Violencia política impera en las elecciones 2021; expertos aseguran que serán las más sangrientas

El asesinato de Alma Rosa Barragán, candidata de MC a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, en pleno acto proselitista el martes 25, ocurrió una semana después de que en ese mismo municipio Juan Guzmán Ramírez, candidato del PRI-PRD a una diputación local, resultó herido en un atentado.

El lunes 17, la dirigente estatal del PES en Guanajuato, Rosario Cañada Melecio, había denunciado públicamente la infiltración del crimen organizado en los comicios en siete municipios del sur del estado, donde se encuentra Moroleón.

Tal como lo dice Proceso en su semanario, Guanajuato es sólo una muestra de un fenómeno multifactorial que está ensombreciendo las campañas electorales rumbo al 6 de junio: la violencia política, la cual se manifiesta en asesinatos, atentados, secuestros y amenazas contra candidatas y candidatos a cargos de elección popular, en muchos casos cometidos por grupos del crimen organizado o que responden a disputas políticas por el poder local.

Considerados los comicios más grandes de la historia porque se renovarán 21 mil cargos en el país, se trata también del que se perfila para ser el proceso electoral más violento en la historia reciente, que hasta ahora es el de 2017-2018, cuando fueron asesinados 48 precandidatos y candidatos, de acuerdo con el conteo de la consultoría Etellekt, mediante el monitoreo de fuentes abiertas.

En la contienda actual van 34 asesinatos de aspirantes, del 7 de septiembre de 2020 al corte del martes 25, día de la ejecución de Barragán, según la misma compañía consultora.

Mientras que se han registrado 88 asesinatos de políticos al 25 de mayo, en las presidenciales de 2018 el saldo final fue de 152. Aunque el gobierno federal, a través de la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, reconoce el asesinato de 13 candidatas y candidatos en su informe al corte del viernes 21.

Sin embargo, Etellekt, que dirige Rubén Salazar, señala que en el balance total de agresiones, sí se toman en cuenta amenazas, secuestros, intimidaciones, robos y atentados, hasta el 30 de abril pasado estos comicios habían superado en 64 por ciento las cifras de violencia hasta el mismo corte del periodo electoral pasado, con más de 476 agresiones contra políticos, 282 contra aspirantes y candidatos.

Amalia Pulido, profesora investigadora de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, explica que se vive una crisis de violencia política y que ésta podría ser la elección más violenta desde los 80, sobre todo porque es una elección intermedia en condiciones complicadas por la pandemia.

En el pasado fueron asesinatos abiertamente perpetrados por temas políticos. El primer asesinato electoral de la época reciente, en vísperas de las votaciones federales de 1988 fue el de los perredistas Francisco Javier Ovando y Ramón Gil, colaboradores de Cuahtémoc Cárdenas, quienes eran responsables del cómputo electoral de la coalición Frente Democrático Nacional.

Los 90 quedaron marcados por el asesinato de 1994 de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia; y el país fue sacudido en 2010 por el homicidio del aspirante del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú.

Mientras el presidente acusa que los medios de comunicación magnifican la violencia durante el proceso electoral para enrarecer el ambiente, “es amarillismo”, dijo, los especialistas ven que se enmarca en una disputa por el territorio de grupos del crimen organizado a nivel local o en luchas entre candidatos por el poder en regiones históricamente conflictivas.

De acuerdo con Etellekt, de los 34 asesinatos de candidatas y candidatos, 29 buscaban competir en el ámbito municipal y 89 por ciento eran opositores al gobierno local en turno. 


Tomado de Vanguardia con información de Proceso

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Autoridades locales de México en defensa de Cruz se lanzan contra Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua 

La Mesa Directiva de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. -AALMAC-, emitió en un comunicado en donde "condena" agresiones en contra del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar de las que culpa a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de la que es titular Abelardo Valenzuela.

Señalan que a través Fiscalía Anticorrupción, ordenó el allanamiento a la vivienda del candidato de Morena a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, poniendo en riesgo su integridad y la de su esposa e hijos.

"Presidentas y presidentes progresistas reconocemos al compañero Cruz Pérez por el importante trabajo que ha realizado en favor del Bienestar de los juarences, razón por la que fue electo para contender nuevamente por la presidencia municipal, en apego a sus derechos constitucionales y a la voluntad del pueblo de acudir de manera libre y voluntaria a emitir su voto el próximo 2 de junio.
Por ello, exigimos al gobierno de Chihuahua que respete el proceso electoral y se brinden garantías a todas las candidatas y candidatos para que realicen su labor proselitista con seguridad y en un ambiente de armonía y equidad, que permita que sea únicamente el pueblo quien decida quienes deben ser sus próximas autoridades", señala.

Expresan su solidaridad y respaldo de los gobiernos municipales progresistas, como el de Cruz Pérez Cuéllar.

 


Otorga federación al gobierno de Chihuahua el inmueble del Cereso3 en Juárez

El Gobierno Federal destinó al Gobierno del Estado de Chihuahua, el inmueble federal del Cereso 3 en Ciudad Juárez.

El  04 de marzo de 2022, el Gobierno del Estado de Chihuahua, solicitó se le otorgue el Acuerdo Administrativo de Destino del inmueble federal, para continuar utilizándolo como instalaciones que ocupa el CERESO Tres de Ciudad Juárez, para formar parte del Complejo Judicial del Distrito Judicial Bravos.

El inmueble cuenta con Registro Federal Inmobiliario 8-8923-7, con superficie de 300,281.075 metros cuadrados, ubicado en Calle Barranco Azul sin número, Colonia Toribio Ortega, Código Postal 32675, Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.

El Gobierno del Estado de Chihuahua, deberá custodiar y vigilar el inmueble, quedando obligado a cubrir los gastos necesarios para su conservación y mantenimiento, y demás servicios inherentes que en su caso se generen, así como el correspondiente aseguramiento contra daños del inmueble

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