Brasil, México y Perú son los países latinos con más ciberataques en 2022

Los cibercriminales están constantemente en la búsqueda de nuevas formas de vulnerar la seguridad y privacidad de usuarios y empresas, con el objetivo de robar información sensible pueda ser utilizada para generar ataques cibernéticos que impliquen el robo de dinero o datos.

En ocasiones, involucra el ingreso a las bases de datos de compañías de todo tipo, sin importar el tamaño que estas tengan, lo que conlleva a una filtración de información. Estos incidentes no solo representan un riesgo para las empresas sino también, para los usuarios que tienen algún tipo de vínculo con ella, por lo que es necesario actuar con rapidez y adquirir nueva infraestructura que permita prevenir futuros ataques.

Según la empresa de tecnología IBM, en entrevista con Infobae, en el año 2022 el costo promedio de una filtración de datos de una empresa fue de 2.09 millones de dólares, lo que representa un aumento del 15 % si se compara con el registrado en el año 2021. Sin embargo, esta no es la única variación que se registra. En el reporte de “Perspectivas de Latinoamérica” elaborado por la compañía, se indicó que el 60 % de la empresas aumentó el precio de sus servicios luego de una filtración de datos.

Situación de la ciberseguridad en Latinoamérica

Según los datos recopilados por la empresa de tecnología, Brasil, México y Perú son los países con mayor cantidad de ataques cibernéticos en la región, siendo además el phishing la modalidad más utilizada por los cibercriminales para concretarlos. Este método se caracteriza por infiltrarse en los dispositivos por medio de la suplantación de la identidad de empresas o personas que cuentan con credibilidad para poder convencer a los usuarios de entregar información personal de forma voluntaria.

Por otro lado, el ransomware fue el principal método de ataque con un 61 % de los casos reportados y se caracteriza por la prohibición del acceso a los datos por parte de los usuarios a no ser que se pague un rescate por la información. Usualmente la transacción se hace con criptomonedas para evitar rastreos.

Sin embargo, en la región se han logrado avances para la lucha de estas situaciones de vulneración a la ciberseguridad.

Uno de ellos que fue destacado por IBM es la reducción en la duración de la detección de cada caso, pues se ha llegado a disminuir el 94 % del tiempo. Se pasó de un periodo de 2 meses a 4 días, algo que genera que las compañías y los usuarios tengan un tiempo de respuesta adecuado ante ataques cibernéticos.

Durante una entrevista en exclusiva para Infobae, Gabriel Catropa, director de Tecnología de Ciberseguridad para Latinoamérica de IBM, la filtración de datos no solo afecta a empresas privadas, sino que el sector público también corre el riesgo de ser una víctima de cibercriminales.

“Las compañías están avanzando muy rápido en transformación digital, tanto el sector público y privado. Esta migración a la Nube es un peligro por muchas razones”, afirmó.

Si bien la transformación digital aporta a la experiencia de los usuarios en ambos sectores, Catropa indicó que esto puede resultar peligroso si es que los usuarios empiezan a utilizar las claves de acceso de un sector en los servicios de otro, lo que genera que estos ámbitos de las organizaciones estén afectados al mismo tiempo en caso de que se ocasione una filtración.

“Una gran parte de la autenticación de los sistemas están ligados a nuestros datos personales, que están manejados por las entidades públicas”, indicó Catropa. “Un ataque que ocurre en el sector público puede ocurrir en el sector privado porque usa los mismos datos”, afirmó.

El representante de IBM también indicó que debido a la relación entre las entidades públicas y privadas, usar las mismas claves de acceso pueden generar daños en la infraestructura utilizada por ambos para poder atender a los usuarios con sus servicios. “Si tenemos contraseñas o los usuarios, hay una costumbre de usar la misma clave en ambos sectores, entonces muchas veces hay una filtración que automáticamente ocurre en el sector privado”.

Con información de Infobae

Tips al momento

Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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