Se declaró nulidad de elección de los 56 jueces y lo congelan magistrados

Desde julio del 2019 que no se vota por el pleno del Tribunal de Justicia del Estado el proyecto de resolución que declara la nulidad del concurso de oposición de jueces de primera instancia, con efectos generales contra el nombramiento de los 56 jueces en Chihuahua. 

El proyecto fue resuelto por el magistrado Marco Emiliano Anchondo respecto al recurso de revisión administrativa promovido por José Gerardo Aguilar Gabaldón, quien participó como concursante en la convocatoria CJE/002/2018.

El proyecto que no ha subido al pleno del Tribunal Superior de Justicia para su votación, mismo que  propone declarar la nulidad del acuerdo del 20 de agosto del 2018 emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura por el que se llevó a cabo la designación de jueces vencedores y la asignación de plazas, así como de todo el proceso de selección de jueces derivado de la Convocatoria, según el sentido.

La resolución del Magistrado, Anchondo Paredes confirma que se actualizaron violaciones durante el procedimiento relativo al concurso de oposición para elección de jueces de primera instancia,  “debiendo proceder el Consejo de la Judicatura a realizar un proceso selectivo en el que se cumplan todas las exigencias legales”.

Indica el proyecto que no hubo   garantía que la calificación obtenida les fue impuesta de manera objetiva “al emitirse en forma unilateral y no por medio de un grupo de evaluadores (Jurado), sin que conste registro de audio y video de ello, pese haberse dispuesto en tales términos en el acta 10/18 de fecha 19 de junio del 2018… generando incertidumbre de si los declarados vencedores son los idóneos para el cargo de juez contra la garantía de seguridad jurídica así como al principio de objetividad”.

Tips al momento

Autoridades locales de México en defensa de Cruz se lanzan contra Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua 

La Mesa Directiva de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. -AALMAC-, emitió en un comunicado en donde "condena" agresiones en contra del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar de las que culpa a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de la que es titular Abelardo Valenzuela.

Señalan que a través Fiscalía Anticorrupción, ordenó el allanamiento a la vivienda del candidato de Morena a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, poniendo en riesgo su integridad y la de su esposa e hijos.

"Presidentas y presidentes progresistas reconocemos al compañero Cruz Pérez por el importante trabajo que ha realizado en favor del Bienestar de los juarences, razón por la que fue electo para contender nuevamente por la presidencia municipal, en apego a sus derechos constitucionales y a la voluntad del pueblo de acudir de manera libre y voluntaria a emitir su voto el próximo 2 de junio.
Por ello, exigimos al gobierno de Chihuahua que respete el proceso electoral y se brinden garantías a todas las candidatas y candidatos para que realicen su labor proselitista con seguridad y en un ambiente de armonía y equidad, que permita que sea únicamente el pueblo quien decida quienes deben ser sus próximas autoridades", señala.

Expresan su solidaridad y respaldo de los gobiernos municipales progresistas, como el de Cruz Pérez Cuéllar.

 


Otorga federación al gobierno de Chihuahua el inmueble del Cereso3 en Juárez

El Gobierno Federal destinó al Gobierno del Estado de Chihuahua, el inmueble federal del Cereso 3 en Ciudad Juárez.

El  04 de marzo de 2022, el Gobierno del Estado de Chihuahua, solicitó se le otorgue el Acuerdo Administrativo de Destino del inmueble federal, para continuar utilizándolo como instalaciones que ocupa el CERESO Tres de Ciudad Juárez, para formar parte del Complejo Judicial del Distrito Judicial Bravos.

El inmueble cuenta con Registro Federal Inmobiliario 8-8923-7, con superficie de 300,281.075 metros cuadrados, ubicado en Calle Barranco Azul sin número, Colonia Toribio Ortega, Código Postal 32675, Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.

El Gobierno del Estado de Chihuahua, deberá custodiar y vigilar el inmueble, quedando obligado a cubrir los gastos necesarios para su conservación y mantenimiento, y demás servicios inherentes que en su caso se generen, así como el correspondiente aseguramiento contra daños del inmueble

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