Con la exigencia de ser basificados, aumento salarial y pagos de los apoyos del Bienestar, cientos de trabajadores de educación media superior bloquean desde las 8:30 de la mañana los accesos de la Cámara de Diputados.
A pesar del despliegue permanente que hay por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en varias calles perimetrales del recinto legislativo de San Lázaro, como Avenida Congreso de la Unión en esquina Sidar y Rovirosa y Eduardo Molina, los manifestantes se distribuyeron para negar el paso vehicular y peatonal.
En entrevista con Latinus, Luis Eduardo Santiago, profesor del Conalep Iztalapapa número 5 explicó que entre las demandas está “que se nos pague a todos los subsistemas de educación, las medidas del Bienestar, el aumento salarial que ya fue aprobado, porque por ejemplo a los del Conalep no nos han dado la basificación desde hace 10 años”.
“No nos reconocen como trabajadores de base, cuando quedó suscrito en el contrato colectivo de trabajo y los demás estados no les han pagado lo acordado, autorizaron 500 millones de pesos y no se les ha dado ningún pago”, añadió.
Santiago dijo que la intención es que es que estén aquí profesores de los 32 estados, “pero algunos por cuestiones laborales precisamente y la represión que tienen por sus subsistemas, no pudieron asistir, ellos se van a manifestar en sus estados”.
Comentó que líderes sindicales de bachilleres, preparatorias populares y Conalep, están a la espera de ser recibidos por una comisión, pero hasta el momento seguían en el templete frente a la puerta principal.
A las 10:30 de la mañana, los uniformados permitieron tanto el acceso vehicular como peatonal por Congreso de la Unión esquina Sidar y Rovirosa, luego de de haber bloqueado en su totalidad los accesos incluida la Garita, a la que se llega luego de cruzar un puente de manera restringida cuando no hay bloqueos.
Con información de Latinus
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.