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Conoce la clínica “Mi Familia en Balance” y los servicios que tiene para ti

 El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), invita a las familias chihuahuenses a conocer la clínica metabólica “Mi Familia en Balance”, que tiene como objetivo disminuir y prevenir los padecimientos cardiovasculares en la ciudadanía.

Esta clínica se ubica en la avenida Independencia número 2013, en la Zona Centro y con horario de atención lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., donde la ciudadanía podrá encontrar los servicios de:

• Consulta Nutricional
• Enfermería
• Consulta médica 
• Rehabilitación cardiaca 
• Área de aptitud física 
• Consulta Psicológica 
• Área de Trabajo Social

Dichos servicios tienen el objetivo de trabajar de manera integral con las familias, para que no solo sea más fácil lograr sus metas, si no que puedan modificar sus hábitos y costumbres para alcanzar una calidad de vida más sana.

Cada paciente recibirá un diagnóstico inicial y tratamiento basado en los factores de riesgo que predisponen a las enfermedades cardiovasculares. De igual manera, se realizará un régimen nutricional apto y personalizado a cada usuario para que este pueda llevar una alimentación balanceada y nutritiva.

Aunado a lo anterior, el paciente contará con un espacio de aptitud física, donde acompañado de un especialista, recibirá una rutina que eventualmente podrá realizar en su entorno de manera regular. Asimismo, tendrá un apoyo constante por parte de profesionales en salud mental y trabajo social, quienes le ayudarán a las familias a evaluar su entorno y fortalecer buenos hábitos.

Los interesados podrán agendar su cita llamando al 072 en la extensión 2251, en los horarios ya mencionados de la clínica, o bien acudiendo directo a las instalaciones.

Tips al momento

Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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