Avanza en el Senado reforma al Infonavit: Gobierno tomaría mayor control en el tripartismo

Con un total de seis votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda del Senado de la República aprobó el dictamen que contiene la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de la Ley de Trabajo. 

De acuerdo con la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, además de poner las bases para que el Infonavit pueda construir vivienda y ofrecer esquemas de arrendamiento a sus afiliados, también se modificaría el peso que se tendría en la toma de decisiones del organismo, con la desaparición de las direcciones sectoriales de Trabajadores y Empresarial, y el gobierno tendría mayor poder decisión en dos órganos fundamentales del organismo:

• Comité de Auditoría: De tres integrantes que se compone actualmente, con un representante del gobierno federal, así como uno del sector laboral y uno del empresarial, se pasaría a cinco integrantes con tres representantes del gobierno y uno del sector laboral y empresarial. 
• Comité de Transparencia: De tres integrantes que se compone en la actualidad, uno por cada sector, se pasaría a cinco integrantes, donde el gobierno federal tendría tres representantes, uno el sector laboral y uno el empresarial.

Además, se propone modificar el artículo 6 de la Ley del Infonavit, para que desaparezcan las direcciones sectoriales, representadas por el sector laboral y empresarial del organismo. Así, el texto de este artículo sería el siguiente:

“Los órganos del Instituto serán: la Asamblea General, el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, la Dirección General, la Comisión de Inconformidades, el Comité de Transparencia y las Comisiones Consultivas Regionales”, se lee en la iniciativa.

Posiciones encontradas

Durante la discusión, la oposición acusó que esta iniciativa, que es loable en los fines de la construcción y arrendamiento, también tiene la finalidad de que el gobierno tome control del total de los más de 2 billones de pesos de los activos de Instituto, que se componen de las aportaciones de los trabajadores y no del gobierno.

“Es una barbaridad lo que aquí están planteando. Le están dando facultades al Infonavit, según el artículo 42 (de la iniciativa), de disponer de los recursos bajo su administración… significa que, al 30 de septiembre, el Infonavit tiene 2 billones de pesos que no son suyos, son de los trabajadores que tienen en su subcuenta de vivienda y donde los administre mal, la gente se va a quedar sin el dinero de su subcuenta de vivienda”, indicó Ricardo Anaya Cortés, senador del Partido Acción Nacional.

“Es importante destacar el desequilibrio de la representación, ya que el cambio rompe con el principio de tripartimos. Debilita la representación equitativa de los trabajadores”, indicó la senadora Carolina Viggiano Austria, senadora del Partido Revolucionario Institucional.

Por su parte, los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aliados defendieron la iniciativa con el argumento que, con estos cambios, se tendría mayor transparencia del uso de los recursos y se acotarían los riesgos de corrupción.

“El Infonavit fue por mucho tiempo la caja chica de muchos proyectos personales y políticos… No queremos eso para los trabajadores del Infonavit”, indicó la senadora de Morena, Blanca Judith Díaz Delgado.

Fuera de la regulación bancaria

Otro de los puntos de la discusión, se centró en que el Infonavit no sea sujeta de la supervisión por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Se debe considerar que para que el Infonavit pueda operar como institución de seguridad social, ofreciendo cobertura de vivienda y patrimonio de largo plazo a sus derechohabientes, es prioritario que la regulación financiera y supervisión aplicable al Instituto no sea una regulación bancaria”, se puede leer en la iniciativa.

Se prevé que el dictamen sea votado en la brevedad en el pleno del Senado para que siga su proceso legislativo correspondiente.

Con información de El Economista.