Combate del cáncer infantil a través de la ley
Cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, una enfermedad que hasta hace un par de décadas comenzó a visibilizarse con mayor rigor, fortaleciendo así su combate. Los esfuerzos han sido valiosísimos, sin duda, pero aún enfrentan grandes retos.
La Organización Mundial de la Salud estima que cada año cerca de 400 mil personas menores de 19 años son diagnosticadas con cáncer. En países con mayores niveles de desarrollo, la tasa de supervivencia a cinco años se ubica entre el 80% y el 90%.
En México, según cifras de la Secretaría de Salud, se detectan entre cinco y seis mil casos nuevos anuales en menores de 18 años. La supervivencia estimada es del 56%, lamentablemente por debajo de los estándares internacionales. El cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte infantil; los tipos más frecuentes son la leucemia, los tumores cerebrales y el cáncer ocular, aunque la supervivencia ha aumentado de forma paulatina en los últimos años.
Frente a esta realidad, los esfuerzos deben darse desde todas las vertientes: detección oportuna, atención inmediata y seguimiento integral, no solo en la enfermedad, sino en la vida misma de las infancias y sus familias.
En el ámbito legislativo —plataforma fundamental para garantizar derechos y obligar a la acción institucional— ha habido avances, como la obligación de realizar tamizajes en centros educativos. Sin embargo, aún existen vacíos importantes.
La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua crea el Sistema Estatal de Protección Integral (artículo 135), encargado de establecer políticas, procedimientos y acciones de protección para la infancia. Este sistema, presidido por la persona titular del Poder Ejecutivo, integra dependencias como Salud, Educación, Desarrollo Social, Trabajo, Procuraduría y DIF, entre otras.
En la práctica, esto significa que la salud forma parte del sistema de protección. No obstante, la ley no prevé mecanismos específicos para la detección temprana de enfermedades graves ni protocolos interinstitucionales claros entre salud, educación y asistencia social.
Las atribuciones establecidas en el artículo 139 son generales: transversalidad de derechos, elaboración de programas, coordinación institucional. Pero no se menciona de forma expresa la detección de cáncer infantil, campañas de tamizaje o rutas de canalización médica.
A nivel municipal ocurre algo similar. Los Sistemas Municipales de Protección Integral deben alinearse al estatal, pero la ley no establece cómo vincular escuelas, centros de salud o DIF municipales en la detección de casos.
Esto genera un vacío importante: no existe obligación para que personal docente, de enfermería o trabajo social identifique síntomas de alarma ni para que canalice oportunamente casos sospechosos a madres, padres o servicios médicos. Tampoco hay protocolos de seguimiento, lo que puede provocar demoras críticas. Pensemos, por ejemplo, en niñas y niños que faltan largos periodos a la escuela durante su tratamiento, enfrentando barreras adicionales para ejercer sus derechos educativos.
El Sistema Estatal de Información en materia de infancia (arts. 149–152) también presenta limitaciones. Se enfoca en datos administrativos y padrones de beneficiarios, pero no incorpora indicadores clínicos de alto riesgo, como incidencia de cáncer infantil. Aunque el artículo 152 remite a la Ley de Protección de Datos Personales, no define criterios específicos para el manejo ético de información médica sensible.
Asimismo, si bien se sanciona a funcionarios por negar servicios o ignorar abusos, no existen sanciones explícitas por retrasar estudios clínicos o atención médica. En la práctica, esto significa que ni escuelas ni centros de salud enfrentan consecuencias si pasan por alto signos de alarma como fiebre persistente, sangrados o fatiga extrema, lo que agrava la desigualdad, especialmente en familias sin recursos para accionar por sí solas.
Estos vacíos pueden traducirse en diagnósticos tardíos y menor acceso a tratamiento, sobre todo en comunidades marginadas.
Para subsanarlos, se plantean cinco reformas:
1. Adicionar disposiciones que obliguen a las Secretarías de Salud, Educación y Desarrollo Social a implementar protocolos de detección temprana, con tamizajes escolares, capacitación docente y mecanismos de referencia médica inmediata.
2. Establecer que cada municipio suscriba convenios con el sector salud y DIF para ejecutar acciones de detección, designando enlaces de salud escolar que operen los protocolos en territorio.
3. Incorporar indicadores epidemiológicos y crear un Registro Estatal de Cáncer Infantil, garantizando uso estadístico, confidencialidad y consentimiento informado de madres, padres o tutores.
4. Sancionar el retraso, negativa u obstaculización de atención médica o estudios clínicos en menores con síntomas de enfermedades graves.
5. Alinear la legislación estatal con la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y Adolescencia, articulando la canalización de casos con redes nacionales de especialistas.
Estas reformas permitirían fortalecer de manera integral la atención del cáncer infantil. Por un lado, impulsarían la detección temprana y una referencia médica eficaz, mediante protocolos claros en escuelas y centros de salud que faciliten identificar síntomas a tiempo y, con ello, elevar las tasas de curación.
Asimismo, mejorarían la información disponible y la planeación pública, ya que un registro estatal permitiría diseñar infraestructura, programas y presupuestos con base en evidencia.
También favorecerían una coordinación interinstitucional real, donde la capacitación docente y la vinculación con los sectores salud y asistencia social reduzcan la fragmentación institucional.
De igual forma, contribuirían a disminuir la desigualdad, al garantizar que niñas, niños y adolescentes de comunidades marginadas cuenten con rutas de atención más rápidas.
Finalmente, reforzarían la protección efectiva de derechos, al sancionar omisiones y consolidar el principio del interés superior de la niñez.
Con ello, Chihuahua no solo alinearía su legislación con la política nacional, sino que avanzaría hacia diagnósticos más tempranos, menor mortalidad infantil y una garantía real del derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes.
@soymariosias
Tips al momento
Loya debería trabajar en la Nasa, sugiere Morena
La diputada de Morena, Magdalena Rentería, señaló que el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, tiene la habilidad de obtener licenciatura y maestría a una velocidad récord y por eso debería de trabajar en la Nasa
Lo anterior luego que se diera a conocer que el Ing. Gilberto Loya ahora cuenta con licenciatura en derecho y maestría en amparo.
"Ahora que ya no va a ser candidato, o bien, a lo mejor anda muy distraído por los rumores de que la gobernadora quiere un fiscal a modo
y por eso quieren una fiscalía autónoma. Pensamos que dado la habilidad de sacar el título de licenciatura y maestría a una velocidad récord, a lo mejor debería trabajar en la NASA, no andarse preparando para ser fiscal", dijo la diputada.
Las disculpas después de la amenaza
Después de que el conductor y periodista de NMAS, Enrique Acevedo denunció las amenazas por parte del Senador Luis Salazar después de publicar la investigación sobre la senadora Julieta Ramírez en donde se señala a la morenista de intentar colaborar con los Estados Unidos, el morenista ofreció una disculpa.
Por medio de redes sociales, el legislador expuso que cuando se refirió a “ir por ti”, no era más que de la vía legal, no como amenaza, además de asegurar que lo hizo por defender a su compañera de curul, la morenista Julieta Ramírez.
Esto, se da después de la denuncia la cual generó una gran cantidad de críticas, por ser un funcionario público del partido oficialista…
Juan Blanco lanza mensaje... ¿Tendrá dedicatoria...?
El exalcalde de Chihuahua, Juan Blanco Zaldívar, emitió un mensaje a través de sus redes sociales para reafirmar su respaldo hacia Marco Bonilla rumbo a la gubernatura del estado.
La publicación se da a conocer poco después de su separación del cargo como encargado de las Casetas de Peaje en la administración de la gobernadora Maru Campos.
El exedil capitalino disipó cualquier duda respecto a la contienda electoral: "Para que no quede duda: mi candidato es Marco Bonilla y lo ha sido desde hace muchos años. Creo en su capacidad, en el trabajo que ha hecho y en lo que puede aportar a Chihuahua", manifestó.
Reiteró que su apoyo será hasta ganar la gubernatura: "Mi posición es clara y sigue siendo la misma: estoy con Marco, voy con él hasta que ganemos y estoy convencido de que será el próximo gobernador de Chihuahua", aseveró.
Insistió en la unidad, "Hoy lo importante es seguir sumando, mantenernos unidos y trabajar por el proyecto en el que creemos".
Renuncia Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva del INE
La secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Arlett Espino, presentó este miércoles su renuncia al cargo que desempeñaba dentro del órgano electoral.
La dimisión fue confirmada durante la jornada, provocando ajustes inmediatos en la agenda institucional del organismo.
Tras la renuncia de la funcionaria, el INE emitió una convocatoria urgente a los integrantes de la Junta General Ejecutiva para celebrar una sesión extraordinaria programada a las 16:00 horas de este mismo día, donde se prevé abordar la reestructuración operativa y los pasos a seguir tras la salida de la titular de la Secretaría Ejecutiva.
Lanzan concurso para premiar el “peor bache”
Trascendió una nueva iniciativa de Movimiento Ciudadano para premiar el peor bache de Toluca, la cual se hizo viral en redes sociales por el alcance que tuvo entre los ciudadanos que buscan ganar un premio de hasta 5 mil pesos.
Y es que en días anteriores, la diputada Ruth Salinas Reyes impulsó el concurso para evidenciar el abandono del ayuntamiento del morenista Ricardo Moreno y crear presión para que se atienda la situación.
El concurso premiará al primer lugar con 5 mil pesos para el bache más grande y antiguo de Toluca; el segundo lugar con 2 mil 500 pesos a un bache de dimensiones medianas y el tercer lugar con mil 500 pesos destinados para el reporte de un bache pequeño y recurrente.
Esto ha llamado la atención en otros estados ya que es un problema recurrente en la mayoría de las entidades federativas, que constantemente se denuncia tanto en redes sociales, como en medios de comunicación…
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