El encargado de despacho de la Fiscalía de Guerrero renuncia al cargo pocos días después de asumirlo

Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, el vicefiscal de investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que recién fue nombrado encargado de despacho, renunció este martes al cargo.

Mediante un oficio dirigido a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el funcionario notificó su renuncia “con carácter de irrevocable como vicefiscal de investigación con funciones de encargado de despacho”.

Lo anterior, “después de haber servido de una forma objetiva, honrada, transparente y profesional dentro del ejercicio de mis funciones, el día de hoy, con la satisfacción de haber cumplido con el deber que se me confirió”, dijo.

Detalló que su renuncia se debe a que, en apego a lo dispuesto por el artículo 111, fracción segunda, de la Constitución estatal, no cumple con la edad mínima requerida para ser titular de un órgano autónomo como lo es la Fiscalía General del Estado.

“Con una profunda tristeza me separo de mis funciones, convencido de que la decisión tomada favorecerá a esta institución y al estado de Guerrero“, expresó.

Finalmente, señaló que conforme al reglamento de la Ley Orgánica de la fiscalía, en su artículo 144, fracción segunda, corresponde suplir en excusas, ausencias y faltas al vicefiscal de Prevención y Seguimiento, cargo que actualmente desempeña Gustavo Romero Rosas.

El pasado 15 de marzo, la gobernadora determinó la remoción inmediata de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, esto luego de la fuga de un policía estatal señalado del asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta.

Ante ello, el gobierno estatal informó que era competencia del vicefiscal de Investigación encargarse de la FGE en tanto se realizaba el proceso de designación del nuevo titular, facultad que corresponde al Congreso del Estado.

Con información de Latinus

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Corral Jurado señaló que el empresario, al cual en 2010 le llamaba compadre, fue “uno de los testaferros de César Duarte” y fue por unanimidad de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien confirmó la desfraudación fiscal.

Esto es por el tema de orden fiscal, pues queda pendiente el proceso penal que enfrenta por esta defraudación y según Javier Corral, también por “ lavado de dinero”.

Este dinero se señala que debería regresar a las arcas del gobierno del Estado.

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