Legisladores demócratas critican la falta de asesoría legal a los solicitantes de asilo en EU
AP.- Decenas de legisladores demócratas pidieron al gobierno el martes que ponga fin las entrevistas expeditivas de solicitantes de asilo apresados por la Patrulla Fronteriza, que consideran una “práctica apresurada” que los priva de acceso a la asesoría legal.
Cuando el gobierno del presidente Joe Biden se aprestaba a iniciar las entrevistas en los lugares de detención de la Patrulla Fronteriza en abril, las autoridades prometieron que los solicitantes tendrían acceso a la asesoría, una diferencia crucial con la presidencia de Donald Trump. Hasta el momento, esa promesa no se ha cumplido.
Abogados activistas calculan que un centenar de migrantes tuvieron representación formal en los primeros tres meses de aplicación de la norma, informó The Associated Press el mes pasado, y algunos cientos más han recibido asesoría informal mediante llamadas telefónicas antes de las entrevistas expeditivas. Esto es apenas una pequeña fracción de los miles de entrevistas desde principios de abril, aunque las autoridades no han revelado un recuento preciso.
La carta a los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, firmada por 13 senadores y 53 miembros de la cámara baja, dice que realizar las entrevistas sobre temor creíble apenas 24 horas después de arribar al lugar de detención, era esencialmente problemático, sobre todo sin acceso a la asesoría.
“Dar a la gente una resolución justa —lo que incluye tiempo suficiente para obtener pruebas, preparar argumentos y trabajar con un abogado— es crucial, en particular para gente que huye de amenazas a su vida o torturas”, dice la carta.
Entre los firmantes se encuentran el presidente de la Subcomisión Judicial del Senado para la Inmigración, Alex Padilla; el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menendez, y la presidenta del Bloque Hispano del Congreso, Nanette Barragán.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones.
El gobierno incrementó las entrevistas expeditivas al poner fin a las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia, la llamada autorización Título 42, e impuso nuevas normas que dificultan la solicitud de asilo para personas que no la han presentado fuera de Estados Unidos o pedido protección en los países que atraviesan antes de llegar a la frontera.
La proporción de personas que aprobaron las entrevistas de asilo cayó al 60% en la primera quincena de julio, cuando se incrementó el proceso expeditivo, comparado con el 77% en la segunda quincena de marzo, cuando comenzó.
Defensores de los migrantes han criticado al gobierno porque dicen que las nuevas normas desconocen las obligaciones de dar asilo bajo el derecho estadounidense e internacional. Por su parte, los que respaldan las restricciones critican a las autoridades por su exceso de generosidad a través del sistema de turnos online, que admite hasta mil 450 personas por día y permiso humanitario para hasta 30 mil personas por mes que arriban desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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