Corte Suprema de EU dio luz verde a Biden para terminar el programa “Quédate en México”
La Corte Suprema de Estados Unidos se decantó este jueves favor del gobierno de Joe Biden respecto al programa Quédate en México y con ello le permitió acabar con este mecanismo migratorio que obliga a los solicitantes de asilo en ese país a esperar en territorio mexicano hasta que su caso sea resuelto, proceso que puede demorar meses o años.
El plan Quédate en México fue implementado por su antecesor, Donald Trump, luego de una negociación con el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que México acogiera a miles de migrantes en su zona fronteriza.
Formalmente denominada como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), esta política fue aplicada desde enero de 2019 por la Administración Trump y al llegar a la Casa Blanca, Biden intentó suspenderla en octubre de 2021, por ser una medida “ineficaz e inhumana”.
A pesar del intento del presidente demócrata por terminar con esta política migratoria, se topó con la resistencia de un bloque de gobernadores y legisladores republicanos. De este modo, un juez de un tribunal del estado de Texas ordenó al gobierno federal que se restableciera “de buena fe”.
El 6 de diciembre, Estados Unidos reactivó parcialmente el programa para cumplir con esa orden judicial, mientras seguía adelante con un recurso interpuesto ante el tribunal de apelación, que dio la razón a la corte de distrito.
Mientras tanto, se mantuvo vigente el Título 42, una medida que permite a los agentes de la patrulla fronteriza deportar de manera inmediata a los solicitantes de asilo, bajo el argumento de un riesgo sanitario por la pandemia de coronavirus.
Al esfuerzo de la Casa Blanca se sumaron 18 fiscales estatales, encabezados por el fiscal general de California, Rob Bonta.
Este grupo de fiscales solicitó el 21 de marzo al Tribunal Supremo defender las protecciones humanitarias para los solicitantes de asilo y rechazar la continuación del programa “Quédate en México”.
Los procuradores presentaron un “amicus brief” en el que instaron al Supremo a revocar la decisión del Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones que obligó a reinstalar el programa “Protocolos de Protección a Migrantes” al fallar en favor de una demanda encabezada por Texas, pues calificaron esa decisión de “errónea”.
El papel de la Suprema Corte
La Casa Blanca solicitó al máximo tribunal revisar el fallo judicial emitido en diciembre de 2021 por una corte de apelaciones que le ordenó mantener los Protocolos de Protección al Migrante ejecutados desde 2019.
En febrero de 2022 la Corte Suprema finalmente aceptó examinar si el gobierno estadounidense puede poner fin al programa “Quédate en México”.
El viernes 18 de febrero el tribunal, donde seis de los nueve magistrados son conservadores, “otorgó certiorari”, es decir aceptó el caso y señaló que la audiencia de alegatos sería en abril.
Sin embargo, el fallo demoró un par de meses y para sorpresa de muchos republicanos, dio la razón al gobierno de Joe Biden.
Activistas pedían el fin del programa Quédate en México
Sus detractores, entre ellos las asociaciones de defensa de los migrantes, estiman que Quédate en México expone a los solicitantes de asilo a situaciones peligrosas en la frontera y a condiciones precarias.
El flujo de migrantes por México, en su mayoría centroamericanos, ha aumentado bajo la presidencia de Biden debido a sus promesas de una política migratoria “justa y humana”.
El número de personas interceptadas al cruzar la frontera sur desde que Biden fue investido se eleva a 2.407.524, de las cuales 1.778.564 provenían de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, según cifras oficiales estadounidenses.
La administración de Biden atribuye esta ola migratoria a la pobreza, la violencia, la corrupción y los efectos del cambio climático en la región.
Con información de Infobae
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Autoridades locales de México en defensa de Cruz se lanzan contra Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua
La Mesa Directiva de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. -AALMAC-, emitió en un comunicado en donde "condena" agresiones en contra del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar de las que culpa a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de la que es titular Abelardo Valenzuela.
Señalan que a través Fiscalía Anticorrupción, ordenó el allanamiento a la vivienda del candidato de Morena a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, poniendo en riesgo su integridad y la de su esposa e hijos.
"Presidentas y presidentes progresistas reconocemos al compañero Cruz Pérez por el importante trabajo que ha realizado en favor del Bienestar de los juarences, razón por la que fue electo para contender nuevamente por la presidencia municipal, en apego a sus derechos constitucionales y a la voluntad del pueblo de acudir de manera libre y voluntaria a emitir su voto el próximo 2 de junio.
Por ello, exigimos al gobierno de Chihuahua que respete el proceso electoral y se brinden garantías a todas las candidatas y candidatos para que realicen su labor proselitista con seguridad y en un ambiente de armonía y equidad, que permita que sea únicamente el pueblo quien decida quienes deben ser sus próximas autoridades", señala.
Expresan su solidaridad y respaldo de los gobiernos municipales progresistas, como el de Cruz Pérez Cuéllar.
Otorga federación al gobierno de Chihuahua el inmueble del Cereso3 en Juárez
El Gobierno Federal destinó al Gobierno del Estado de Chihuahua, el inmueble federal del Cereso 3 en Ciudad Juárez.
El 04 de marzo de 2022, el Gobierno del Estado de Chihuahua, solicitó se le otorgue el Acuerdo Administrativo de Destino del inmueble federal, para continuar utilizándolo como instalaciones que ocupa el CERESO Tres de Ciudad Juárez, para formar parte del Complejo Judicial del Distrito Judicial Bravos.
El inmueble cuenta con Registro Federal Inmobiliario 8-8923-7, con superficie de 300,281.075 metros cuadrados, ubicado en Calle Barranco Azul sin número, Colonia Toribio Ortega, Código Postal 32675, Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.
El Gobierno del Estado de Chihuahua, deberá custodiar y vigilar el inmueble, quedando obligado a cubrir los gastos necesarios para su conservación y mantenimiento, y demás servicios inherentes que en su caso se generen, así como el correspondiente aseguramiento contra daños del inmueble
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