CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Cámara de Diputados fue instalada la Comisión de Bienestar para la LXVI legislatura, la cual será presidida por la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del PT.
Durante los posicionamientos, el diputado del PAN, Héctor Saul Téllez, planteó que una de las funciones de la Comisión debe ser la de fiscalizar los 2.7 billones de pesos destinados a programas sociales.
Durante la instalación, la presidenta de la Comisión, Ana Karina Rojo, resaltó que la Comisión tiene la responsabilidad de asegurar que las políticas sociales y los programas dirigidos al bienestar de la población sean eficaces, inclusivos y progresivos.
Además, la legisladora enfatizó que continuará luchando por los programas de pensión a las personas adultas mayores, la pensión para personas con discapacidad permanente y Sembrando Vida, que son reflejo del compromiso del Estado con los derechos sociales.
“Estamos aquí para construir un país más justo donde el bienestar no sea un privilegio sino un derecho garantizado para todas y todos, invito a todos los miembros de esta Comisión a trabajar de manera comprometida y en unidad porque solo con su esfuerzo colectivo lograremos los resultados de nuestro pueblo”, detalló.
Por su parte, los legisladores de oposición resaltaron que estarán comprometidos con la rendición de cuentas, por lo que solicitaron la intervención del Consejo Nacional de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández dijo que acompañará los avances en materia de derechos sociales y enfatizó que una función de la Comisión también es fiscalizar, por lo que planteó trabajar para tener acceso a la información sobre el uso de 2.7 billones de pesos destinados a programas sociales.
Además, el legislador albiazul solicitó la colaboración del Coneval y del INEGI para crear reglas claras, incidir en ellas y que haya indicadores y metodologías adecuadas para constatar el avance de los programas sociales.
“Tenemos una función muy importante que no debemos de olvidar, que es la función de fiscalización. Debemos de trabajar para que no suceda que la Secretaría de Bienestar niegue el acceso a la información sobre el uso de 2.7 billones de pesos durante seis años que se hizo durante el sexenio del presidente López Obrador”, dijo Téllez, quien resaltó que fue el INAI el que tuvo que obligar a la dependencia a entregar la información.
“Creemos que desde esta comisión podemos invitar al organismo, a la estructura, a la secretaria del Bienestar, para que se acceda puntualmente a la transparencia y al uso de los programas sociales así como sus padrones”, resaltó.
Por su parte, el diputado del PRI, Víctor Samuel Palma César, afirmó que realizará un trabajo crítico, autocrítico, comprometido y entusiasta de participar en la rendición de cuentas y se pronunció por mantener el diálogo y la deliberación para internalizar propuestas que construyan una visión compartida.
Con información de proceso.com.mx
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
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