Dos municipios de Chihuahua con alta marginación tienen a sus comunidades indígenas sin un acta de nacimiento: Edith Palma
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BuqCUyDLa diputada Edith Palma Ontiveros integrante del Grupo Parlamentario de morena, presentó ante el Congreso tres exhortos hacia a las autoridades responsables de los actos de registro civil en la entidad para que garanticen el derecho humano a la identidad, de las personas de los pueblos y comunidades indígenas que radican en zonas de alta marginación y pobreza.BuqCUyD Omnia.com.mx
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Expuso la legisladora por morena, que debe diseñar e implementar en el país, mecanismos que ayuden a abatir el retraso social a la que siguen sometidos millones de ciudadanas y ciudadanos – en particular las personas indígenas-, que carecen de registro de nacimiento, y por ende, de acceso a los derechos que permitan su desarrollo pleno y su inclusión social.BuqCUyD Omnia.com.mx
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De acuerdo a los datos estadísticos del INEGI en colaboración con UNICEF México derivados de la Encuesta Intercensal 2015, las personas hablantes de una lengua indígena que en Chihuahua carecían de registro de nacimiento, llegó a un 4.9 por ciento, un aproximado de 5 mil 831 personas que pudieran no estar registradas en Chihuahua entidad.
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‘De acuerdo al anterior informe de los dos mil 477 municipios que existen en el país, hay 31 municipios con más del 2.5% de la población que no tiene acta de nacimiento, y que se caracterizan por tener un grado de marginación “alto” y “muy alto”; y tres de esos municipios se encuentran en Chihuahua’, advirtió Palma Ontiveros.BuqCUyD Omnia.com.mx
BuqCUyDPor ello solicitó la diputada que la autoridad competente atienda de manera urgente a las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, pues Balleza y Batopilas, municipios serranos con alta población indígena-, son dos de los tres municipios que el informe del INEGI refiere con altas tasas de no registro, las cuales se elevan hasta en 3.2 y 4.5% respectivamente‘’.BuqCUyD Omnia.com.mx
BuqCUyDLa congresista abordó también el programa ha denominado “Juntos por Nuestra Identidad”
que en 2025 se le asignó un presupuesto de 6 millones 657 mil 929 pesos, donde Gobierno del Estado y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, han atendido a más de mil 500 familias en poblaciones indígenas de zonas rurales y urbanas, al cual dijo, se reconoce el esfuerzo.
Pero excluye una vez más, como práctica común de los gobiernos, a las familias indígenas de la zona serrana, aquellas que por su aislamiento y dispersión geográfica se encuentran en áreas de alta y muy alta marginación y pobreza.BuqCUyD Omnia.com.mx
BuqCUyDDe ahí, concluyó la diputada Edith Palma, los exhortos tanto al secretario General de Gobierno, al Director General del Registro Civil, así como al Secretario de Pueblos y Comunidades indígenas para que establezcan las acciones de coordinación necesarias para atender a la mayor brevedad, las solicitudes de las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas y que obtengan mediante procedimientos registrales que les permitan acceder a su derecho a la identidad.BuqCUyD Omnia.com.mx
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Desaparecer los OPLES para que el INE le cobre a los Estados
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
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