Integrantes de la organización Bowerasa, de la comunidad de Báqueachi en el municipio de Carichí realizaron un pronunciamiento en la Cruz de Clavo para exigir justicia por el homicidio del activista Ernesto Rábago Martínez a 11 años de impunidad.
En el acto cívico estuvo presente su esposa Estela Mondragón quien a raíz de su activismo social ha sido víctima de diversas agresiones, uno de ellos derivó en el asesinato de su pareja.
Ernesto Rábago fue asesinado a dos cuadras de Palacio de Gobierno, recibió dos disparos por arma de fuego mientras trabajaba en el despacho de Bowerasa.
La comunidad de Báqueachi señaló que son ya tres administraciones estatales que se comprometen a dar justicia al activista y hasta el momento, sigue sin darse el esclarecimiento de los hechos.
A continuación, se presenta de manera íntegra el posicionamiento de la organización Bowerasa:
A la población en general.
A los medios de comunicación.
Al Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche.
Al Fiscal Especializado en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos, Francisco González Arredondo.
Ernesto Rábago: a 11 años de su asesinato impune
En 33 juicios ejecutados para la recuperación de su territorio, el Pueblo Indígena de Bakéachi encontró la justicia, una justicia que les dejó un sabor amargo al costarles varios atentados en contra de la defensora y abogada Estela Ángeles Mondragón que derivaron en el asesinato aún impune de su compañero el licenciado Ernesto Rábago Martínez.
Bakéachi, de la mano de la Asociación Civil Bowerasa (Haciendo Camino), es un referente a nivel nacional e internacional por la lucha que la Comunidad Rarámuri emprendió para recuperar su territorio, para ser reconocidos como dueños de su tierra, invadida por caciques mestizos y ganaderos de los municipios de Carichí y Nonoava, en el estado de Chihuahua.
Pero su lucha no ha terminado. Este primero de marzo se cumplen 11 años del artero homicidio en contra del abogado, quien, a unas cuadras del Palacio de Gobierno, recibió dos balazos mientras trabajaba en el despacho de Bowerasa.
En este lapso, funcionarios de tres administraciones de gobierno se han comprometido con la Comunidad Rarámuri y su abogada a impulsar seriamente el avance de la investigación para esclarecer el caso, promesa que, a la fecha, sigue lejana.
La contingencia por COVID-19 ha obligado a la población a aislarse, pero, para el pueblo de Bakéachi, la pandemia que enfrentan es el abandono, por ello, un año más alzan la voz para preguntarle al Estado ¿dónde está la justicia?, ¿quién se la llevó?, ¿quien la tiene?, ¿quién la secuestró?, ¿para quién es?
En el caso de Ernesto, es clara la violación al debido proceso por la negligencia con la que se han conducido desde el inicio, las diversas autoridades que han intervenido en la integración del expediente, pues no existe ningún avance tangible en la investigación.
En este onceavo aniversario, insistimos en que la justicia es darle a cada quién lo que es suyo, por eso exigimos, una vez más, que se realice una investigación seria, exhaustiva, oficiosa, imparcial y responsable que culmine con la detención y castigo para los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Ernesto.
Wa’ru matétere ba