Necesario, implantar programas y campañas para prevenir y disminuir consumo de drogas

El diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena) promueve exhortar a la Secretaría de Salud para que implante políticas públicas que permitan prevenir el consumo de drogas, generar tratamientos para atender enfermedades e infecciones por el consumo de estupefacientes, así como programas que disminuyan de manera progresiva el número de adictos y mitigar los daños a su salud.

Asimismo, que la Secretaría de Educación realice campañas concientizadoras y preventivas dirigidas a alumnos y padres de familia, respecto del consumo de drogas y sus posibles consecuencias.

Mientras que la de Seguridad y Protección Ciudadana, por medio del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, desarrolle estrategias que incluyan campañas y talleres que permitan la prevención y rehabilitación del consumo de sustancias psicotrópicas para las personas que se encuentran recluidas, así como la atención de enfermedades e infecciones derivadas de la drogadicción.

Hernández Pérez indicó que de acuerdo con información de la Comisión Nacional contra las Adicciones y con el informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas, la población juvenil es la más expuesta. De los 61 mil 817 alumnos de nivel básico e intermedio que están en camino de utilizar drogas o que ya lo hacen, unos 9 mil 412 consumieron más alcohol; 8 mil 273 se fueron por la marihuana.

Además, cuatro mil 559 por las metanfetaminas; 2 mil 650 por el tabaco; 894 por la cocaína y 562 jóvenes por inhalables y solventes. México está en el segundo lugar de consumo de anfetaminas, con un alarmante incremento de 133 por ciento, entre estudiantes de secundaria, principalmente las adolescentes, sólo por debajo de Estados Unidos.

El diputado manifestó que es necesario reforzar las acciones desarrolladas para reducir el consumo de drogas, se tiene que ampliar la política de prevención y tratamiento dirigida a la población juvenil, y a aquellos que están en centros penitenciarios.

“Las personas que tienen un historial de consumo de drogas o de trastornos por consumo de drogas constituyen una parte considerable de la población reclusa de algunos países”.

De acuerdo con estudios realizados en algunos países de ingresos altos, los trastornos por consumo de drogas prevalecen más en las reclusas que en los reclusos; se calcula que 51 por ciento de las mujeres, frente al 30 por ciento de los hombres, ha padecido trastornos por consumo de drogas en el año anterior a su ingreso en prisión, porcentaje mucho mayor que en la población general.

El legislador señaló que el abuso de sustancias psicotrópicas constituye uno de los problemas de salud pública de nuestra época; se conoce como adicción a las drogas, o drogadicción al consumo frecuente de estupefacientes, a pesar de saber las consecuencias negativas que producen. Entre otras cosas, modifican el funcionamiento del cerebro y su estructura, provocando conductas peligrosas.

“La gente que se inyecta drogas en la cárcel se enfrenta a un riesgo de transmisión del VIH y la hepatitis C, especialmente elevado por la alta prevalencia de los mismos en la población reclusa en general, y debido a que muchos centros no disponen de agujas y jeringuillas estériles, lo cual podría obligar a los reclusos a compartir el equipo de inyección con más frecuencia y con más personas”.

El punto de acuerdo turnado a la Comisión de Salud, precisa que el consumo recurrente, abusivo y autodestructivo de sustancias psicotrópicas, está afectando gravemente a la población juvenil y a las personas recluidas en centros penitenciarios, convirtiéndose en un grave problema de salud pública.

Por eso, es necesario que se generen políticas públicas que permitan prevenir, atender y rehabilitar a las personas adictas a efecto de que tengan una mejor calidad de vida.

Tips al momento

Autoridades locales de México en defensa de Cruz se lanzan contra Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua 

La Mesa Directiva de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. -AALMAC-, emitió en un comunicado en donde "condena" agresiones en contra del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar de las que culpa a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de la que es titular Abelardo Valenzuela.

Señalan que a través Fiscalía Anticorrupción, ordenó el allanamiento a la vivienda del candidato de Morena a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, poniendo en riesgo su integridad y la de su esposa e hijos.

"Presidentas y presidentes progresistas reconocemos al compañero Cruz Pérez por el importante trabajo que ha realizado en favor del Bienestar de los juarences, razón por la que fue electo para contender nuevamente por la presidencia municipal, en apego a sus derechos constitucionales y a la voluntad del pueblo de acudir de manera libre y voluntaria a emitir su voto el próximo 2 de junio.
Por ello, exigimos al gobierno de Chihuahua que respete el proceso electoral y se brinden garantías a todas las candidatas y candidatos para que realicen su labor proselitista con seguridad y en un ambiente de armonía y equidad, que permita que sea únicamente el pueblo quien decida quienes deben ser sus próximas autoridades", señala.

Expresan su solidaridad y respaldo de los gobiernos municipales progresistas, como el de Cruz Pérez Cuéllar.

 


Otorga federación al gobierno de Chihuahua el inmueble del Cereso3 en Juárez

El Gobierno Federal destinó al Gobierno del Estado de Chihuahua, el inmueble federal del Cereso 3 en Ciudad Juárez.

El  04 de marzo de 2022, el Gobierno del Estado de Chihuahua, solicitó se le otorgue el Acuerdo Administrativo de Destino del inmueble federal, para continuar utilizándolo como instalaciones que ocupa el CERESO Tres de Ciudad Juárez, para formar parte del Complejo Judicial del Distrito Judicial Bravos.

El inmueble cuenta con Registro Federal Inmobiliario 8-8923-7, con superficie de 300,281.075 metros cuadrados, ubicado en Calle Barranco Azul sin número, Colonia Toribio Ortega, Código Postal 32675, Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.

El Gobierno del Estado de Chihuahua, deberá custodiar y vigilar el inmueble, quedando obligado a cubrir los gastos necesarios para su conservación y mantenimiento, y demás servicios inherentes que en su caso se generen, así como el correspondiente aseguramiento contra daños del inmueble

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