tibiezas. De poco sirve lamentar las persecuciones del pasado si aceptamos silenciosamente las renuncias del presente.
La tarea que se impone es clara: volver a las fuentes seguras de la fe, estudiar la doctrina católica íntegra, redescubrir la tradición de la Iglesia, vivir los sacramentos con fervor y formar familias verdaderamente cristianas. Un siglo después de la Ley Calles, México necesita menos miedo y más testimonio; si los católicos recuperan el valor de confesar públicamente a Cristo Rey, ninguna ley ni ideología podrá arrancar del corazón de la patria aquello que tantos mártires defendieron con su sangre; ellos son los verdaderos héroes mexicanos que debemos darles honores y no aquellos que imponen los liberales que muchos de ellos ni siquiera existieron y los pocos que existieron no son reales sus historias "heroícas".