La violencia no cesa en Sinaloa, pasajeros de diversas aerolíneas reportaron la cancelación de vuelos nacionales e internacionales, cuyo destino era el Aeropuerto Internacional de Culiacán ayer jueves 28 de noviembre.
De acuerdo a reportes y videos de pasajeros, las aerolíneas tuvieron que cancelar el aterrizaje de sus vuelos, debido a la ola de violencia que azota al estado.
En uno de los videos se puede observar que una de las azafatas informa a los pasajeros sobre el clima de inseguridad que vive el estado, por lo que se suspendió el aterrizaje y le da opciones de vuelos a La Paz o Monterrey para posponer por ese día la llegada a Culiacán, mientras que de inmediato se escucha la inconformidad de los usuarios.
“El vuelo está siendo cancelado por cuestiones en Culiacán, la mayoría ya sabe cómo está allá”, informa la aeromoza.
De acuerdo a medios locales OMA, la administradora del Aeropuerto de Culiacán reportó la noche de ayer jueves, la cancelación del vuelo de Aeroméxico de las 21:00 horas, procedente de la Ciudad de México y el de Viva Arobus procedente de La Paz de las 9:15 horas estaban cancelados.
De acuerdo a información consultada por Latinus este viernes solo se reportó la cancelación de un vuelo de Aeroméxico, aunque la página oficial del Aeropuerto no reporta el motivo.
En su red oficial de X, el Aeropuerto Internacional de Culiacán informó que el aeródromo se encontraba operando con normalidad.
Con información de Latinus.
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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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