En política y en información todo es relativo (SI……PERO)

Variables
Jacinto Gómez Pasillas

-     En política y en información todo es relativo (SI……PERO)

-    A propósito de las aportaciones y participaciones a Estados y Municipios.

El concepto gramatical de “es relativo” tiene entre otras opciones, las de incompleto, “depende  de cierta comprensión o relación con otro concepto”, “controvertido”, “cuestionable”, o “discutible”.

La expresión coloquial de “SI…..PERO” es muy usual en la plática y en la discusión entre personas, para manejar de manera positiva una aceptación limitada, o con reservas. En política y en comunicación es usual para valorar o referirse a una declaración, iniciativa, o medida gubernamental o legislativa, así como a una posición partidista, a fin de presentar desacuerdos, rechazo o controversia, sin dar la apariencia de cerrazón o actitud negativa y radical.

Viene a cuento, porque ante la presentación del Paquete Económico para el siguiente año los protagonistas tanto políticos como de representación social y los mismos analistas a través de los medios, suelen matizar sus juicios y afirmaciones a partir de lo positivo para destacar lo negativo en efectos y consecuencias, a través de lo que podría resumirse en la expresión usual de “SI, PERO”.

Es el caso por ejemplo ante lo informado sobre la explicación del impuesto al valor agregado (IVA) a las operaciones a través de las Plataformas Digitales, cuando la COPARMEX respalda en comunicado de prensa todas las acciones en favor de “formalizar la economía del país”; incluyendo las actividades desarrolladas en la economía digital, PERO advierte del riesgo de querer gravar a las empresas con plataformas digitales a un año de tener que tomar en cuenta las “recomendaciones” o acuerdo global de la OCDE y el grupo de los 20.

O también que ante la noticia de que el Gobierno Federal aportará cinco mil millones de dólares adicionales, que irán al pago anticipado y refinanciamiento de deuda con próximos vencimientos (de 2020 al 2023) de PEMEX; las empresas calificadoras de deuda soberana afirman que es una medida positiva pues mejorará su liquidez en el corto plazo, PEEERO  consideran que el monto es moderado e insuficiente en comparación con la pesada carga fiscal de la Empresa Petrolera Mexicana.

Como una contradicción interna del propio Gobierno Federal, cuando se anuncia una asignación presupuestal de 807 mil 305 millones de pesos para el Ramo Educativo, que “significaría” un crecimiento real de 0.5% pero, se estiman “recortes” presupuestarios para subfunciones del gasto educativo como desarrollo tecnológico, cultura, educación básica y normal.

En otro tema, aunque relacionado, se ha hecho evidente a raíz de las declaraciones de algunos gobernadores que han prendido una luz roja de alarma, en el delicado y preocupante asunto de los montos en las asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para los Ramos 28 y 33 en que se prevé un incremento de 2.9 en las Participaciones y Aportaciones para los Estados y Municipios, cuando la inflación calculada para el próximo año es de 3%.

La generalidad de los Gobernadores, particularmente los de filiación panista han sido explícitos y enérgicos en sus protestas y objeciones a las asignaciones presupuestales de la Federación para 2020 y en su reclamo de que se modifiquen para que sean por lo menos razonablemente suficientes dentro del marco de austeridad. Fuera de despropósitos, como el de un gobernador del Bajío, al afirmar que sí no hay respuesta del Gobierno Federal, entonces “no tiene sentido estar en el Pacto Federal”. (Éste gobernante, obviamente confunde el Pacto Federal con los convenios de Coordinación Fiscal) es claro que les asiste la razón y que en el Legislativo Federal debieran revisar y ajustar las asignaciones presupuestales especialmente en estos ramos. Igualmente claro es que debe ampliarse las fuentes de ingreso para solventar los egresos, aún si ello significa tocar el tema tabú de la creación de impuestos. Esto tendrá que considerarse tarde o temprano. Ya resuenan voces en el propio Legislativo sobre el particular. Pero también debiera serlo que en congruencia, lo que los Mandatarios Estatales exigen a la Federación, lo hagan recíproco con los gobiernos municipales de sus propias entidades.

El Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, ya se atrevió hace algunos meses a deslizar la posibilidad de restablecer (centralizada) la tenencia para vehículos, aunque esto provocó que se le viniera el mundo encima. También ha planteado la necesidad de contar con un Consejo Fiscal como un órgano Técnico imparcial para tener proyecciones más certeras ACEPTADAS POR TODAS LAS INSTANCIAS, tanto de la economía como de los ingresos que se tenga en un ejercicio fiscal.

Incluso, el Partido Movimiento Ciudadano, a través de su Consejo Consultivo, propuso discutir una Reforma Fiscal en que se podría incorporar el pago de tenencia general de vehículos, IVA general, elevación del IEPS en combustibles y recuperar el impuesto al carbono, por considerar que en el país se están viviendo una “emergencia presupuestaria”.

Ante la multiplicación de propuestas como las mencionadas, muchas de ellas radicales o inviables en el presente; se puede concluir la urgencia del análisis y consensos sobre fuentes de ingresos que alejados de radicalismos lesivos a la economía y a la gente, abran causes más amplios al ingreso fiscal.

A partir de esta discusión, diversos analistas privados, en particular el “Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) que es formalmente un Centro de Investigación independiente y apartidista; afirman que el tema de coordinación Fiscal está completamente obsoleto y rebasado; que debe trabajarse en una nueva “Convención Nacional Hacendaria” para mejorar las reglas de coordinación fiscal y que estas aseguren que la retribución de impuestos recaudados en las entidades sea equitativa e impulse a los gobiernos de estados a generar más ingresos propios.

Al respecto, hay que recordar que la actual “Ley de Coordinación Fiscal” (entre Federación y Estados) entró en vigor  en el Gobierno del Presidente J. López Portillo (1980).

“Tiene por objeto coordinar el Sistema Fiscal de la Federación con las Entidades Federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales, distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales, constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y las bases de su organización y financiamiento”.

Así se consolida el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y la celebración de los Convenios de Coordinación Fiscal que detallan la operatividad y aplicación de esta Ley.

Este Sistema que inicialmente tenía entre sus principales objetivos, evitar la duplicidad de impuestos en perjuicio de la ciudadanía y la excesiva complejidad de los aparatos administrativos, además de garantizar la equidad entre estados de mayor y menor ingreso y la diferencia de desarrollo entre las regiones del país; en la práctica fue un factor fundamental para fomentar la excesiva concentración de poder en el ejecutivo federal y en el Centralismo Político que ha convertido a los Gobiernos Estatales y Municipales en dependientes del Gobierno Federal y limitados en el ejercicio de su soberanía constitucional.

La realidad actual es de una casi absoluta dependencia de los niveles de gobierno estatal y municipal respecto al federal; un mínimo porcentaje de los ingresos de los gobiernos estatales son propios, y peor aún en el caso de los municipios. Esto es así porque los propios gobernantes estatales siguieron la práctica de evitar el desgaste y el costo político de crear o aumentar impuestos  a la ciudadanía  y propiciaron la contradicción agudizada desde la segunda mitad del siglo XX de que México, siendo una Federación con 3 niveles de Gobierno constitucionalmente autónomos y delimitados en sus facultades y  funciones territorial y administrativamente, y con 3 poderes a nivel federal y de cada entidad; en la práctica haya transitado a la situación contradictoria del Centralismo Político en una República Federal, independientemente y al margen de la alternancia democrática de gobierno.

El Centralismo Fiscal si debe revisarse perentoriamente porque es la base del Centralismo Político.

Sin duda que en lo inmediato, lo procedente ante el problema presente de las participaciones federales a Estados y Municipios es la revisión en el Poder Legislativo Federal del Presupuesto de Egresos de la Federación con la necesaria flexibilidad para conciliar los reclamos y exigencias de Gobiernos Estatales y Municipales con las posibilidades máximas de ampliación presupuestal y con una atención respetuosa y de dignidad en el trato.

En el mediano plazo, la revisión y ajuste de la Ley de Coordinación Fiscal requiere de la  realización de Encuentros de Diálogo y Búsqueda de Consensos en Reuniones Fiscales de los representantes de los 3 niveles de gobierno y los del Poder Legislativo Nacional, en que no solo es deseable que se logre la actualización de dicha Ley y Sistema correspondiente, sino su simplificación (sobre todo en las complicadas fórmulas de distribución); y que se proceda enseguida, ya sea mediante lo que algunos personajes han llamado una “Convención Nacional Hacendaria”, y/o, mediante una Reforma de Estado que parta de una Reforma de Federalismo Fiscal, basada ya no en un esquema de “ TRANSFERENCIAS” sino en un esquema de “REDISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES” que dote a cada nivel de gobierno de la suficiente capacidad para generar ingresos propios al través de los impuestos o contribuciones de la ciudadanía de las regiones del país con las salvaguardas para la transparencia y honestidad de las gestiones de gobierno.

Es alentador que la propia Autoridad Hacendaria, reconozca que hay que realizar una revisión y modificación a fondo del Sistema Fiscal Mexicano en la segunda mitad del actual sexenio (ojalá lo entiendan como a más tardar al inicio la misma).

Son muchos los actores políticos y sociales y los opinantes (me incluyo) que piensan que la clave para recuperar el Federalismo como la base histórica y constitucional del Estado Mexicano contemporáneo, está en que se logren los acuerdos políticos y sociales de una Reforma de Estado que inicie con un “Nuevo Federalismo Fiscal”.

Es un tema sobre el que habrá que seguir bordando.

Tips al momento

Denuncia IP simulación federal

Como una simulación calificó el presidente del CCE, Francisco Santini Ramos, las reuniones que tuvo el sector empresarial con los diputados federales para expresar los riesgos que observaban en la reforma que tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada y que finamente fue aprobada ayer sin ninguna modificación.

Incluso, dijo el dirigente empresarial, la semana pasada el CCE asistió al Parlamento Abierto con los diputados que supuestamente escucharían al sector, lo que resultó sólo en la pérdida de tiempo para los empresarios y un evento mediático para los legisladores.

Por cierto, que los dirigentes de los consejos coordinadores del país, exigen más fuerza en sus peticiones al presidente nacional del CCE, Carlos Salazar, que exprese en realidad el sentir de los empresarios que no lo ha hecho desde que asumió su cargo el pasado febrero.


No entiende que no entiende

De gandalla y falaz califican al gobernador electo de Baja California Jaime Bonilla quién tras registrarse como candidato en la convocatoria por 2 años a la gubernatura de Estado, ahora pretende perpetuarse a través de una ley inconstitucional y a modo por 3 años más en dicho cargo.

No obstante y según Bonilla Valdéz, el INE es el gran provocador... al acusar al Instituto Nacional electoral de engañar a los ciudadanos, y es que Jaime Bonilla ha reiterado en más de una ocasión que cuando se registró para la candidatura lo hizo para un período de 5 años sin embargo la convocatoria publicada y dada a conocer en últimas fechas por diversos medios e incluso a través de los mismos consejeros del Instiuto, está más que claro que el período para el cual se inscribieron todos los aspirantes era de 2 años.

La convocatoria emitida para las elecciones ordinarias 2018-2019 refiere que de conformidad con lo señalado en el artículo 15 de la ley electoral del estado de Baja California en relación con los artículos 6o., 7o. y 8o transitorios del decreto 112 del Congreso del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 17 de octubre de 2014, los cargos a elegir son los siguientes:

A) Gubernatura del estado de baja California para el período constitucional del primero de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

B) Munícipes de los Ayuntamientos de los cinco municipios en el Estado de Baja California, para el periodo constitucional del primero de octubre de 2019 al treinta de septiembre de 2021.

C) Diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, para el periodo constitucional del primer de agosto de 2019 al treinta y uno de julio de 2021.

 

El único gandalla que no entiende que el periodo legal por el cuál fue votado por dos años es Jaime Bonilla Valdéz


Justicia, solo si se la piden a AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este miércoles 16 de octubre tener conocimiento del financiamiento ilícito a la campaña de Enrique Peña nieto de 2012 e incluso refirió tener la denuncia al respecto sobre este tema, el mandatario fue cuestionado directamente si su administración investigaría este hecho lo cual López Obrador rechazó y sostuvo que ello sería cómo "descubrir el agua tibia" y que solo actuará en este caso "si se lo piden" lo cual deja de manifiesto que para la administración lopezobradorista la justicia no se hace de oficio, sino de contentillo.


Coincidencias

Luego dicen que el Nuevo Amanecer y la Cuarta Transformación no se parecen en nada, pero bien que enarbolan la bandera anticorrupción bien en alto. Javier Corral llegó a la gubernatura con la casi única promesa de acabar con el saqueo de recursos, sancionarlo y recuperar lo que corresponde al pueblo chihuahuense y hace unos días, presentó en una noche lluviosa el Fondo para la Reparación del Daño "Justicia para Chihuahua".

López Obrador, por otro lado acaba de obtener la aprobación para la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y ya algunos panistas como Juan Carlos Romero Hicks dicen que es un absurdo la generación de una nueva dependencia gubernamental, pero con lo aprobado en Chihuahua en idéntico sentido, hay quienes le dicen que más valdría que el legislador blanquiazul se guarde sus comentarios ¿Usted qué opina?

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