¿Ya conoces el SARE del Gobierno Municipal para apertura rápida de empresas?
El Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) perteneciente a la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Municipal, es un programa de simplificación administrativa que permite a los ciudadanos abrir su negocio de bajo riesgo a través de la ventanilla única “SARE”.
Las actividades consideradas de bajo riesgo son aquellas desarrolladas en un establecimiento mercantil, relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o prestación de servicios, contempladas en el Catálogo de Giros de Bajo Riesgo SARE, el cual cuenta con 279 actividades comerciales.
Un negocio que opera de manera formal requiere cumplir con los lineamientos, reglamentos y/o lo que marca la ley de cada municipio, estado y federación en cuanto a una apertura de negocio, entonces, los permisos del Municipio de Chihuahua que se deben tramitar antes de abrir un negocio son:
- Licencia de Uso de Suelo
- Dictamen del programa Interno de Protección Civil
- Licencia de Funcionamiento
Cada trámite pertenece a una dirección municipal, pero gracias a la creación del SARE y al proceso de simplificación, estos tres se pueden tramitar a través de la ventanilla única y en un tiempo máximo de respuesta de 72 horas, por lo cual, el ciudadano sólo interactúa con una dependencia.
Cabe mencionar que aún se cuenta con el incentivo fiscal del 60 por ciento de descuento, por lo que, el costo de las dos licencias y el dictamen tiene un costo de mil 702 pesos.
Para más información es posible visitar el SARE en la avenida Independencia número 14, casi esquina con calle Victoria en la colonia Centro, en un horario de atención de lunes a viernes de 8:30 am a 3:30 pm, o bien, se pueden comunicar al 614-200-48-00 en las extensiones 6393 y 6394.
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América Rangel crítica imágenes del AIFA y desata debate político
La diputada América Rangel criticó públicamente las imágenes del AIFA difundidas por Claudia Sheinbaum, señalando que, aunque pueden parecer motivo de burla, en realidad reflejan una situación “muy grave”.
Rangel acusó que cuando una figura de alto nivel difunde información que considera falsa, no se trata solo de comunicación, sino de manipulación. Además, advirtió que tolerar este tipo de prácticas implica aceptar que el poder puede mentir sin consecuencias.
Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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