Proponen que cuando Cámara de Diputados declare un desafuero, legislaturas locales actuen en consecuencia

Durante la reunión ordinaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, se discutió y aprobó el dictamen a la iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de declaración de procedencia contra servidores públicos de las entidades por delitos federales, promovida por el diputado federal Benjamín Robles Montoya.

Al respecto, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT ahondó en un comunicado que la propuesta busca que, cuando la Cámara de Diputados declare un desafuero, las legislaturas locales tendrán que actuar en consecuencia.

Con ello se pretende evitar casos como el del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, que generó un conflicto político y parlamentario relacionado con las facultades de la Cámara de Diputados y del Congreso de ese estado en materia de desafuero.

Recordó que, según los partidos de oposición, la interpretación de la ley lleva a la conclusión que, tratándose de gobernadores, la declaración de procedencia que dicta la Cámara de Diputados tiene efectos meramente declarativos, pues debe ser remitida por el Congreso local y éste decide en última instancia si pone al gobernador a disposición del Ministerio Público o no.

Por otra parte, indicó que hay quien sostiene que la misma ley establece claramente que las resoluciones son inatacables y no pueden ser desechadas.

'Tratándose de delitos federales cometidos por titulares de los ejecutivos de las entidades, diputados locales, magistrados de tribunales superiores de justicia, miembros de los consejos de las judicaturas locales y miembros de organismos a los que las constituciones locales les otorgue autonomía, la declaración de procedencia se comunicará a las legislaturas locales para el efecto de que estas procedan a realizar la suplencia de la persona servidora pública inculpada, de conformidad con sus respectivas legislaciones”, detalló.

 El legislador por el estado de Oaxaca sostuvo que, independientemente de las implicaciones que el asunto generó, quedó expuesto que el actual texto constitucional y legal no es lo suficientemente preciso y da lugar a interpretaciones contradictorias sobre el procedimiento de desafuero, por lo que la reforma presentada tiene el propósito de resolver las anteriores deficiencias y poner fin a las diversas y opuestas interpretaciones constitucionales.