Admiten fraude en Oro Negro

Cd. de México (06 septiembre 2019).- Acogiéndose al criterio de oportunidad para que le fuese cancelada una orden de aprehensión, el ex director jurídico del consorcio Oro Negro, Alonso del Val Echeverría, admitió ante el Ministerio Público que se maquinó un fraude en contra de los acreedores y de Petróleos Mexicanos.

En un escrito que remitió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México y que ratificó ministerialmente el 3 de septiembre ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros, acusó a Gonzalo Gil White, director de Operaciones, de ser el artífice de la defraudación.

Gil White, quien es hijo del ex Secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, tomó la decisión de declarar a la Perforadora Oro Negro en concurso mercantil en septiembre de 2017 con la intención de evitar que Pemex redujera el pago de la renta de cinco plataformas y evadir al mismo tiempo el pago a los socios acreedores.

Además, sostuvo Del Val Echeverría en su declaración, Gil White dispuso de recursos de un fideicomiso constituido para el pago de la renta de las plataformas, desviándolo hacia un uso no autorizado.

La confesión del ex directivo se dio luego de que el pasado 16 de julio un juzgado de control girara una orden de aprehensión en su contra, así como de Gil White y de los también directivos del consorcio José Antonio Cañedo White, Carlos Enrique Williamson Nasi y Miguel Ángel Villegas Vargas.

La orden de aprehensión es por su presunta responsabilidad en los delitos de administración fraudulenta y abuso de confianza cometido al disponer de alrededor de 750 millones de pesos del Fideicomiso F/1695 de Deutsche Bank México constituido para el pago del fletamiento de cinco plataformas petroleras y que fue desviado para otros fines.

En su declaración, Del Val Echeverría aseguró que el inicio de la defraudación inició en septiembre de 2017 al decretar el concurso mercantil tras haber acordado con Pemex una reducción en la renta que la Empresa Productiva del Estado le pagaba a Oro Negro por las plataformas.

"El objetivo primordial de la estrategia era lograr la reestructuración de los pasivos de la compañía, logrando por un lado, una medida cautelar para mantener los contratos vigentes entre Oro Negro y Pemex y así obtener el pago de aproximadamente 160,000 dólares diarios para 4 de las plataformas y 130,000 dólares para la quinta plataforma y, por el otro, obtener una medida para que Oro Negro dejara de pagar las rentas a sus acreedores", señaló.

La disposición fraudulenta de los 750 millones de pesos se habría hecho a través de las compañías Perforadora Oro Negro S. de R.L. de C.V. e Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro S.A.P.I. de C.V, supuestamente controladas por los ahora prófugos de la justicia.

El 14 de junio pasado, un mes antes del libramiento de las aprehensiones, un juez federal declaró la quiebra de Oro Negro, al expirar el periodo para conciliar con acreedores que reclaman más de 6 mil 500 millones de pesos.

Los directivos de Oro Negro operaron un fraude en contra de sus acreedores y Pemex:

$750,000,000
monto del desvío

Delitos:
- Administración fraudulenta
- Abuso de confianza

Directivos con órdenes de aprehensión:
- Gonzalo Gil White
- José Antonio Cañedo White
- Alonso del Val Echeverría
- Carlos Enrique Williamson Nasi
- Miguel Ángel Villegas Vargas

Prófugos: La Organización International de Policía Criminal, Interpol, emitió una ficha roja
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Rolando Herrera

Reforma

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"Presidentas y presidentes progresistas reconocemos al compañero Cruz Pérez por el importante trabajo que ha realizado en favor del Bienestar de los juarences, razón por la que fue electo para contender nuevamente por la presidencia municipal, en apego a sus derechos constitucionales y a la voluntad del pueblo de acudir de manera libre y voluntaria a emitir su voto el próximo 2 de junio.
Por ello, exigimos al gobierno de Chihuahua que respete el proceso electoral y se brinden garantías a todas las candidatas y candidatos para que realicen su labor proselitista con seguridad y en un ambiente de armonía y equidad, que permita que sea únicamente el pueblo quien decida quienes deben ser sus próximas autoridades", señala.

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El Gobierno del Estado de Chihuahua, deberá custodiar y vigilar el inmueble, quedando obligado a cubrir los gastos necesarios para su conservación y mantenimiento, y demás servicios inherentes que en su caso se generen, así como el correspondiente aseguramiento contra daños del inmueble

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