Reforma divide a ministros en arranque de foros, pero defienden carrera judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llegaron divididos al primer foro para discutir la reforma judicial en la Cámara de Diputados, una mayoría defendió la carrera judicial.

Los 11 ministros se dieron cita para acudir al encuentro con los legisladores a quienes pidieron una reflexión profunda sobre la reforma.

“Toda reforma constitucional, por su trascendencia, impone la mayor seriedad, esfuerzo y talento de sus promotores. Su diseño y probada eficacia son absolutamente imprescindibles. No es aceptable tomar riesgo alguno”, señaló el ministro Alberto Pérez Dayán.

“Las ocurrencias, como la de septiembre de 1982, que desencadenó y culminó con el FOBAPROA de 1996, resultaron dolorosas y socialmente muy costosas”.

Hubo ministros como Jorge Mario Pardo, Javier Laynez o Juan Luis González Alcántara Carrancá que rechazaron las acusaciones generalizadas de corrupción dentro del PJF.

“La justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial. Lo resalto con la mayor vehemencia, con el mayor énfasis: pensar en una reforma al Poder Judicial implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión, al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática”, destacó la ministra presidenta, Norma Piña.

“El paso veloz ante modificaciones estructurales solo puede dar entrada a problemas mayores (…) en la Reforma Judicial que hoy nos convoca no debe pesar más la celeridad que la idoneidad”.

Los 11 ministros admitieron, sin decirlo expresamente, que no hay vuelta atrás: la elección de jueces, magistrados e integrantes de la Corte por voto popular, va.

Ante lo inevitable, se concentraron en destacar que la elección de jueces y magistrados por voto popular no es la solución al problema de legitimación del PJF.

“Aprovechemos la carrera judicial, perfeccionémosla en efecto. La elección de jueces y magistrados, y en especial de ministros, ni siquiera es una novedad. En el Constituyente del 17, ya se había hecho la propuesta de elegir a los ministros de la Suprema Corte, mediante elección popular”, recordó Luis María Aguilar Morales.

“Personas tan inteligentes y cultas como eran los diputados Hilario Medina y Manuel Lizardi dieron razones muy amplias, que están ahí en el Diario de los Debates, para hacer señalar las inconveniencias de hacer una elección de esa naturaleza. No niego que todo institución humana puede mejorarse, puede, desde luego, perfeccionarse, irle agregando cada vez más cosas, pero siempre en la mejoría y en el bienestar de nuestro pueblo, que es, a quien, está dirigida la justicia y a quienes deben garantizarse la Independencia de los jueces”.

Los ministros, como Yasmín Esquivel, Jorge Mario Pardo y Juan Luis González pidieron que la sustitución de los juzgadores sea gradual o que el voto sirva para evaluar, en lugar de designar a los funcionarios.

“La carrera judicial no debe desaparecer, sino mejorar para que siga siendo una de las más profesionales de México y donde además existe movilidad social, de por sí son pocos los espacios que permiten movilidad social. Necesitamos preservarlos”, propuso la ministra Margarita Ríos Farjat.

Asimismo, enfatizaron en proteger los derechos de quienes saldrán del PJF ante la entrada en vigor de la reforma y garantizar la protección de los derechos adquiridos de los nuevos juzgadores pues la propuesta del presidente prevé eliminar los haberes de retiro o pensiones vitalicias para juzgadores.

“Remuneración justa y un plan de retiro digno, una remuneración y un plan de retiro digno garantiza el diseño óptimo para atraer y retener el talento jurídico más calificado, lo cual asegura estabilidad y continuidad del sistema judicial”, planteó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en la propuesta que realizó al Legislativo.

La única que exhortó a los legisladores a reflexionar seriamente sobre el papel de los ministros de la Corte en la reforma fue Loretta Ortiz Ahlf.

“Es difícil determinar los beneficios que aparejan los distintos modelos de selección y nombramiento de las y los operadores de justicia. Sin embargo, los procesos deben asegurar, como únicos elementos ineludibles, que haya criterios de selección objetivos, basados en el mérito personal y en la capacidad profesional”, dijo.

“Lo más deseable, a partir de estos ejercicios de escucha y reflexión, es que dejemos atrás cualquier aplicación pasiva y mecánica de las normas para colocar en el centro de la reforma del Poder Judicial a las personas justiciables”.

La ministra Piña, invitó a los legisladores criticar a partir de datos ciertos, con honestidad y responsabilidad de Estado y ofreció entablar un diálogo reflexivo.

“Seamos críticos de la justicia en México. La realidad no nos permite otra actitud. Pero apliquemos la crítica en la que se encuentre en el centro de ésta las necesidades de las víctimas y de las y los usuarios del sistema de justicia en general. Critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto. Critiquemos con honestidad. Critiquemos con responsabilidad de Estado.

“Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio, estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión. Resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada”, apuntó.

Mientras que las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres no sólo apoyaron la propuesta de reforma al PJF, principalmente la elección de juzgadores mediante voto popular, presentaron al Legislativo sus propios planteamientos para complementarla.

Con información de proceso.com.mx

Tips al momento

Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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