El paso a paso del proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco en la Cámara de Diputados

Este martes comienza el proceso de desafuero del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, acusado del intento de violación de su media hermana.

La sección instructora de la Cámara de Diputados contempla tres plazos entre el 25 de abril y el 10 de junio a fin de determinar si quitan el fuero al exfutbolista para que pueda ser investigado por autoridades judiciales.

El expediente será revisado por cuatro diputados: Germán Martínez del PAN, Raúl Bolaños-Cacho del Partido Verde y los morenistas Adriana Belinda Quiroz y Hugo Eric Flores, quien es el presidente de esa instancia legislativa.

Este martes se prevé que Blanco Bravo, también diputado de Morena, sea notificado formalmente de la acusación en su contra.

De acuerdo con lo establecido en la ley para el proceso que el exgobernador de Morelos enfrentará a partir de la notificación, estas son las fechas clave:

  • 18 de marzo: notificación a Blanco, y a partir de ahí, tiene siete días para comenzar su defensa
  • 25 de marzo: comienza el periodo de la defensa del morenista
  • 25 de abril: la Sección Instructora deberá reunirse para analizar las pruebas presentadas a sólo tres días de que concluya el periodo ordinario de sesiones
  • 26 de mayo: fecha en la que a más tardar deberá sesionar la Sección Instructora para determinar si votan a favor de desaforar a Blanco, en caso de que los diputados consideren que alguna parte de los implicados deben presentar más pruebas

En el supuesto de que la Sección Instructora determine votar a favor del desafuero del morenista, la decisión deberá mandarse al pleno y será necesario convocar a un periodo extraordinario de sesiones.

El 10 de junio será la fecha límite para que el pleno de San Lázaro se convierta en jurado de procedencia y vote el desafuero en caso de demostrarse que hay indicios de la posible comisión de un delito por parte del legislador morenista.

Con información de Latinus

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Así que, esta nueva agencia tendrá las facultades para autorizar y quitar concesiones, lo que hacía el IFT, así como supervisar contenidos en estaciones de radio y televisión, en redes sociales, incluso, hasta de bloquear las plataformas digitales, así como también limitar publicidad y controlar narrativas.

Con lo anterior, a decir del analista Juan Ortiz, lo que realmente avanza es una agenda de control sobre la libertad de expresión y la competencia en el sector.

Sobre esta iniciativa de ley, voces desde la oposición del Senado consideran que es inconstitucional y violatoria de acuerdos internacionales. Por lo pronto se informa que viola el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Así, de esta manera,  el control del Estado en los medios, se va consolidando en una ley mordaza, según los comentarios.


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