P80fmmPLa presidenta del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez Hernández, indicó que en Morena permean los actos de corrupción y entre sus actores mismos se pelean por quien tiene más acusaciones, al confirmar que la próxima semana amplía la demanda en contra de Andrea Chávez ante la Fiscalía General de la República.P80fmmP Omnia.com.mx
P80fmmPDaniela Álvarez señaló que Morena se muestra tal cual es ante la población, un partido en el cual la corrupción es evidente, pero además entre sus propios integrantes se lanzan acusaciones, evidencian y exhiben.P80fmmP Omnia.com.mx
P80fmmPRespecto a la disputa entre Juan Carlos Loera y Brenda Ríos, donde él le acusa del “cártel del agua” y ella responde con temas de corrupción que tiene pendientes el senador, Daniela Álvarez comentó “no es de sorprender, de hecho esta dinámica entre la gente de Morena ya se había venido dando desde días, momentos anteriores, pues yo lo he dicho muchas veces, el ánimo entre ellos está a flor de piel, cualquier cosa hace que surjan este tipo de pleitos, no es nuevo, digo pues allá ellos y la dinámica que en su mismo partido decidan llevar, yo respetuosa y observando”. P80fmmP Omnia.com.mx
P80fmmPÁlvarez Hernández indicó que en el caso de Andrea Chávez, ha tenido que responderle a su nivel, "cuando hay cierta inmadurez o cuando empiezas con adjetivos calificativos, yo creo que hay que tener la piel gruesa para poder tolerar a como la pongan.
nosotros respondemos, pues ellos iniciaron ahora sí que con esta serie de descalificaciones, ahora sí que hay que aguantar".P80fmmP Omnia.com.mx
P80fmmPAdelantó que la próxima semana, junto con el grupo de abogados en México estará en la fiscalía con esta ampliación y ratificación de la demanda contra la senadora.P80fmmP Omnia.com.mx
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El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.