Miles de policias marcharon en Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez

Las organizaciones de policías nacionales, guardias civiles y policías locales marcharon este sábado en la Puerta del Sol de Madrid en la “gran manifestación” contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como ley mordaza.

Es la primera vez en democracia que agentes salen a la calle para reclamar algo más que mejoras salariales y laborales. La protesta, convocada bajo el lema No a la inseguridad ciudadana ha contado con la presencia de líderes del PP, Vox y Ciudadanos.

Los organizadores aseguran que en las calles hubo 150.000 personas, las autoridades cifraron la movilización en 20.000.

La ley elimina por ejemplo la prohibición de difundir las imágenes de los policías sin contar con autorización previa, flexibiliza las normas de las manifestaciones sin autorización, estipula que las personas que son retenidas y se niegan a identificarse pueden ser retenidas en comisaria dos horas en lugar de seis y estipula que la cuantía de las multas en caso de infracción dependerá de la solvencia del manifestante.

La marcha se inició a las 10.30 (GMT) en la Puerta del Sol y finalizó alrededor de las 13 (GMT) en las puertas del Ministerio del Interior con la lectura de un manifiesto.

La cita congregó a los máximos dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, se hizo presente en la marcha antigubernamental. “No puede ser que un Gobierno defienda a los delincuentes. Marlaska (el ministro del Interior) está muy ocupado acercando presos etarras (miembros de una organización terrorista nacionalista vasca) con delitos de sangre. Han excarcelado 200 etarras modificando el Código Penal. El Gobierno deja tirados a los jueces, a la Policía y a la Guardia Civil”, dijo Casado, según el diario ABC de España.

Casado estuvo acompañado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. También participaron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder de Vox, Santiago Abascal. “Estamos aquí contra una ley aprobada por el Gobierno junto a todos los enemigos de España y del orden constitucional”, manifestó Abascal.

La marcha transcurrió por el centro de Madrid bajo el lema “No a la Inseguridad Ciudadana”, y contó con el apoyo de unas 40 organizaciones policiales, entre ellos sindicatos representativos de la Policía Nacional y locales, así como de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil.

También fue respaldada por organizaciones policiales representativas del País Vasco y de Navarra, aunque no así de los Mossos d’Esquadra (policía autonómica de Cataluña).

Los convocantes incluyeron a una docena de organizaciones representativas de los policías locales y bomberos, así como a otros sindicatos como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que la semana pasada anunció que “miles de policías locales de toda España” acudirían a la marcha de este sábado.

Según JUSAPOL, a la manifestación unas 150 mil personas. Sin embargo, desde el Gobierno afirman que fueron alrededor de 20 mil los asistentes.

 

Quejas por las enmiendas presentadas

Tanto desde el Gobierno como el PSOE y Unidas Podemos han lanzado mensajes en las últimas horas señalando que la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana aprobada por la mayoría absoluta del PP en 2015 se llevará a cabo porque es un compromiso de los socios del Ejecutivo, respaldado por otros partidos como PNV, ERC o EH Bildu.

Los socios del Gobierno apuntan que la reforma de la ley mordaza lo que busca es dar mayor garantía y seguridad jurídica tanto a los manifestantes como a los policías, como sostiene Marlaska. Los sindicatos, sin embargo, critican al Ejecutivo que haya lanzado una reforma “arbitraria” porque no se ha contado con la opinión de las organizaciones policiales.

El proceso de enmiendas para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ha levantado quejas entre los policías por la regulación en la difusión de imágenes grabadas a los agentes en el ejercicio de su actividad profesional. El proyecto de reforma pretende adecuar la ley a una sentencia del Tribunal Constitucional que dictaminó que exigir autorización para utilizar imágenes de la policía era “inconstitucional” porque equivalía a una “censura previa”.

Las organizaciones policiales dicen que esta reforma eliminaría la protección de las fuerzas policiales y de seguridad, pondría en peligro la seguridad pública y reduciría la capacidad operativa para detener manifestaciones violentas.

“Decimos no a esta reforma. Creemos que la ley debe adaptarse a los tiempos que corren y debe ser reformada, pero nunca hay que atropellar los derechos de los responsables de la seguridad que trabajan con esta ley todos los días”, dijo a los periodistas el presidente de la asociación de policías Jusapol, Miguel Ángel Gómez.

Según la ley actual, el uso no autorizado de imágenes de policías que puedan poner en peligro su seguridad es un delito grave, y los infractores se arriesgan a multas de 600 a 10.400 euros. Las reformas también proponen cambios en las multas, que serían proporcionales a los ingresos de los infractores, y en los equipos antidisturbios, que posiblemente sean los medios menos dañinos a utilizar.

El líder del Partido Popular aseguró apoyar totalmente las demandas de los manifestantes. “Es algo insólito que por primera vez en democracia, aquellos que se juegan la vida por protegernos se tengan que manifestar porque se les deja desprotegidos”, dijo Casado.

En la protesta también participaron el líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, e Inés Arrimadas, responsable del partido de centro-derecha Ciudadanos.

Esta ley “desprotege más a la policía y los criminaliza, pone el foco de la duda siempre a los policías y está más del lado de los que atacan a la policía”, dijo Arrimadas,. “Estamos cansados ya que en España tengan más protección los delincuentes que los policías”, agregó.

 

Con información de Europa Press

Tips al momento

Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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