Justicia argentina confirma que expresidente Alberto Fernández irá a juicio por violencia de género
La justicia argentina confirmó este martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández, para que enfrente un juicio oral por los delitos de "lesiones graves" y "amenazas coactivas" en contexto de violencia de género contra quien era su pareja cuando ejercía la presidencia (2019-2023).
El exmandatario, de 66 años, había apelado el procesamiento del juzgado federal de primera instancia en febrero pasado, pero la Cámara Federal de Apelaciones no hizo lugar a los planteos de su defensa.
En el fallo de 82 páginas, al que accedió la AFP, Martín Irurzun, uno de los dos jueces que votó a favor de confirmar el procesamiento, dio por acreditadas "las diferentes formas de violencia de género que de manera continuada, entre 2016 y 2024, el imputado ejerció sobre la víctima".
El magistrado señaló además que la violencia ocasionó "graves daños" en la salud de la exprimera dama, la periodista Fabiola Yáñez, "que fueron suficientemente probados".
Irurzun también escribió que la "marcada desigualdad de poder" que Fernández mantenía sobre Yáñez y el "aislamiento" al que por estos hechos se vio sometida en la residencia presidencial "fueron la causa de un marcado deterioro en las condiciones de salud de la víctima".
En tanto, el juez que votó en disidencia de sus dos colegas, Roberto Boico, propuso eximir a Fernández por detectar fallas y "sesgo" en la investigación.
La causa inició el 6 de agosto pasado, cuando la ex primera dama denunció por violencia física y psicológica a Fernández, con quien tiene un hijo de 3 años.
Entre las pruebas recabadas en la causa se encuentran las halladas en el teléfono de la secretaria privada de Fernández, María Cantero, con fotografías que le había enviado Yáñez en las que aparecía con hematomas en su rostro y cuerpo.
El expresidente negó a través de un escrito en febrero haber ejercido "violencia física psicológica o económica" contra su expareja, y durante el proceso cuestionó la falta de testigos presenciales de lo que se le imputa, que los chats no fueron extraídos del dispositivo original y que los hematomas se correspondían con un tratamiento estético.
Con información de: El economista.
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Así que, esta nueva agencia tendrá las facultades para autorizar y quitar concesiones, lo que hacía el IFT, así como supervisar contenidos en estaciones de radio y televisión, en redes sociales, incluso, hasta de bloquear las plataformas digitales, así como también limitar publicidad y controlar narrativas.
Con lo anterior, a decir del analista Juan Ortiz, lo que realmente avanza es una agenda de control sobre la libertad de expresión y la competencia en el sector.
Sobre esta iniciativa de ley, voces desde la oposición del Senado consideran que es inconstitucional y violatoria de acuerdos internacionales. Por lo pronto se informa que viola el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Así, de esta manera, el control del Estado en los medios, se va consolidando en una ley mordaza, según los comentarios.
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