Salesforce, empresa de software, en la mira como proveedora gubernamental
Salesforce, empresa dedicada a los servicios de software con base en la nube, se abre paso como proveedora pagada con recursos públicos, a partir de adjudicaciones directas que ya levantan sospechas de las autoridades mexicanas.
Un expediente está abierto por personal de la Secretaría de la Función Pública tras una denuncia que acusa malas prácticas en recontratación, en concreto, el amago de obstruir el servicio con fórmulas análogas al chantaje.
Salesforce es comercializada con la administración pública bajo la razón social Cloudco S.A. de C.V., a cargo de Edgar Cruz Aguirre, Pedro Jauregui y David Literas Segura.
En el historial público de contratos consultado por Proceso en bases abiertas de transparencia, dicha empresa es proveedora del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), a partir de dos contrataciones que se ejecutaron por adjudicación sin concurso.
El primero de los contratos data de 2018 por un monto de hasta 1.7 millones de pesos, para el Servicio de renta de licenciamiento, así como soporte y mantenimiento del Sistema de Administración de Cartera (SAC); mientras que la asegunda asignación directa ocurrió en 2020, cuando le otorgaron 897 mil pesos por el mismo concepto, con término al 28 de febrero de 2021.
La empresa presume que trabajó con la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México; sin embargo, el respectivo contrato no se encuentra disponible para consulta pública.
En julio de 2023, las licencias de Salesforce llegaron a la Agencia de Movilidad de Querétaro, mediante Servicios y Proyectos en Tecnologías de la Información, razón social que obtuvo un contrato por 7.5 millones de pesos, con término al 27 de julio de este año.
Al localizar información sobre la empresa, un antecedente riesgoso se hizo público en 2022: Salesforce quedó expuesta por la vulnerabilidad de una de sus plataformas, Slack, que tras ser adquirida en 2020 fue utilizada como canal para que un hacker de 18 años ingresara a Uber, cliente que vio expuesta la información y datos de sus trabajadores y otros sistemas internos, lo que llevó al corporativo a investigar el incidente y denunciar lo ocurrido.
El ingreso de dicha firma al sector público mexicano, aunque con montos identificados modestos, coincide con el despido, entre 2023 y 2024, de casi nueve mil trabajadores, una crisis de la que no termina de recuperarse.
En ese contexto, la empresa fundada en 1999 por Marc Benioff y Parker Harris y su buena fortuna se vio revertida en el mencionado valor accionario, pues reportó una baja de 21% en sus acciones a finales de mayo de este año, el declive más importante desde julio de 2004.
Conforme a documentos del Departamento de Estado de Florida, Salesforce se creó bajó las leyes de Delaware, territorio estadunidense considerado como paraíso fiscal ya que ofrece la posibilidad de constituir compañías de forma anónima, lo que favorece que se realicen operaciones ilegales alrededor del mundo.
Además de que se vulneró la ciberseguridad de la compañía al menos en 2022, en el mercado mexicano han surgido testimonios sobre la mencionada empresa por haber solicitado pagos por encima de los del resto del sector, bajo amenaza de cortar los servicios a sus clientes.
De acuerdo con las fuentes, que pidieron el resguardo de su identidad por temor a represalias, la investigación sobre Salesforce se basa en revisar el cumplimiento de la norma “ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno”, al recurrir a las mencionadas conductas de corte de servicios, para prevalecer como proveedora de servicios digitales.
Con información: Proceso.com
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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