El aguinaldo es una prestación laboral obligatoria que equivale a, como mínimo, 15 días de salario. Su objetivo principal es brindar un apoyo económico adicional a los trabajadores durante la temporada navideña, que debe ser pagado año tras año antes del 20 de diciembre.
La propuesta para aumentar el pago del aguinaldo, se retomó recientemente en el Congreso después de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentara una nueva iniciativa. Podría ser una realidad y en espera de que el Congreso de la Unión de su visto bueno para dar este incremento en la prestación, lo que muchos trabajadores esperan por parte del Congreso de la Unión, es que sea aprobado el pago de aguinaldo doble.
¿A quiénes se les pagaría doble aguinaldo?
De aprobarse esta reforma, los trabajadores podrían recibir aguinaldo doble, siempre y cuando tengan un trabajo formal, con contrato laboral, además de tener las prestaciones establecidas por la ley, como acceso al IMSS o ISSTE.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, un empleado debe tener al menos un año de antigüedad dentro de una empresa o compañía para poder recibir el 100% del aguinaldo, sin embargo, si la contratación de la persona es reciente o no cumple con los 365 días, el empleado tendrá que recibir un porcentaje proporcional a los meses que lleve laborando.
¿Ya se aprobó el doble pago?
Esta propuesta continua en discusión en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, de acuerdo con el Sistema de información Legislativa, por lo que aún no hay fecha oficial en le que ya sea obligatorio el pago de 30 días.
En México esta prestación no se ha modificado significativamente desde 1975 y es baja a diferencia de otros países de América Latina.
“En varios países latinoamericanos la remuneración es de 30 días de salario o del 12% de las remuneraciones obtenidas durante un año laborado” menciona Napoleón Gómez Urrutia, del partido de Morena, en una iniciativa el pasado mes de febrero 2024 para aumentar el aguinaldo de 15 a 30 días.
Con información de Informador.mx
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
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Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.