-De cal y de arena - Documentos y polémicas

Las Agrupaciones Sociales o Asociaciones Ciudadanas en sus diferentes formas (Sindicales, Empresariales, Políticas, etc.) son a la vez homogéneas y heterogéneas.  Son homogéneas por cuanto a los fines, propósitos o causas comunes que comparten los individuos o grupos que se organizan voluntariamente para la defensa, representación o proyección de sus intereses y acciones ante los poderes y Niveles de Gobierno del Estado y/o ante las demás agrupaciones de la sociedad.

Son heterogéneos por cuanto a la diversidad de los intereses, causas y forma de pensar específicos de los individuos que se integran a un grupo y que se reservan su derecho de disensión y participación en las decisiones y acciones del grupo; o de un grupo con relación a una asociación de grupos.

Generalmente entre sus integrantes se da una dinámica interna de presiones y tendencias a imponerse en las decisiones y definición de las acciones tácticas y estrategias a seguir por el conjunto.

La caracterización antes mencionada se aplica a Organismos Cupulares Empresariales como el CCE (Consejo Coordinador Empresarial) y/o a Partidos Políticos como MORENA (Movimiento Regeneración Nacional).

En ellos (como en todas las agrupaciones) conviven e interactúan “Halcones” y “Palomas,” Duros y Blandos, Dialogantes y Confrontadores o antagonistas.

Se han dado a conocer dos Documentos en diferentes momentos y aparentemente sin relación, que debieran leerse entre líneas pues son planteamientos con mensaje y que reflejan ambos, la prevalencia en su redacción de las posiciones duras.

Sin embargo, son documentos que deben tomarse no solo por sus planteamientos duros, sino por su intención general, que nace de una legitima preocupación por los efectos de la emergencia sanitaria y sus efectos negativos en lo económico y social para la población, y que se refleja en “Recomendaciones e Ideas” y en “Propuestas y conclusiones” que coinciden en plantear la búsqueda de “el Acuerdo Nacional” y el “Dialogo”. Son documentos presentados ante la Opinión Pública, pero evidentemente dirigidos al Gobierno de la República. Se puede estar o no de acuerdo  en parte, pero deben tomarse como elementos para el Diálogo y la Negociación  que permitan la convergencia de voluntades y compromisos para enfrentar el periodo de Post-Emergencia y el proceso de recuperación de la “Normalidad” y la reactivación económica y social del país, que se prevé largo y azaroso.

El Documento del CCE plantea en 13 cuartillas 68, ideas -“Recomendaciones” que de hecho- en varias de ellas marcan líneas alternativas de acción gubernamental y llevan implícitos señalamientos que se pueden suponer de modificación al “Plan Nacional de desarrollo” que es el documento rector del Ejecutivo Federal que precisa los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo integral del país y que es también como plan, competencia y facultad del Poder Ejecutivo de la Unión.

Sirvan como referentes los puntos iniciales del 7 al 10 o los de los numerales 24 y 25 del inciso D del capítulo I, o los del 31 al 34 del inciso B del Capítulo II, del propio documento empresarial.

Esto quizá explique la reacción  presidencial haciendo hincapié en la “Rectoría del Estado” al rechazar explícitamente que el Sector Empresarial le marque líneas y tiempos que se refieren a facultades del Ejecutivo Federal. Es sin duda una reacción ruda ante planteamientos (NO TODOS) duros.

Preocupa que al turnar la atención de las Recomendaciones del Consejo Coordinador Empresarial a la Secretaria de Economía, se haya abierto un “IMPASSE” desde su presentación el 6 de mayo pasado.

Afortunadamente, luego se dio a conocer que a través de la Coordinación de MORENA en el Senado se abrió el espacio de Diálogo con el Sector Empresarial, para conocer las conclusiones presentadas.

En contrapartida, en dicho documento hay puntos de disposición expresa a la colaboración como son por ejemplo:

El Numeral 10 del Inciso “C” del Capítulo I, que plantea “CONTINUAR PROMOVIENDO QUE LAS EMPRESAS APOYEN A SUS PROVEDORES incluyendo medidas como acceso a financiamientos, flexibilización de las condiciones  de apoyo para evitar caer en mora, apoyo a arrendatarios y transferencias  de conocimientos y capacitaciones para alcanzar mayor eficiencia operativa. Considerando DE MANERA ESPECIAL a las MiPyMEs de actividades no esenciales que tienen que estar cerradas.

O como el numeral 15 del mismo Capítulo I que plantea: “ESTABLECER UN FONDO ESPECIAL PARA EMITIR FACTORAJE A LAS MiPyMEs que tengan cuentas por cobrar del gobierno, con la participación de inversionistas privados”.

En este punto, recordemos que “El Factoraje” Financiero es una transacción a través de la cual una empresa vende o transfiere sus CUENTAS POR COBRAR a una compañía financiera, con el fin de que esa empresa pueda recibir dinero en efectivo más rápido de lo que sería si realiza la cobranza por sí misma.

Este planteamiento del CCE es fundamental y ya incluso se había declarado que con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo a través de su filial dedicada al apoyo de empresas del Sector Privado se implementaría sin el aval del Gobierno Federal.

No se ha sabido más de este proyecto, pero urge que se materialice, ante la situación no solo presente, sino del futuro POST-COVID 19, que afecta y afectará por lo menos el resto del año a las MiPyMEs, pues es sabida la práctica no solo de los Niveles de Gobierno sino también de muchas grandes empresas, que (salvo excepciones) retrasan, mas que menos, el pago de los bienes y servicios recibidos, a costa de sus proveedores.  Claro que para que sea útil esta propuesta de FACTORAJE debe ser ágil y con interés cero o mínimo.

Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político “MORENA” da a conocer públicamente con fecha 17 de Mayo de 2020, el documento que denominan:

EL BIENESTAR SOCIAL Y LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD PUEDEN INICIAR LOS TRABAJOS PARA EL DIÁLOGO Y EL ACUERDO NACIONAL.

Este documento plantea que “El diálogo y el Acuerdo de Unidad y Solidaridad Nacional tienen que reconstruirse. La magnitud de la emergencia económica y sanitaria así lo demanda”. Y concluye  que “el gran Acuerdo implica modificaciones fundamentales a muestro sistema jurídico.”

Enseguida enumera y precisa cinco cambios Constitucionales, que afirma “….ayudarían a sentar las bases para la discusión de una agenda completa de transformaciones estructurales en el país”.

De estos cambios que se proponen; el PRIMERO plantea que el ESTADO DE BIENESTAR…. debe quedar plasmado de manera explícita en nuestra Carta Magna.” y agrega que “Se trata de convenir la construcción del NUEVO ESTADO que habrá de emerger de la crisis que estamos padeciendo….” La propuesta es muy debatible por diversas razones.

El SEGUNDO plantea que “el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) debe de tener la facultad constitucional  de MEDIR LA CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA  en nuestro país” y agrega dos propuestas más:

“….EL INEGI debe ¡ENTRAR SIN NINGUN IMPEDIMENTO LEGAL!, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas….” y por si faltara algo: “….El INEGI también debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a ¡toda la información financiera y bursátil de las personas!

Esta propuesta es la que particularmente desato la tormenta en el debate público, por su inviabilidad, inoportunidad y sobre todo su ilegalidad, además de que invadía facultades expresas de otras instituciones y dependencias, amén de vulnerar derechos constitucionales fundamentales de los mexicanos.

EL TERCERO es de hecho uno de los dos planteamientos cuyos puntos centrales tendrían viabilidad, desbrozándolos de la carga de intencionalidad político-partidista.

Así el planteamiento que se hace en este punto, de la PROGRESIVIDAD FISCAL que “….debe ser la base sobre la cual todos los mexicanos debemos de contribuir a los gastos del estado y al financiamiento del Estado de Bienestar….” “….la proporcionalidad y la equidad deben dar paso a la justicia y a la progresividad que marquen las leyes….” “….solo la fortaleza fiscal y financiera de los estados puede funcionar sustentablemente y con ingresos recurrentes, verdaderos  sistemas de salud, de educación y de protección del empleo y de generación de riqueza….”

Planteada así, difícilmente habrá quien pueda estar en desacuerdo con la propuesta al margen de enfoques personales; el asunto está  en que debe recordarse que el nuestro es un Régimen Federal y por tanto la “Progresividad Fiscal” como Reforma Fiscal debe asociarse con la Reforma Hacendaria como parte integral de una “REFORMA DE ESTADO” que sin menoscabo de los planteamientos actuales de actores políticos, tendrían que contemplarse en una coyuntura política post-covid 19, que se empatará con el escenario electoral de 2021.

LA CUARTA propuesta establece que “se debe de constituir un CONSEJO FISCAL o un organismo con autonomía y profesionalismo y dependiente del Congreso de la Unión que esté midiendo y evaluando permanentemente la calidad de los ingresos y gastos del Estado Mexicano….”

Curiosamente, esta propuesta coincide (parcialmente) con la del CCE pues ambas plantean la creación de un CONSEJO FISCAL.

La diferencia está en que la del CEN  de MORENA, propone que sea dependiente del Congreso de la Unión para evaluación de la calidad de ingresos y gastos del Estado Mexicano y sus efectos en la redacción de la desigualdad social y regional; mientras que la del CCE habla de un órgano Fiscal independiente integrado por expertos para vigilancia y asesoramiento del gobierno en temas de política fiscal.

La QUINTA y última modificación propuesta plantea que “La Constitución debe dotarse de mayor fortaleza y facultades a la COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA (COFECE).

Esta propuesta tiene fuerte intencionalidad política y es debatible.

Ahora bien, al margen de la polémica sobre este documento, es importante señalar como positiva su conclusión al hacer el llamado a “El Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que) deben de integrar una convocatoria para conciliar a todos los gobiernos estatales y municipales, a los órganos de trabajadores y empresarios, a los partidos políticos y las instituciones de educación superior en este gran diálogo y Acuerdo de unidad y de solidaridad nacional.”

Aquí, habría que decir que para que la promoción y logro de un “Acuerdo Nacional” sea viable, además de involucrar a TODAS las fuerzas y sectores representativos de la Sociedad, debe ser promovida y coordinada por uno de los 3 Poderes de la Unión, específicamente el Ejecutivo o el Legislativo.

     Difícil, pero ojalá.

Dejamos pendientes para comentario subsiguiente 3 Temas.

• La estrategia de reapertura para la  “Nueva Normalidad”
• El controvertido ACUERDO del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) que “suspende” pruebas preoperativas de centrales Eléctricas eólicas y Fotovoltaicas y la revisión de licencias para nuevas centrales.
• La reanudación (o no) de actividades escolares de todos los niveles.

Mientras, siga cuidando su salud  y la de “los demás”.