Impulsa Rafael Espino reformas para instituir la política de integridad en la Ley de Responsabilidades Administrativas

El senador de Morena, Rafael Espino propuso reformar la  Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que los servidores públicos actúen con principios de integridad y que de ninguna forma pretendan “beneficiarse del cargo que ostente, sea del nivel que sea”; con el objetivo de fortalecer y perfeccionar las acciones encaminadas al buen servicio público y sus relaciones con los particulares desde la perspectiva de la integridad, como un principio que rige la función pública y elemento fundamental del proyecto que se pone a su consideración.

Deberán elaborar su Política de Integridad que cuente con los elementos mínimos de:

I. Un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo, en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura;

II. Un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de la organización, que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real;

III. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que examinen de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización;

IV. Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan de forma contraria a las normas internas o a la legislación mexicana;

V. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las medidas de integridad que contiene este artículo;

VI. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación. Estas políticas en ningún caso autorizarán la discriminación de persona alguna motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y 

VII. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses.

La Secretaría, elaborará las normas, lineamientos y disposiciones necesarias para la elaboración de la Política de Integridad a que se refiere el presente artículo, así como, su promoción dentro del Sistema Nacional Anticorrupción.

En el diseño y supervisión de los mecanismos a que se refiere el artículo anterior, se considerarán las mejores prácticas internacionales sobre controles, ética e integridad entre la función pública y los particulares, además de incluir medidas que inhiban la práctica de conductas irregulares, que orienten a los servidores públicos, así como, a los socios, directivos y empleados de las empresas sobre el cumplimiento del programa de integridad derivado del conocimiento y aplicación de la Política de Integridad.