Comisión Mexicana de Derechos Humanos exigió al gobierno de AMLO frenar violencia contra sacerdotes

La Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) exigió al gobierno federal detener los ataques en contra de ministros de culto que se han suscitado durante las últimas semanas, ya que la falta de libertad de expresión de los sacerdotes se ha traducido en inseguridad hacia ellos y sus iglesias.

“La CMDH exige al Estado Mexicano que respete la libertad de expresión en su más amplio sentido y no intervenir, al menos que hubiera algún delito, ya que nos enfrentamos a una clara persecución en contra de ministros de culto de la iglesia católica”, señaló el organismo en un comunicado.

Según la Comisión, esta persecución se ha visto reflejada también en una serie de procesos sancionatorios iniciados por autoridades electorales a ministros de la Iglesia católica.

“Del mismo modo las omisiones al Estado de Derecho, así como la pésima estrategia de seguridad de parte del Gobierno se ven reflejadas en los altos índices de violencia, homicidios a periodistas, sacerdotes y ciudadanos”, lamentó la CMDH.

La organización también se sumó a la exigencia de paz de las diferentes comunidades religiosas de México que han sufrido ataques directos “o bien señalamientos e insultos”.

Asimismo, exigió a las autoridades mexicanas el “respeto absoluto” a los derechos humanos de todas las personas, pero en específico a los ministros de culto, además de que se consigne y se busquen todas las medidas para establecer el Estado de Derecho en la República Mexicana.

“No solo para los ministros de culto, sino para todos los mexicanos, porque estamos viendo una gravísima alteración en las libertades, en la vida y la seguridad de los mexicanos”, precisó.

Finalmente, pidieron que cese el hostigamiento a los pastores de la iglesia católica en especial y a cualquier otro ministro de culto.

“Pedimos al nuevo Subsecretario de Gobernación, César Yáñez, quien dentro de sus funciones está la interacción con las autoridades religiosas, que lo tome muy en cuenta, ya que el Estado Mexicano y el propio presidente de la República han realizado ataques a las ideas y expresiones religiosas, contradiciendo directamente a los derechos humanos”, finalizó.

De acuerdo con la comunidad jesuita en México, al menos siete sacerdotes han sido asesinados durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El pasado miércoles 20 de julio se cumplió un mes del homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora y dos civiles más,  quienes fueron asesinados dentro de la iglesia de Cerocahui, en la sierra de Chihuahua, a manos de un sujeto identificado como José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, lugarteniente del Cártel de Sinaloa y supuesto líder criminal del grupo delictivo Gente Nueva.

El acto criminal le dio la vuelta al mundo, pues incluso el Papa Francisco condenó el asesinato de los clérigos y lamentó la ola de violencia que aqueja a México, la cual -dijo- “no resuelve los problemas sino que aumenta el sufrimiento inútil”.

Pese a la exigencia de justicia y a que el gobierno de Chihuahua ofreció una captura por el asesino de los sacerdotes, de un guía de turistas y de un joven, el criminal no ha sido detenido.

A través de un comunicado fechado el pasado 20 de julio, la Compañía de Jesús clamó justicia por los clérigos de Chihuahua, sino también por las familias de personas desaparecidas, los migrantes, las víctimas de feminicidio, los periodistas asesinados y aquellas personas que han sido desplazadas por la violencia en el país.

La última de las agresiones contra sacerdotes ocurrió el 29 de julio cuando el clérigo Felipe Vélez Jiménez fue baleado en calles de Chilapa, Guerrero, cuando viajaba a bordo de su automóvil.

Aunque recibió un disparo en uno de los pómulos, el cura sobrevivió.

Tomado de Infobae

Con información de EFE

 

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Autoridades locales de México en defensa de Cruz se lanzan contra Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua 

La Mesa Directiva de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. -AALMAC-, emitió en un comunicado en donde "condena" agresiones en contra del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar de las que culpa a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de la que es titular Abelardo Valenzuela.

Señalan que a través Fiscalía Anticorrupción, ordenó el allanamiento a la vivienda del candidato de Morena a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, poniendo en riesgo su integridad y la de su esposa e hijos.

"Presidentas y presidentes progresistas reconocemos al compañero Cruz Pérez por el importante trabajo que ha realizado en favor del Bienestar de los juarences, razón por la que fue electo para contender nuevamente por la presidencia municipal, en apego a sus derechos constitucionales y a la voluntad del pueblo de acudir de manera libre y voluntaria a emitir su voto el próximo 2 de junio.
Por ello, exigimos al gobierno de Chihuahua que respete el proceso electoral y se brinden garantías a todas las candidatas y candidatos para que realicen su labor proselitista con seguridad y en un ambiente de armonía y equidad, que permita que sea únicamente el pueblo quien decida quienes deben ser sus próximas autoridades", señala.

Expresan su solidaridad y respaldo de los gobiernos municipales progresistas, como el de Cruz Pérez Cuéllar.

 


Otorga federación al gobierno de Chihuahua el inmueble del Cereso3 en Juárez

El Gobierno Federal destinó al Gobierno del Estado de Chihuahua, el inmueble federal del Cereso 3 en Ciudad Juárez.

El  04 de marzo de 2022, el Gobierno del Estado de Chihuahua, solicitó se le otorgue el Acuerdo Administrativo de Destino del inmueble federal, para continuar utilizándolo como instalaciones que ocupa el CERESO Tres de Ciudad Juárez, para formar parte del Complejo Judicial del Distrito Judicial Bravos.

El inmueble cuenta con Registro Federal Inmobiliario 8-8923-7, con superficie de 300,281.075 metros cuadrados, ubicado en Calle Barranco Azul sin número, Colonia Toribio Ortega, Código Postal 32675, Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.

El Gobierno del Estado de Chihuahua, deberá custodiar y vigilar el inmueble, quedando obligado a cubrir los gastos necesarios para su conservación y mantenimiento, y demás servicios inherentes que en su caso se generen, así como el correspondiente aseguramiento contra daños del inmueble

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