Justicia argentina confirma que expresidente Alberto Fernández irá a juicio por violencia de género
La justicia argentina confirmó este martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández, para que enfrente un juicio oral por los delitos de "lesiones graves" y "amenazas coactivas" en contexto de violencia de género contra quien era su pareja cuando ejercía la presidencia (2019-2023).
El exmandatario, de 66 años, había apelado el procesamiento del juzgado federal de primera instancia en febrero pasado, pero la Cámara Federal de Apelaciones no hizo lugar a los planteos de su defensa.
En el fallo de 82 páginas, al que accedió la AFP, Martín Irurzun, uno de los dos jueces que votó a favor de confirmar el procesamiento, dio por acreditadas "las diferentes formas de violencia de género que de manera continuada, entre 2016 y 2024, el imputado ejerció sobre la víctima".
El magistrado señaló además que la violencia ocasionó "graves daños" en la salud de la exprimera dama, la periodista Fabiola Yáñez, "que fueron suficientemente probados".
Irurzun también escribió que la "marcada desigualdad de poder" que Fernández mantenía sobre Yáñez y el "aislamiento" al que por estos hechos se vio sometida en la residencia presidencial "fueron la causa de un marcado deterioro en las condiciones de salud de la víctima".
En tanto, el juez que votó en disidencia de sus dos colegas, Roberto Boico, propuso eximir a Fernández por detectar fallas y "sesgo" en la investigación.
La causa inició el 6 de agosto pasado, cuando la ex primera dama denunció por violencia física y psicológica a Fernández, con quien tiene un hijo de 3 años.
Entre las pruebas recabadas en la causa se encuentran las halladas en el teléfono de la secretaria privada de Fernández, María Cantero, con fotografías que le había enviado Yáñez en las que aparecía con hematomas en su rostro y cuerpo.
El expresidente negó a través de un escrito en febrero haber ejercido "violencia física psicológica o económica" contra su expareja, y durante el proceso cuestionó la falta de testigos presenciales de lo que se le imputa, que los chats no fueron extraídos del dispositivo original y que los hematomas se correspondían con un tratamiento estético.
Con información de: El economista.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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