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SzgfU3gTras el colapso de una barda de contención de más de 25 metros de altura en el Periférico de la Juventud, la diputada Brenda Ríos presentó una Proposición con carácter de Punto de Acuerdo ante el Congreso del Estado de Chihuahua, exigiendo medidas urgentes para frenar la corrupción y las irregularidades en los desarrollos inmobiliarios del municipio de Chihuahua. Esta situación, que pone en riesgo la vida y el patrimonio de cientos de familias, ha sido precedida por incidentes similares en fraccionamientos como Sierra Azul, Monte Xenit, Privadas del Sur y Romanza. SzgfU3g Omnia.com.mx
SzgfU3gEn su intervención, la legisladora detalló que desde noviembre de 2024 presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado, en la que se señala a funcionarios municipales por presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Esta denuncia se basa en un patrón de conductas sistemáticas que vulneran el estado de derecho y que han derivado en consecuencias graves para la ciudadanía.SzgfU3g Omnia.com.mx
SzgfU3gRíos advirtió que estas obras se han aprobado sin estudios técnicos adecuados, con inspecciones simuladas y licencias otorgadas de manera discrecional, incluso en zonas de preservación ecológica. “Estos colapsos no solo evidencian fallas estructurales, sino una falta grave de control y vigilancia. Nuestro deber es proteger la seguridad y el patrimonio de las familias chihuahuenses”, afirmó.SzgfU3g Omnia.com.mx
SzgfU3gLa propuesta contempla dos medidas clave: solicitar al Ayuntamiento de Chihuahua la destitución temporal de los funcionarios señalados en tanto se resuelven las investigaciones, y requerir al Gobierno del Estado que solicite al Congreso declarar al municipio temporalmente impedido para otorgar y supervisar licencias de construcción, hasta que se garantice el cumplimiento de la ley y los estándares de seguridad.SzgfU3g Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.