Empresa implicada en presunto fraude al ISSSTE regresa más de 950 mdp; la indagatoria por corrupción sigue

La empresa Selecciones Médicas del Centro, SA de CV, perteneciente a uno de los principales grupos farmacéuticos del país, le regresó al ISSSTE más de 950 millones de pesos que había obtenido en una presunta operación fraudulenta en el actual sexenio. Esto, mientras continúa la investigación penal en contra de ocho exfuncionarios, entre ellos, el exabogado del propio instituto, por delitos de corrupción.

Autoridades federales confirmaron a Animal Político que la empresa perteneciente al consorcio Grupo Fármacos Especializados —señalada de haber acaparado la compra de medicamentos en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto— entregó más de 100 millones por concepto de intereses y 831 millones 302 mil 409 pesos relacionados con el monto del posible fraude.

Como este medio reveló en diciembre pasado, la operación irregular tuvo como origen un doble pago que los entonces funcionarios del ISSSTE realizaron entre 2019 y 2020. Aun cuando el dinero acaba de ser pagado, la fiscalía indicó que las investigaciones siguen en desarrollo en contra de todos los implicados.

El pasado 27 de abril, un juez federal consideró que había elementos suficientes para abrir proceso en contra de los exfuncionarios señalados por la FGR por su probable responsabilidad en los delitos de uso ilícito de atribuciones, ejercicio ilícito del servicio público y abandono de la defensa. Entre los implicados se encuentra el que fuera director jurídico del instituto hasta enero pasado, José Febo Trujeque Ramírez.

El juez dio un plazo de tres meses para que continuara la investigación complementaria, periodo que vence el próximo 25 de julio. En caso de no desistir, lo que no ha ocurrido hasta ahora, la fiscalía deberá presentar la acusación para ir al juicio.

Trujeque Ramírez confirmó a este medio que sigue vinculado a proceso y con las restricciones que le impiden salir del país. Este lunes, le solicitó a la jueza responsable del proceso permiso para poder irse de vacaciones al extranjero, pero los fiscales se negaron bajo el argumento de que el caso continúa y sigue bajo proceso.

La devolución del dinero realizada por la empresa se había dado a conocer solo de forma interna durante un informe de labores de la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizado la semana pasada. En dicho evento, la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Thalía Concepción Lagunes, indicó que la empresa entregó el dinero, aunque hubo supuestas resistencias de la actual directora jurídica del instituto para recibir esos recursos.

“No me sorprende que la empresa haya hecho la devolución, pues en algún momento lo tenía que advertir contablemente con las consecuencias penales que ello podría traer. Lo que sí me sorprende es la posición de la actual directora jurídica del ISSSTE, que se negaba a recibirlo, pese a la instrucción de la consejera jurídica y de la oficial mayor”, declaró en entrevista Trujeque Ramírez.

Sobre estos hechos, el área de comunicación del ISSSTE confirmó que el dinero efectivamente se recibió, pero no emitió mayores comentarios.

¿Error humano o corrupción organizada?

Durante la audiencia inicial —realizada en varias sesiones del pasado mes de abril—, los fiscales del caso señalaron que los implicados presuntamente actuaron con dolo y fueron omisos, no tuvieron comunicación con sus superiores, no verificaron y no atendieron normas y protocolos, lo que provocó que el ISSSTE, durante la gestión de Luis Antonio Ramírez Pineda, perdiera un juicio mercantil y pagara en dos ocasiones a la empresa Selecciones Médicas del Centro.

Los fiscales en su momento detallaron una cadena de actos. Por ejemplo, Juan Carlos Larrieu Creel, quien ocupó el cargo de subdirector de Infraestructura de la Dirección de Administración del ISSSTE, dejó su puesto en diciembre de 2018, pero no avisó que había cuentas por pagar con la empresa Selecciones Médicas del Centro, lo que generó un juicio mercantil que finalmente la institución perdió.

A Sebastián López Herrera, quien se desempeñaba como jefe de Servicios de la Coordinación Administrativa de la Dirección de Administración, se le vinculó a proceso por su presunta participación en dos delitos, uno de ellos relacionado al uso ilícito de atribuciones, pues firmó documentos con un cargo que supuestamente no tuvo un nombramiento formal.

Ante el juzgado, el exdirector jurídico, José Febo Trujeque Ramírez, acusó al actual director del instituto, Pedro Zenteno Santaella, de cometer presuntas omisiones y que desde su oficina se emitieron “documentos falsos”, pues anteriormente él era director administrativo. 

En la audiencia, Febo Trujeque mostró un documento firmado por un funcionario subordinado de Pedro Zenteno y fechado a mediados de 2019, que decía que no se habían realizado los pagos a la empresa Selecciones Médicas del Centro. Sin embargo, entre enero y diciembre de 2019, y en medio del litigio, se emitieron 760 facturas como pagos que finalmente alcanzaron la cifra de más de 790 millones de pesos.

Juan Daniel Álvarez Santillán y Juan Manuel Estañol, quienes laboraban en el área jurídica del ISSSTE, fueron vinculados a proceso por abandono de defensa, pues presuntamente no agotaron todos los recursos legales en el juicio mercantil del instituto contra la empresa Selecciones Médicas del Centro.

Tras la devolución del dinero que ahora realizó la empresa, Trujeque Ramírez consideró que lo procedente es la extinción del procedimiento y que el caso ya no llegue a juicio, bajo el argumento de que el daño económico causado ha sido reparado.

No obstante, autoridades ministeriales ligadas directamente con este proceso señalaron a Animal Político que la intención del Ministerio Público no solo es continuar con el proceso, sino proceder penalmente en contra de otros responsables que hasta ahora no han sido acusados.

“Estamos ante un delito de naturaleza formal. Es decir, no se trata de un robo donde se devuelve el dinero y se acabó. Aquí hay hechos de corrupción que ya se cometieron y tienen que ser esclarecidos y sancionados”, dijo uno de los fiscales a cargo de las indagatorias.  

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Redacción Animal Político

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Autoridades locales de México en defensa de Cruz se lanzan contra Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua 

La Mesa Directiva de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. -AALMAC-, emitió en un comunicado en donde "condena" agresiones en contra del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar de las que culpa a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de la que es titular Abelardo Valenzuela.

Señalan que a través Fiscalía Anticorrupción, ordenó el allanamiento a la vivienda del candidato de Morena a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, poniendo en riesgo su integridad y la de su esposa e hijos.

"Presidentas y presidentes progresistas reconocemos al compañero Cruz Pérez por el importante trabajo que ha realizado en favor del Bienestar de los juarences, razón por la que fue electo para contender nuevamente por la presidencia municipal, en apego a sus derechos constitucionales y a la voluntad del pueblo de acudir de manera libre y voluntaria a emitir su voto el próximo 2 de junio.
Por ello, exigimos al gobierno de Chihuahua que respete el proceso electoral y se brinden garantías a todas las candidatas y candidatos para que realicen su labor proselitista con seguridad y en un ambiente de armonía y equidad, que permita que sea únicamente el pueblo quien decida quienes deben ser sus próximas autoridades", señala.

Expresan su solidaridad y respaldo de los gobiernos municipales progresistas, como el de Cruz Pérez Cuéllar.

 


Otorga federación al gobierno de Chihuahua el inmueble del Cereso3 en Juárez

El Gobierno Federal destinó al Gobierno del Estado de Chihuahua, el inmueble federal del Cereso 3 en Ciudad Juárez.

El  04 de marzo de 2022, el Gobierno del Estado de Chihuahua, solicitó se le otorgue el Acuerdo Administrativo de Destino del inmueble federal, para continuar utilizándolo como instalaciones que ocupa el CERESO Tres de Ciudad Juárez, para formar parte del Complejo Judicial del Distrito Judicial Bravos.

El inmueble cuenta con Registro Federal Inmobiliario 8-8923-7, con superficie de 300,281.075 metros cuadrados, ubicado en Calle Barranco Azul sin número, Colonia Toribio Ortega, Código Postal 32675, Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.

El Gobierno del Estado de Chihuahua, deberá custodiar y vigilar el inmueble, quedando obligado a cubrir los gastos necesarios para su conservación y mantenimiento, y demás servicios inherentes que en su caso se generen, así como el correspondiente aseguramiento contra daños del inmueble

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