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El gobierno de Arce acusa a partidarios de Evo Morales de tomar como rehenes a más de 200 militares

Partidarios del expresidente Evo Morales tomaron como rehenes a más de 200 militares y se apropiaron de armamento y municiones en la región cocalera del Chapare, informó el gobierno de Bolivia el sábado, mientras los disturbios generados por una investigación por presuntos abusos de Morales continuaban por tercera semana.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó a las personas que tomaron a los militares como miembros de “grupos irregulares”. No dijo más, pero el viernes, el presidente Luis Arce señaló que quienes protestaban y atacaban a las unidades castrenses eran partidarios de Morales.

La cancillería indicó que la apropiación de armamento y la toma de rehenes “se constituye en una amenaza y un riesgo para toda la población boliviana de imprevisibles consecuencias”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el sábado en X, su “preocupación ante la agudización de la conflictividad” en Bolivia por la retención de los militares y llamó al Estado boliviano a “tomar medidas para garantizar la vida de las personas retenidas y atender los puntos de conflictividad, privilegiando el diálogo".

El viernes, Arce denunció que “grupos armados afines a Morales tomaron por asalto tres unidades militares” y “rehenes” en el Chapare. En un mensaje en X, el mandatario denunció que esos grupos “han tomado el lugar donde se encuentra el armamento militar en esas unidades, lo que constituye un acto criminal”. Dijo que ello era un delito de traición a la patria.

El Chapare está ubicado en la región central de Cochabamba, feudo político de Morales y la más castigada por los cortes carreteros. El viernes, desde esa zona donde está atrincherado, Morales se declaró en huelga de hambre “hasta que el gobierno acceda a establecer mesas de diálogo por la crisis económica y los temas políticos con la participación de organismos internacionales y países amigos”. También sugirió a sus partidarios considerar una pausa y abrir el paso de las carreras, sin embargo, los manifestantes decidieron continuar.

La cancillería señaló que “una huelga de hambre solo es una estratagema para reducir el impacto negativo de la medida sobre el líder de la protesta y para llamar la atención de la comunidad internacional” y que esta “retórica radical” del exmandatario busca “acortar el mandato” de Arce.

Tres semanas de conflícto

El conflicto estalló hace tres semanas cuando se conoció una orden de la fiscalía para detener a Morales por el supuesto abuso de una menor de 15 años cuando él aún era mandatario en 2016. Es investigado por estupro, trata y tráfico de personas.

El domingo 27 de octubre, el político de 65 años denunció que su auto fue baleado cuando se dirigía a un programa de radio en esa zona. El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo dio otra versión: dijo que Morales se resistió a la requisa de una patrulla antidroga y huyó.

Cientos de camiones con alimentos, mercadería de exportación y combustibles están atrapados en las carreteras. Los gremios empresariales hablan de millonarias pérdidas, el ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores estimó en 970 millones de dólares las pérdidas por los cortes de ruta.

La Paz y otras ciudades están desabastecidas de carne que viene del oriente y los precios han escalado, agravando la crisis económica que golpea a los bolivianos. La semana pasada, productores arrojaron a la calle flores, leche, verduras y fruta que se pudrieron por los bloqueos.

Varios sectores, entre ellos el alcalde de La Paz, Iván Arias, han pedido al gobierno que declare estado de excepción a Cochabamba. Opositores dicen que el gobierno muestra debilidad para enfrentar el conflicto en medio de una economía en crisis con alzas en el costo de vida y escasez de combustibles.

El viernes, un operativo policial y militar habilitó una vía importante hacia el occidente y sur de Bolivia y con ello pasaron decenas de camiones y carros con combustible, pero aún la vía que conecta con el oriente donde está la región de Santa Cruz —el motor agrícola del país— se mantiene cerrada.

Morales acusó a su heredero y sucesor Arce de “armar” un caso judicial para sacarlo de la carrera presidencial de 2025. Arce acusa a Morales de “boicotear” su gestión para agravar la crisis por razones “personales” y anunció que su gobierno no permitirá la impunidad. La pelea entre ambos líderes fracturó al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) que afronta la peor crisis que amenaza su hegemonía política en 18 años de gobierno.

 

Con información: Latinus.com

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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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