Así protegió el gobierno de Cuauhtémoc Blanco al “Ray”, líder del CJNG en Morelos

Después de que Raymundo Castro Salgado, el Ray, se retirara impunemente de una escena del crimen en un restaurante de Cuautla, frente a una multitud de policías estatales, tres semanas después fue encarcelado en el penal de Atlacholoaya por un supuesto incidente de tránsito.

El lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Morelos ingresó a dicho centro penitenciario a las 3:30 de la madrugada del 8 de mayo de 2019. De acuerdo con las declaraciones del personal administrativo y de seguridad y custodia, tomadas por el periodista Héctor de Mauleón, el coordinador del sistema penitenciario en Morelos, Israel Pone de León, giró instrucciones para que el jefe de plaza fuera recibido con alfombra roja en Atlacholoaya y recibiera un trato especial haciéndole llegar “todo lo que pidiera”.

Dichas órdenes, según los custodios del penal, provenían del director general operativo del Cereso, Raúl Colín Martínez, y el comandante Armando Carmona, jefe de seguridad de Atlacholoaya. Al Ray se le alojó en una zona privilegiada y de confort conocida como “El Paraíso”. Ahí los presos pueden tener acceso a teléfonos celulares, pantallas de alta definición, sillones reclinables y frigobar.

Castro Salgado disfrutó de todos esos privilegios y de algunos más como vino, permisos para dejar entrar a mujeres ajenas al penal, así como visitas de amigos y algunos de sus colaboradores. El Ray se hallaba totalmente separado del resto de la población y la orden de protegerlo, según De Mauleón, había llegado “desde arriba”.

Fue cuestión de tiempo para que Castro Salgado, bajo el amparo de las autoridades del penal, se hiciera con el control de la venta de drogas, de licor, extorsiones y cobro de piso al interior de Atlacholoaya. Sin embargo, aquello solo generó molestias y fricciones entre diferentes grupos de internos que más de una vez desembocaron en peleas y homicidios.

El martes 29 de octubre ocurrió algo que ya habían previsto los custodios: a las once de la mañana, en el área del gimnasio, estalló un motín que más tarde se supo tenía como objetivo asesinar al Ray. En un primer momento, el gobierno de Morelos negó que se hubiera dado un motín, ni “suceso alguno que ponga en riesgo la estabilidad” del centro. Más tarde se supo que hubo una segunda riña hacia la una de la tarde y que en esta varios internos “se picaron”, dejando como saldo un muerto y dos heridos.

Al día siguiente, a las 8:30, la violencia volvió a estallar. Cuatro custodios fueron sometidos. Diversos reos se encerraron en sus celdas. Se sabía que algo grave iba a ocurrir. El centro permaneció en poder de los reclusos durante casi cuatro horas. De acuerdo con personal administrativo, así como de seguridad y custodia, ese día, hacia las ocho de la mañana, se permitió el ingreso de siete sujetos ajenos al penal. Más tarde alguien vio cómo se llevaban al Ray hacia el patio. Iba sangrando de un costado, a la altura de la cintura.

El jefe de plaza del Cártel Jalisco recibió decenas de heridas provocadas por instrumento punzocortante y decenas de golpes contusos. Al final se encontró una escena fuertemente violenta. A uno de los cadáveres le habían rociado gasolina y prendido fuego, provocándole quemaduras “de manera generalizada, con predominio facial, temporal y occipital derechos”. Era el Ray.

Para llegar hasta él, sus verdugos habían tenido que pasar tres filtros. Alguien posiblemente les facilitó el acceso. “Los accesos son difíciles de cruzar, llegar al patio no es fácil y además en las torres hay gente armada: el motín fue articulado desde arriba”, relató uno de los testigos.

Una de las hipótesis es que los funcionarios del gobernador Cuauhtémoc Blanco, por razones aún desconocidas, decidieron dejar de proteger al líder criminal.

Con información de Infobae

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A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.

“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.

En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.

Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.

Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.

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