Corrupción en Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado habría provocado renuncia de Jaime Cárdenas

Aunque el combate a la corrupción es la bandera que ha enarbolado Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su carrera como político opositor y la que, en gran medida, lo llevó a la silla presidencial; lo cierto es que es un cáncer que se está comiendo al gobierno de la Cuarta Transformación y que no se está atacando.

Muestra de ello hay varios casos (Manuel Barttlet, las asignaciones a las empresas de su hijo, Pío López Obrador recibiendo dinero), pero el más reciente ha ocurrido en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), el cual fue creado por el presidente quien ordenó transformar al antiguo Servicio y Enajenación de Bienes (SAE) de Hacienda, en un instituto emblemático de la 4T.

Y es que su titular, Jaime Cárdenas -una figura muy cercana a López Obrador desde hace años y quien fue nombrado hace tres meses en el cargo-, renunció al Indep a través de una carta de tres cuartillas enviada al mandatario (la cual hizo pública), en la que denuncia irregularidades y corrupción en los procesos de valuación y subastas de los bienes decomisados por el Estado, además de conductas ilegales de servidores públicos que manipulaban joyas y alteraban las piezas subastadas.

En el tercer apartado de su carta titulado “Combate a la corrupción”, Cárdenas dice, textual: “1. Encontramos al inicio de nuestra función probables irregularidades administrativas –procedimientos de valuación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional (el mayor beneficio para el Estado), mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al Indep, y conductas de servidores públicos contrarias a las normas–. En consecuencia, hemos presentado denuncias administrativas del órgano interno de control. 2. Por la manipulación de distintas piezas de joyería, hemos presentado las denuncias penales a la Fiscalía General de la República”.

Pero, en respuesta y desde su conferencia mañanera, el presidente se refirió así a la renuncia de quien fuera el abogado y representante electoral del candidato López Obrador en su campaña presidencial y que también se desempeñó como consejero electoral del desaparecido IFE.

“Hay personas brillantes, con convicciones, pero que nomás no dan el ancho para la administración pública”, dijo López Obrador este martes 22 de septiembre.

De acuerdo con el periodista Salvador García Soto en su columna de El Universal, consideró que la denuncia de corrupción en el Indep no debió ser sorpresiva para el presidente López Obrador ni se gestó en los tres meses que Cárdenas ocupó el cargo.

Recordó que la abrupta salida de su primer director, Ricardo Rodríguez Vargas, ocurrida el 2 de junio pasado y la cual se manejó como “renuncia”, en realidad fue “un cese fulminante” ordenado por el presidente, lo que -a consideración del periodista- confirma que en Palacio Nacional supieron desde entonces que se estaban cometiendo graves irregularidades y manipulaciones en las subastas y el manejo de los bienes decomisados y en propiedad del gobierno federal.

Salvador García Soto asegura que fuentes de la Presidencia de la República aseguran que López Obrador ordenó destituir a Ricardo Rodríguez cuando se enteró de esas manipulaciones cometidas en varias subastas. Una de ellas tuvo que ver con la venta de una casa de Jardines del Pedregal en 49 millones de pesos, al empresario Alejandro del Valle, quien adquirió la propiedad junto con su hijo, ganando la subasta del inmueble que en su momento perteneció al narcotraficante Amado Carrillo “El Señor de los cielos”.

Del Valle es socio del empresario tabasqueño Carlos Cabal Peniche, quien también habría sido beneficiado por Ricardo Rodríguez con la venta, también en subasta, de un terreno de 8 mil metros cuadrados en Calkiní, Campeche, una zona selvática y de playa con un alto valor comercial, por la cual Cabal sólo pagó 8.9 millones de pesos al Indep.

Cuando el presidente se enteró de esas transacciones -dijeron las fuentes consultadas por García Soto-, montó en cólera y ordenó el cese de Ricardo Rodríguez, pero para que no se hiciera escándalo ni se supieran los motivos de corrupción para destituirlo, el propio López Obrador anunció el cambio y dijo en su conferencia mañanera que iba a proponer a Rodríguez en una terna al Senado para integrar la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon), algo que nunca sucedió.

El mismo día del relevo, López Obrador presentó a Jaime Cárdenas Gracia como el nuevo director del Indep y, en privado, le pidió que fuera a revisar y a poner orden en lo que ocurría al interior del Indep.

Eso hizo Cárdenas -dijo el periodista-  y comenzó a documentar cómo los empleados y directivos del instituto manipulaban no solo los bienes, sino los procedimientos de valuación para favorecer a empresas o a particulares previamente determinados y acordados que después ganaban los bienes propiedad del Estado en las subastas también manipuladas.

Salvador García Soto destacó que al parecer, el abogado Cárdenas Gracia hizo justamente lo que el presidente le encargó: se metió a fondo y detectó las irregularidades y las prácticas ilegales de directivos y empleados del Indep. Documentó la corrupción y procedió a denunciarla, incluso ante la FGR, pero algo ocurrió que las denuncias no han prosperado ni se ha limpiado la corrupción que infestó al antiguo Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

El periodista concluyó con la siguiente reflexión. “Tal vez a la hora de denunciar la corrupción, Cárdenas no encontró apoyo del presidente y prefirió presentar su renuncia pública y dejar constancia en ella de lo que está ocurriendo en el emblemático instituto de la 4T, que en lugar de ‘devolverle al pueblo lo robado’ parece que se dedicó, a decir de su exdirector, a ‘robarle al pueblo lo devuelto’”, finalizó.

Con información de Infobae

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Autoridades locales de México en defensa de Cruz se lanzan contra Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua 

La Mesa Directiva de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. -AALMAC-, emitió en un comunicado en donde "condena" agresiones en contra del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar de las que culpa a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de la que es titular Abelardo Valenzuela.

Señalan que a través Fiscalía Anticorrupción, ordenó el allanamiento a la vivienda del candidato de Morena a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, poniendo en riesgo su integridad y la de su esposa e hijos.

"Presidentas y presidentes progresistas reconocemos al compañero Cruz Pérez por el importante trabajo que ha realizado en favor del Bienestar de los juarences, razón por la que fue electo para contender nuevamente por la presidencia municipal, en apego a sus derechos constitucionales y a la voluntad del pueblo de acudir de manera libre y voluntaria a emitir su voto el próximo 2 de junio.
Por ello, exigimos al gobierno de Chihuahua que respete el proceso electoral y se brinden garantías a todas las candidatas y candidatos para que realicen su labor proselitista con seguridad y en un ambiente de armonía y equidad, que permita que sea únicamente el pueblo quien decida quienes deben ser sus próximas autoridades", señala.

Expresan su solidaridad y respaldo de los gobiernos municipales progresistas, como el de Cruz Pérez Cuéllar.

 


Otorga federación al gobierno de Chihuahua el inmueble del Cereso3 en Juárez

El Gobierno Federal destinó al Gobierno del Estado de Chihuahua, el inmueble federal del Cereso 3 en Ciudad Juárez.

El  04 de marzo de 2022, el Gobierno del Estado de Chihuahua, solicitó se le otorgue el Acuerdo Administrativo de Destino del inmueble federal, para continuar utilizándolo como instalaciones que ocupa el CERESO Tres de Ciudad Juárez, para formar parte del Complejo Judicial del Distrito Judicial Bravos.

El inmueble cuenta con Registro Federal Inmobiliario 8-8923-7, con superficie de 300,281.075 metros cuadrados, ubicado en Calle Barranco Azul sin número, Colonia Toribio Ortega, Código Postal 32675, Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.

El Gobierno del Estado de Chihuahua, deberá custodiar y vigilar el inmueble, quedando obligado a cubrir los gastos necesarios para su conservación y mantenimiento, y demás servicios inherentes que en su caso se generen, así como el correspondiente aseguramiento contra daños del inmueble

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