Cn0F3OELa gobernadora María Eugenia Campos Galván declaró que, el Gobierno Federal realiza el censo a fin de tener claridad en cuanto a las viviendas abandonas, a fin de diseñar una política pública para dichas unidades habitacionales. Cn0F3OE Omnia.com.mx
Cn0F3OEEl delegado de Infonavit, Rodrigo Chávez expresó que, la Secretaría del Bienestar se encuentra en la realización de un censo a nivel nacional para ubicar las viviendas que se encuentran en situación de abandono. Cn0F3OE Omnia.com.mx
Cn0F3OEAsimismo, dijo que pronto tendrán los resultados del censo y determinar la cantidad que se encuentran en situación de abandono. Cn0F3OE Omnia.com.mx
Cn0F3OEEn cuanto a la cantidad, dijo que, son aproximadamente un millón a nivel nacional. Cn0F3OE Omnia.com.mx
Cn0F3OECabe señalar que, algunas de estas, se encuentran habitadas de manera irregular, lo que representa un foco de inseguridad para el área en las que se encuentran. Cn0F3OE Omnia.com.mx
Cn0F3OE Cn0F3OE Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.