Acusan desvíos en la Sagarpa

Cd. de México (15 junio 2019).- Oscar Octavio Olivares Plata y Carlos Vela Gómez, ex director general y director de Administración de Riesgos de la Sagarpa, enfrentan un proceso penal por la autorización de un apoyo de 2 millones 300 mil pesos, a través de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), que presuntamente no solicitó ni recibió una supuesta beneficiaria.

Los ex funcionarios están procesados por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, en la modalidad de otorgar autorizaciones de contenido económico, ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en esta ciudad.

Según la teoría del caso de la Fiscalía General de la República (FGR), Martha Pérez Almaraz solicitó a la Sagarpa un incentivo económico del proyecto de asistencia técnica para el desarrollo de los procesos de purificación y recuperación de acuíferos, manantiales y cuerpos de agua en los estados del norte, que permiten "rescatar el dinamismo de la producción de ganado, leche y granos".

La Secretaría autorizó los recursos el 16 de abril de 2015 y el mismo día la beneficiaria firmó en la Ciudad de México, ante Vela Gómez como testigo, la cesión de derechos de cobro de este beneficio de 2.3 millones en favor de la UAZ.

Pero, según la imputación de la FGR, Pérez Almaraz nunca estuvo en las oficinas de la Sagarpa para firmar esa cesión -como lo establece dicho documento-, tampoco recibió el dinero y mucho menos solicitó ese apoyo.

De hecho, un dictamen pericial señaló que su firma fue falsificada.

Cuando ella fue interrogada, declaró que nunca pidió dinero para ese proyecto.

"Pues la verdad yo no participé en ese proyecto, siendo éste el proyecto asistencia técnica ya multicitado, y no firmé ningún documento y pues no recibí absolutamente nada, ni conozco a las personas con las que según firmé esos papeles en Sagarpa y mi firma no concuerda con la de los documentos", declaró en una entrevista el pasado 29 de mayo de 2018.

"Una vez que se me puso a la vista el convenio de concertación y el contrato de cesión de derechos, no reconozco como mías las firmas porque yo no firmo así".

Sin embargo, Pérez Almaraz admite que sí entregó documentación a la Sagarpa para obtener un beneficio, destinado al equipamiento de una bodega en la comunidad de Caña Brava. Es decir, reconoce el trámite, pero no la obtención del beneficio que se presume desviado.

La beneficiaria hizo su declaración en mayo de 2018 no ante el Ministerio Público, sino ante la suboficial de la Policía Federal Ministerial, Violeta Hernández Aceves, sin presencia de su abogado, lo que eventualmente puede dar lugar a un debate sobre su nulidad.

Señalan a tecnológico dos ex funcionarios

Dos funcionarios de la Sagarpa, procesados por la autorización indebida de 2.3 millones a una beneficiaria que asegura que no los cobró, señalaron al Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, como el responsable de validar documentos con firmas falsas.

Según un recurso de apelación de Oscar Olivares Plata y Carlos Vela Gómez, ex director general y director de Administración de Riesgos de la Sagarpa, conforme a las reglas de operación, a ellos no les correspondía verificar o validar la solicitud de beneficios económicos y por ello niegan ser responsables de la falsificación de una firma.

"La Fiscalía no mencionó que ese órgano técnico auxiliar es el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, en ese convenio de colaboración que suscribió Sagarpa con el instituto, fueron quienes llevaron a cabo la validación de los que hubiesen salido beneficiados en las convocatorias", indicó la defensa en la audiencia de vinculación a proceso.

Según lo expuesto, aunque la FGR responsabiliza a los ex funcionarios de elaborar el dictamen de elegibilidad de la solicitud del beneficio económico, quien llevó a cabo ese trabajo es Javier Figueroa Orozco, a quien identifican como representante legal de ese instituto.

Esta información consta en la apelación resuelta por el magistrado Manuel Bárcena Villanueva, del Segundo Tribunal Unitario, quien el pasado 31 de enero confirmó la vinculación a proceso de los ex funcionarios por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Abel Barajas | Reforma