Impulsan reforma para crear el Registro Nacional de Personas Agresoras Sexuales y Feminicidas

Con el fin de crear el Registro Nacional de Personas Agresoras Sexuales y Feminicidas, como una base de datos del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública (SNSP), la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) propuso reformar diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La iniciativa, que también modifica diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Igualdad de Género para dictamen.

Establece que el Registro “se conformará por los datos que proporcionen las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, incluyendo personas procesadas y sentenciadas por la comisión de delitos contra la indemnidad de privacidad de la información sexual, delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, y el delito de feminicidio”.
 

Subraya que, en el caso de la información en posesión del Poder Judicial Federal y los Tribunales de Justicia estatales, relativa a personas sentenciadas por los delitos señalados, se compartirá mediante convenios, de conformidad con los lineamientos y demás disposiciones aplicables.

Menciona que la información del Registro se gestionará, mantendrá y actualizará conforme a la temporalidad, modalidades y niveles de acceso establecidos en los lineamientos que, para tal efecto, emita el Centro Nacional de Información.

Agrega que las bases de datos contenidas en el Registro podrán ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública y el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, con fines estadísticos, de inteligencia y para el diseño de políticas criminales y de reinserción social.

Detalla que las estadísticas nacionales, estatales y municipales podrán compartirse con el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a través de su Secretaría Ejecutiva, y con la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, mediante los convenios respectivos, a fin de proveer la información necesaria para la elaboración de diagnósticos y estudios especializados, así como para el diseño de programas y protocolos.
 

La iniciativa puntualiza que todas las autoridades con acceso al Registro y aquellas que envíen y reciban información a través de convenios se sujetarán a las disposiciones aplicables sobre el tratamiento de datos personales y se regirán por el respeto a los derechos humanos.

Menciona que el Registro deberá contener como mínimo, de manera enunciativa, más no limitativa, nombre de la persona agresora, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, alias, nacionalidad, estado civil, escolaridad, ocupación o profesión, señas particulares, fotografía, ficha signalética (cuando corresponda), y exposición de los hechos por los que se genera la inscripción.

En lo que respecta a la modificación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, menciona que corresponde a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, elaborar estudios especializados y diseñar programas y protocolos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que coadyuven a la prevención y erradicación de los delitos sexuales y el feminicidio, tomando en consideración la información recibida del Registro.
 

La exposición de motivos de la iniciativa señala que la cifra de delitos contra la libertad y la seguridad sexual se considera alarmantemente alta si se toma en consideración que, de acuerdo con la Encuestas Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), las mujeres encuestadas de quince años y más señalaron haber sufrido violencia física y/o sexual y apenas el 7.76 por ciento de ellas denunció los hechos.

Explica que las conductas sexuales delictivas no constituyen un hecho aislado en relación con quien las comete, pues diversos estudios revelan que este fenómeno es multisistémico en el que se conjugan factores socio-ambientales, del sistema familiar, psicológicos individuales y estructuras de poder dominantes en la población.

Afirma que es necesario mejorar los instrumentos jurídicos, normativos y de política pública que disminuyan los delitos que atentan contra la libertad, la seguridad sexual y la vida.

Destaca la importancia de que las bases de datos posibiliten la generación de estadísticas nacionales, estatales y municipales para identificar las causas y pautas de comportamiento de este delito, a partir de las cuales las autoridades administrativas y penitenciarias puedan diseñar mecanismos y programas específicos para su prevención.

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En redes sociales, critican el actuar de las autoridades por el enfrentamiento en el Estado de México

Integrantes de la comunidad de Texcapilla, en el municipio de Texcaltitlán en el Estado de México , tuvieron que organizarse y salir a defenderse de integrantes del crimen organizado que acudieron a esa comunidad para efectuar el llamado “cobro de piso”, según se dice, de un peso por  metro cuadrado en su sembradíos.

Según se conoció, ante el hartazgo del hostigamiento y de las amenazas de parte del grupo criminal, los pobladores decidieron defenderse ante la agresión, lo que terminó en un enfrentamiento con un saldo de 14 personas fallecidas, entre ellos tres productores y el resto delincuentes pertenecientes a la familia michoacana.

Lamentables los hechos y más cuando, en redes sociales se habla ya de ingobernabilidad, de la ausencia de las autoridades, que han dejado solos a los pobladores, indefensos ante los delincuentes que llegan si mayor recato, incluso, en patrullas clonadas y vistiendo uniformes militares y con armas de alto poder, a plena luz del día, ante la permisividad y quizás hasta complicidad, de quienes debieran garantizar la paz y  seguridad pública.

Será como dicen, que el hartazgo, el abandono de las autoridades de sus funciones y la necesidad, que la gente tenga que salir como último recurso en defensa de su vida y de sus bienes, ante los abusos y agresiones de los delincuentes, el inicio de más episodios como este.

Al rato vienen los discursos oficialistas de que nadie puede tomar la ley y la justicia en sus manos, que habrá justicia y se van a realizar operativos. Habría  que recordar que así nacieron las llamadas autodefensas en Michoacán. Abandono, complicidad, ineficiencia e incapacidad; los abrazos, dicen están favoreciendo a los delincuentes.

 

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