La CIDH pide investigación internacional de muertes en Bolivia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó una investigación internacional sobre las graves violaciones ocurridas durante las recientes protestas en Bolivia que derivaron en la muerte de 35 personas.
En un informe preliminar tras su vista al país, la CIDH manifestó su "condena a las masacres de Sacaba y Senkata, en las que se habrían cometido graves violaciones de los derechos humanos".
En ambas localidades murieron 18 seguidores del expresidente Evo Morales, la mayoría por disparos de armas de fuego durante una incursión de las fuerzas del orden para contrarrestar las protestas.
Poco después el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, calificó de sesgado y unilateral el informe y prometió presentar pruebas.
"Este informe favorece el narcoterrorismo", mencionó en referencia a muertes que pudieron ser provocadas por infiltrados con la supuesta intención de culpar al gobierno.
La autoridad también dijo que le extrañaba la rapidez del informe y reclamó a la CIDH por no investigar las casi 100 muertes ocurridas durante el gobierno de Morales.
El Instituto de Investigaciones Forenses estableció que 27 de las víctimas fallecieron por disparos de armas de fuego.
La CIDH también recomendó al gobierno "adoptar medidas para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia y desmantelar los grupos armados particulares que han ejercido violencia contra la población civil, del bando que sean".
Asimismo, el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió "entregar los salvoconductos a las personas asiladas en las embajadas de México y de Argentina", para que puedan ejercer su derecho al asilo y refugio.
Según el gobierno, 25 personas están en la embajada de México en La Paz a la espera de ese documento, entre ellos el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, contra quien el gobierno inició una demanda penal por sedición y terrorismo.
Morales enfrenta otra acusación similar. El gobierno acusa al exmandatario de alentar la convulsión.
Morales renunció a la presidencia el 10 de noviembre cercado por las protestas en rechazo a un supuesto fraude electoral para reelegirse a un cuarto mandato en los comicios del 20 de octubre. Tras su dimisión, sus partidarios emprendieron violentas protestas, sobre todo en La Paz y Cochabamba.
El expresidente, que llevaba casi 14 años en el poder, acusó a los opositores de golpe de Estado y se exilió en México, facilitando que la senadora opositora Jeanine Áñez se proclame presidenta transitoria con la misión de convocar nuevas elecciones en cuatro meses.
Una auditoria internacional de la OEA estableció que en los comicios hubo "manipulación dolosa" de los resultados. Las autoridades electorales afrontan un juicio penal por esa causa.
El Informador
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Autoridades locales de México en defensa de Cruz se lanzan contra Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua
La Mesa Directiva de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. -AALMAC-, emitió en un comunicado en donde "condena" agresiones en contra del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar de las que culpa a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de la que es titular Abelardo Valenzuela.
Señalan que a través Fiscalía Anticorrupción, ordenó el allanamiento a la vivienda del candidato de Morena a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, poniendo en riesgo su integridad y la de su esposa e hijos.
"Presidentas y presidentes progresistas reconocemos al compañero Cruz Pérez por el importante trabajo que ha realizado en favor del Bienestar de los juarences, razón por la que fue electo para contender nuevamente por la presidencia municipal, en apego a sus derechos constitucionales y a la voluntad del pueblo de acudir de manera libre y voluntaria a emitir su voto el próximo 2 de junio.
Por ello, exigimos al gobierno de Chihuahua que respete el proceso electoral y se brinden garantías a todas las candidatas y candidatos para que realicen su labor proselitista con seguridad y en un ambiente de armonía y equidad, que permita que sea únicamente el pueblo quien decida quienes deben ser sus próximas autoridades", señala.
Expresan su solidaridad y respaldo de los gobiernos municipales progresistas, como el de Cruz Pérez Cuéllar.
Otorga federación al gobierno de Chihuahua el inmueble del Cereso3 en Juárez
El Gobierno Federal destinó al Gobierno del Estado de Chihuahua, el inmueble federal del Cereso 3 en Ciudad Juárez.
El 04 de marzo de 2022, el Gobierno del Estado de Chihuahua, solicitó se le otorgue el Acuerdo Administrativo de Destino del inmueble federal, para continuar utilizándolo como instalaciones que ocupa el CERESO Tres de Ciudad Juárez, para formar parte del Complejo Judicial del Distrito Judicial Bravos.
El inmueble cuenta con Registro Federal Inmobiliario 8-8923-7, con superficie de 300,281.075 metros cuadrados, ubicado en Calle Barranco Azul sin número, Colonia Toribio Ortega, Código Postal 32675, Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.
El Gobierno del Estado de Chihuahua, deberá custodiar y vigilar el inmueble, quedando obligado a cubrir los gastos necesarios para su conservación y mantenimiento, y demás servicios inherentes que en su caso se generen, así como el correspondiente aseguramiento contra daños del inmueble
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