La extorsión vehicular, el juego del calamar en Chihuahua

Quinta Columna
Francisco Sánchez Villegas

Mientras el intenso frío nos obligaba a los chihuahuenses a quedarnos en casa, como muchos aproveché para ponerme al día con las series que me faltaban, pedí recomendaciones y de manera abrumadora me invitaron a ver El Juego del Calamar, una serie surcoreana brutal, una distopía llena de acción y suspenso.

En este universo ficticio las reglas no las dictan tus necesidades, sino una élite insaciable que obliga a participar en juegos crueles y despiadados solo para sobrevivir. Un trabajo cinematográfico que combina un diseño visual vibrante y perturbador, escenarios infantiles contrastados con violencia extrema, sin embargo, lo primero que vino a mi mente es que la fantasía nunca opera tan lejos de la realidad. Lo que para un mundo desarrollado como el surcoreano es una trama fantasiosa, para quienes habitamos otras latitudes no es tan extraordinario.

Los chihuahuenses no tenemos que ir tan lejos para participar en juegos sádicos de la élite gobernante, las familias de Chihuahua también nos tenemos que jugar la piel por sobrevivir, bajo los ojos impiadosos de quienes prometieron defender a este norte. 

Mientras que las familias chihuahuenses luchan por llegar a fin de mes, mientras que padres de familia tienen que sacrificar pagos para poder llevar alimentos a su mesa, mientras que las familia se fajan con entereza para que a los suyos no les falte, el gobierno, con la mano en la cintura las quiere sangrar impuesto tras impuesto.

No basta más que ver la revalidación vehicular, que de manera más adecuada a su naturaleza debería ser llamada la extorsión vehicular. El impuesto a tener un auto, el impuesto a las familias que emplean un vehículo para su trabajo, para su movilidad, para llevar a sus hijos a la escuela.

Esta extorsión, en el 2025 para muchas familias superará los 4 mil pesos, es una extorsión descarada que coloca a miles de chihuahuenses en una situación insostenible. Este abuso no es otra cosa que un castigo impuesto por quienes gobiernan, completamente ajenos a la realidad de quienes apenas logran llegar a fin de mes. Mientras ellos se reparten privilegios, el pueblo tiene que sacrificar lo poco que le queda para cumplir con esta obligación fiscal injusta.

Es inaudito que el gobierno estatal insista en recaudar a toda costa, sin importar que muchas familias tengan que decidir entre pagar este impuesto o cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda o educación.

Como el primer servidor de los chihuahuenses he hecho el compromiso inquebrantable de estar del lado de las familias, sin importar el tamaño del enemigo, sin dilaciones, sin titubeos, porque este es mi llamado. Construir unidos un Chihuahua más justo y próspero para quienes amamos a este nuestro Norte Patria.

Por eso, he promovido una iniciativa para reducir este impuesto en un 50%, eliminar cobros ridículos y desmedidos como la revisión de documentos, la impresión de la tarjeta de circulación, los recargos por “aportaciones voluntarias”.

Basta de sádicos juegos, basta de sangrar sin piedad a quienes trabajan. Basta de este salvaje juego de luz roja, luz verde. En Chihuahua también parece que alguien se divirtiera viendo la batalla por sobrevivir.

Demos una estocada a quienes nos gobiernan con desprecio, demos la muestra de que Chihuahua es insumiso, acabemos con el excesivo cobro de impuestos, para que el fruto del esfuerzo de los chihuahuenses se quede en sus bolsas. Este cobro para ellos no es más que una cifra en sus presupuestos, para las familias de Chihuahua es el sustento de sus hijos.

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Adán Augusto y el robo de ganado en Tabasco

El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, ahora está en la mira, no sólo por sus presuntos vínculos con "La Barredora", sino en el caso del robo  de ganado más grande de Tabasco.

En Tabasco, durante el control de Adán Augusto López y “La Barredora”, creció el robo de ganado.

El 2 de abril de 2021, agentes de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de Tabasco ingresaron sin una orden judicial ostensible al rancho San Gerónimo, en Jonuta, y se llevaron 267 reses de alto registro pertenecientes a la familia Lezama Zubieta.

El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.

La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.

El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.

 La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.

Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).

El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.

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